La Policía de La Pampa, a través de la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional I, desarrolló un amplio trabajo investigativo que permitió esclarecer una serie de estafas bajo la modalidad “cuento del tío”, con víctimas en la ciudad de Santa Rosa, y derivó en operativos simultáneos en Mendoza y Neuquén, donde se concretaron detenciones y secuestros de elementos clave.
La causa, con intervención de la Fiscalía Temática de Delitos Económicos, se originó a partir de distintos hechos denunciados, en los que personas mayores fueron contactadas telefónicamente por individuos que se hacían pasar por supuestos funcionarios de organismos públicos. Bajo engaño, les indicaban la necesidad urgente de cambiar sus ahorros en moneda extranjera, logrando que entregaran importantes sumas de dinero en dólares y otras divisas a personas que se presentaban en sus domicilios. A partir de las tareas investigativas, que incluyeron análisis de comunicaciones, relevamiento de cámaras de seguridad y seguimiento de los movimientos de los sospechosos, se logró establecer un patrón común de actuación y vincular distintos hechos ocurridos en la ciudad bajo la misma modalidad delictiva. En ese marco, se llevaron adelante allanamientos en la provincia de Mendoza, en coordinación con personal de la policía de investigaciones (PDI), donde se logró la detención de uno de los implicados y el secuestro de teléfonos celulares, prendas de vestir y un vehículo que habría sido utilizado para concretar al menos uno de los hechos investigados. Se estableció además que este imputado registraba un pedido de captura vigente por un hecho de estafa bajo la misma modalidad en la provincia de Córdoba, lo que refuerza la hipótesis de su participación en una estructura delictiva con alcance interprovincial. De manera simultánea, en la localidad de Centenario, provincia de Neuquén, y en coordinación con personal del Departamento de Delitos Económicos de esa jurisdicción, se concretó otro procedimiento que permitió la detención de un segundo involucrado, sobre quien además pesaba un pedido de captura vigente en otra causa por estafa. Durante este procedimiento, se secuestraron dispositivos móviles, indumentaria y un vehículo sobre el cual recaía un pedido de secuestro vigente en el marco de otra investigación, elementos que serán sometidos a peritajes para profundizar la causa. Los hechos investigados presentan un patrón común: llamados telefónicos desde números ocultos o desconocidos, en los que los autores brindaban información personal de las víctimas para generar confianza, simulando ser empleados de entidades oficiales. Luego, coordinaban el retiro del dinero mediante terceros que se presentaban en los domicilios, sin ejercer violencia, pero aprovechándose del engaño. En varios de los casos, las víctimas entregaron sumas importantes de dinero en moneda extranjera, superando en algunos hechos los 20.000 dólares, lo que permite dimensionar el impacto económico de este tipo de delitos. Desde la Policía provincial se reiteró a la comunidad la importancia de extremar precauciones ante este tipo de maniobras, no brindar información personal ni entregar dinero ante llamados telefónicos sospechosos, y comunicarse de inmediato con la Policía a través del 101.
Categoría: Seguridad
Adorni dijo que Nación no transferirá las rutas nacionales a La Pampa para que las arregle, pero tampoco Nación lo hace
El jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, afirmó este miércoles en su informe ante el Congreso Nacional que Vialidad Nacional no tiene en trámite la transferencia de rutas nacionales a la provincia de La Pampa. “No se encuentra en trámite de transferir a la Provincia de La Pampa el mantenimiento y/o ejecución de obras sobre rutas nacionales”, dijo.
De esta manera respondió a la pregunta 1.672, en la que se le consultó sobre la posible cesión de trazas como la ruta nacional 5 y otras, junto con la correspondiente asignación de recursos. En ese planteo, además, se recordó que el pedido había sido realizado formalmente por el gobernador Sergio Ziliotto en enero y julio de 2025.
El intendente de General Acha, Abel Sabarots, había pedido la semana pasada a Vialidad Nacional el arreglo de la ruta 152 hasta El Carancho, pero le respondieron que no tienen fondos.
Hace una semana, en tanto, Ziliotto recibió a integrantes de la Agrupación Autovía Ruta 5. Durante el encuentro analizaron el estado de las rutas nacionales que atraviesan la Provincia y la necesidad de avanzar con obras de infraestructura vial que permanecen postergadas por el Gobierno nacional.
Desde el Ejecutivo provincial detallaron las gestiones y reclamos realizados ante Nación para intervenir en más de 600 kilómetros de rutas nacionales en territorio pampeano. Recordaron que el primer planteo formal se presentó el 22 de enero de 2025 y que, hasta el momento, no hubo respuestas concretas.
Victorica se suma a un programa provincial para fortalecer la gestión de residuos
El intendente Hugo Kenny firmó en Santa Rosa la adhesión a una iniciativa que busca mejorar la recolección y tratamiento de residuos, con inclusión de recuperadores urbanos. En la ciudad de Santa Rosa, el intendente de Victorica, Hugo Víctor Manuel Kenny, firmó el acta de adhesión al “Programa de Fortalecimiento para la Gestión Integral e Inclusiva de los Residuos Sólidos Urbanos – Súmate y Reciclá”, una iniciativa impulsada por el Gobierno provincial. 
El acuerdo se concretó junto a la secretaria de Ambiente y Cambio Climático de La Pampa, Vanina Basso, en el marco de una política orientada a mejorar los sistemas de gestión de residuos en los municipios.
El programa tiene como objetivo brindar asistencia técnica y económica para optimizar los procesos de recolección, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos urbanos, promoviendo además la inclusión social de las y los recuperadores urbanos.
Desde el municipio destacaron que la firma de este convenio representa un avance significativo en el desarrollo de políticas ambientales locales. En ese sentido, remarcaron que se trata de un paso clave para consolidar el proyecto “Victorica Limpia” y profundizar el camino hacia un modelo de economía circular en la localidad.
La iniciativa apunta no solo a mejorar la eficiencia del sistema, sino también a fomentar prácticas sostenibles y una mayor conciencia ambiental en la comunidad.
En Victorica también hubo amenazas de violencia en los colegios
En Victorica, se investiga una inscripción en un baño escolar con la frase “tiroteo están avisados” , lo que derivó en actuaciones judiciales, recolección de pruebas y la identificación de menores involucrados.
El hecho fue denunciado por la directora de un Colegio Secundario, quien advirtió la presencia de una inscripción en uno de los baños utilizados por estudiantes con la frase: “tiroteo están avisados”, escrita con un marcador de color violáceo. Ante la gravedad del mensaje, se activaron de inmediato los protocolos vigentes y se dio intervención a la Justicia.
Personal de la Comisaría Departamental Victorica a cargo de Edgardo Díaz Correa se presentó en el lugar fuera del horario escolar para realizar tareas periciales, que incluyeron la toma de fotografías, el relevamiento del tipo de tinta utilizada y la búsqueda de otras posibles inscripciones dentro del edificio.
Durante el procedimiento, los efectivos detectaron garabatos con características similares en un banco de un aula de primer año, lo que orientó la investigación hacia un grupo reducido de estudiantes de entre 12 y 13 años. A partir de allí, se iniciaron averiguaciones para identificar a los posibles autores, incluyendo la localización de sus entornos familiares.
Según se desprende de las actuaciones, en horas de la tarde del martes se realizó un allanamiento en un domicilio vinculado a los progenitores de los menores, con el objetivo de secuestrar elementos de escritura que coincidan con los utilizados en la amenaza, así como dispositivos electrónicos que puedan aportar información relevante para la causa.
El caso se enmarca en una serie de episodios similares registrados en distintos puntos de la provincia, muchos de ellos asociados a desafíos virales en redes sociales. No obstante, desde las autoridades remarcan que este tipo de conductas no son una broma y conllevan consecuencias judiciales y sociales. Interviene el fiscal Nicolás Rojo del Ministerio Público Fiscal de la IV Circunscripción.
Conflicto laboral en la obra del hospital de Victorica: denuncian falta de pago y condiciones precarias
Trabajadores aseguran que llevan dos quincenas sin cobrar, denuncian pagos informales y acusan a la empresa de hostigamiento. La obra está paralizada desde hace dos semanas.
La obra de ampliación del hospital de Victorica atraviesa un fuerte conflicto laboral que derivó en la paralización casi total de los trabajos. Un grupo de obreros denunció la falta de pago de salarios, irregularidades en la modalidad de contratación y situaciones de maltrato por parte de representantes de la empresa a cargo.
Según relataron los trabajadores, el proyecto —que lleva cerca de dos años de ejecución— comenzó con una dotación de alrededor de 40 operarios, pero actualmente solo quedan 13. La reducción del personal se habría dado en paralelo con el agravamiento de los incumplimientos salariales.
“Hace dos quincenas que no cobramos. Algunos compañeros recibieron una parte, pero cinco de nosotros no cobramos nada, ni en blanco ni en negro”, afirmó uno de los obreros durante una entrevista de Beto Ayala en el lugar.
Los trabajadores señalaron que el esquema de pago incluía una parte registrada y otra informal. “Aproximadamente el 60% en blanco y el 40% en negro”, explicaron. Sin embargo, aseguran que actualmente no están percibiendo ningún tipo de ingreso de la empresa Rigem.
Paro y denuncias de hostigamiento
Ante la falta de respuestas, los obreros decidieron iniciar un paro hace dos semanas, lo que mantiene la obra completamente detenida. Según indicaron, la medida fue tomada luego de reiterados reclamos sin solución.
En ese contexto, también denunciaron situaciones de maltrato. “Nos hablan de manera prepotente, como si fuéramos ignorantes. Incluso nos dicen que si no nos gusta, nos vayamos”, sostuvo uno de los trabajadores. Además, afirmaron que existen registros en video de estos episodios.
Los testimonios también dan cuenta de amenazas de despido. “Nos dijeron que iban a echar a varios por no trabajar, pero no podemos seguir si no cobramos”, agregaron.
Condiciones laborales cuestionadas
Más allá del reclamo salarial, los obreros describieron condiciones de trabajo que calificaron como deficientes. Aseguran que deben cumplir jornadas de hasta 10 horas, muchas veces sin la cantidad de personal necesaria para realizar tareas que requieren más de un operario.
“Somos oficiales y tenemos que hacer trabajos solos que deberían hacerse entre varios. No nos pagan horas extra ni todos los feriados”, explicaron.
La situación económica personal también agrava el conflicto. “Tenemos familias, hay que comprar comida, pagar alquiler. Algunos no tienen ni para calefaccionase en estos días de frío”, relataron.
Falta de respuestas y reclamo al gremio
Los trabajadores indicaron que las respuestas de la empresa han sido inconsistentes. “Siempre nos dicen ‘mañana pagan’, pero nunca pasa”, señalaron.
En cuanto al respaldo gremial, aseguraron haber intentado comunicarse con el delegado Cristian Ramos, aunque sin resultados concretos. “A veces responde, pero la situación sigue igual”, indicaron.
Un pedido claro: cobrar y seguir trabajando
Pese al conflicto, los obreros remarcaron su voluntad de retomar las tareas. “Nosotros queremos trabajar, pero necesitamos que nos paguen como corresponde”, afirmaron.
También pidieron que se priorice la mano de obra local. “Hay mucha gente en el pueblo que necesita trabajo. Queremos que valoren a los trabajadores de acá”, expresaron.
Mientras tanto, la incertidumbre continúa y la obra permanece detenida, a la espera de una solución que permita destrabar el conflicto y garantizar condiciones laborales adecuadas.
Entrevista:
Entrevistador:
Bueno, buen día para todos. Nos encontramos en la obra que se está realizando en el hospital de Victorica. Esta obra comenzó hace aproximadamente dos años. Estamos con los empleados: ¿cuántos eran al inicio y cuántos quedan ahora?
Trabajador:
Al principio éramos casi 40. Ahora quedamos 13.
Entrevistador:
¿Y qué situación están viviendo actualmente?
Trabajador:
Esto viene desde hace tiempo. No nos quieren pagar. Estamos constantemente queriendo trabajar, pero empezamos cosas que después no nos dejan terminar. Todo es desorganizado.
Entrevistador:
¿A qué empresa pertenecen?
Trabajador:
A la empresa Rigen, de Santa Rosa, que es la que tiene a cargo la obra.
Entrevistador:
¿Cada cuánto cobran?
Trabajador:
Cada 15 días.
Entrevistador:
¿Y hace cuánto que no cobran?
Trabajador:
Hace dos quincenas. En una de esas, algunos cobraron parcialmente, pero cinco de nosotros —incluyéndome— no cobramos nada: ni en blanco ni en negro.
Entrevistador:
¿Cobran una parte en blanco y otra en negro?
Trabajador:
Sí, una parte en blanco y otra en negro. Pero ahora directamente no estamos cobrando nada.
Entrevistador:
¿Han reclamado?
Trabajador:
Sí. Viene la arquitecta y nos habla de manera prepotente, faltando el respeto, como si fuéramos ignorantes. Tenemos videos de eso. Incluso nos instigan a que renunciemos.
Entrevistador:
¿Los han amenazado?
Trabajador:
Sí. La semana pasada empezamos un paro porque no nos pagaban. Nos dijeron que iban a echar a varios por no trabajar.
Entrevistador:
Pero si no cobran, es entendible…
Trabajador:
Claro, no tiene sentido trabajar así. Igual estamos acá muchas horas, hasta 10 por día, y algo hacemos, pero sin cobrar es imposible seguir.
Entrevistador:
¿Tienen familia?
Trabajador:
Sí. Yo, por ejemplo, tengo que comprar leña porque se viene el frío. No tengo ni para comer. Entre nosotros nos ayudamos para cocinar, porque si no nos cortan la luz.
Entrevistador:
¿Es su única fuente de trabajo?
Trabajador:
Sí, totalmente. Y siempre nos dicen “mañana pagan”, pero nunca pasa. Ya nos pasó con la quincena anterior y ahora otra vez lo mismo.
Entrevistador:
¿Les dan alguna respuesta concreta?
Trabajador:
Ninguna. Pero cuando traen materiales, exigen que trabajemos. Si ellos exigen, nosotros exigimos que nos paguen.
Entrevistador:
¿La obra está parada?
Trabajador:
Sí, hace dos semanas la paramos nosotros. Intentamos manejarlo de buena manera, sin exponer a la empresa, pero llega un punto en que uno se cansa del hostigamiento.
Entrevistador:
¿A qué se refieren con hostigamiento?
Trabajador:
A que te dicen “si no te gusta, andate”. Además, trabajamos solos muchas veces, sin ayuda. Somos oficiales y tenemos que hacer tareas que requieren más de una persona. Nos hacen estar 10 horas, no pagan horas extra ni feriados correctamente.
Entrevistador:
¿Tienen respaldo gremial?
Trabajador:
Tenemos un delegado, Cristian Ramos. Lo llamamos y le escribimos, pero a veces responde y a veces no. Siempre es lo mismo: “mañana pagan”.
Entrevistador:
¿Cómo es el pago en términos porcentuales?
Trabajador:
Aproximadamente 60% en blanco y 40% en negro. Pero ahora no estamos cobrando nada.
Entrevistador:
¿Qué les dijeron recientemente?
Trabajador:
Que iban a pagar lo en blanco primero y lo en negro después, pero no cumplieron.
Entrevistador:
¿Qué le dirían a la empresa?
Trabajador:
Que valore a la gente del pueblo. Nosotros queremos trabajar, pero necesitamos que nos paguen como corresponde y que traigan materiales para poder avanzar.
Entrevistador:
¿Hoy les van a pagar?
Trabajador:
No se sabe. Tampoco han cobrado en Santa Rosa. Todos tenemos que pagar alquiler, comida… no se puede seguir así.
Entrevistador:
Bueno, muchas gracias. Vamos a intentar también contactar al gremio para conocer su postura.
Trabajadores:
Gracias.
Crisis del gas en India: filas interminables, mercado negro y el impacto de un conflicto que golpea a millones
La escasez de gas doméstico, agravada por tensiones en Medio Oriente, afecta la vida cotidiana de millones de hogares en India. La crisis ya impacta en la economía informal, empuja a familias a abandonar las ciudades y expone la vulnerabilidad energética del país.
En la India, conseguir un cilindro de gas se ha convertido en una tarea cada vez más difícil. Para millones de familias, la rutina diaria ahora incluye largas filas, incertidumbre y, en muchos casos, la imposibilidad de cocinar.
El problema no es menor: el país importa cerca del 60% del gas que consume a nivel doméstico, y casi el 90% proviene de países del Golfo como Qatar, Arabia Saudita e Irak. En ese contexto, la intensificación del conflicto en Medio Oriente —especialmente las tensiones entre Irán y Estados Unidos— y las dificultades en el tránsito por el estratégico estrecho de Ormuz han comenzado a generar un efecto directo en el abastecimiento.
En Nueva Delhi, la situación es palpable. Mira Deby, una madre de familia, pasa horas haciendo fila con la esperanza de conseguir un cilindro. “No puedo cocinar para mis hijos, tienen hambre. Estoy aquí desde la mañana”, relata con angustia. Como ella, millones enfrentan una crisis que altera lo más básico: la alimentación diaria.
Entre el 12 de marzo y el 7 de abril, India logró negociar con Irán el paso seguro de ocho buques cargados con unas 350.000 toneladas de gas licuado de petróleo (GLP). Sin embargo, esa cantidad representa menos de cuatro días de consumo nacional, lo que deja en evidencia la magnitud del problema.
El impacto también se siente en la cadena de distribución. Raman Das, repartidor de cilindros, asegura que su actividad cayó notablemente: “Antes entregaba entre 40 y 45 cilindros al día, ahora apenas llego a 30 o 35. Los clientes llaman constantemente, están preocupados”.
Mientras tanto, el mercado negro florece. El precio de los cilindros se ha disparado: de unos 15 euros a más de 40 en cuestión de semanas, con previsiones de seguir en aumento. Para muchos pequeños comerciantes, la situación es insostenible.
Viral, vendedor de comida callejera, explica que depende de estos cilindros para trabajar: “Este es el último que tengo. Si se acaba, no sé si conseguiré otro”. La alternativa, en muchos casos, ha sido volver a métodos más precarios como el uso de carbón o leña, que implican mayores costos y dificultades operativas.
Shanaguas Alam, con más de dos décadas al frente de un puesto en la vieja Delhi, debió cerrar durante tres días por falta de gas. “Tuvimos que aumentar los precios en 10 rupias por producto. Antes usábamos dos o tres cilindros, ahora gastamos casi 65 euros en carbón”, detalla.
La crisis también está provocando un fenómeno más profundo: el desplazamiento interno. Mohamad Actar, trabajador migrante, decidió abandonar la ciudad tras 25 años. “No gano lo suficiente y el gas es cada vez más caro. En mi pueblo al menos podemos cocinar con leña”, explica.
Pero el impacto no se limita al territorio indio. Millones de trabajadores dependen del empleo en países del Golfo, una región ahora atravesada por el conflicto. Cerca de 10 de los 15 millones de indios en el exterior residen allí, y sus remesas representan una parte crucial de la economía nacional.
La guerra ya ha dejado víctimas. Ashish Kumar, capitán de un petrolero, murió tras un ataque con drones cerca de Omán. Su familia aún no logra asimilar la pérdida. “Seguimos rezando para que esté vivo”, dicen, mientras enfrentan la incertidumbre económica tras su muerte.
En distintas regiones de India, la preocupación crece entre las familias que tienen parientes trabajando en el exterior. Shamsa Katun, cuyo esposo trabaja en una planta de gas en Qatar que fue alcanzada por un misil, vive con temor constante: “No podemos dormir. Los niños preguntan todo el tiempo por su padre”.
La crisis del gas en India deja al descubierto una dependencia estructural que hoy se vuelve crítica. Con millones de hogares afectados, una economía informal en jaque y familias atravesadas por la incertidumbre, el país enfrenta no solo una escasez energética, sino también una profunda crisis social derivada de un conflicto que ocurre a miles de kilómetros, pero cuyos efectos ya se sienten en cada rincón del territorio.
Desbarataron red que abastecía cocaína a Santa Rosa operando desde la U-4
Un operativo coordinado por la Oficina de Inteligencia Criminal y Análisis de las Comunicaciones, perteneciente al Área de Coordinación Operativa y Lucha contra el Narcotráfico de la Policía de La Pampa, permitió desarticular una estructura criminal dedicada al transporte de estupefacientes desde el Gran Buenos Aires hacia La Pampa, mediante una investigación iniciada en el mes de junio del año 2025 con intervención de la Justicia Federal de la Provincia. 
La investigación permitió establecer que la organización operaba con conexiones externas y que su coordinación se realizaba desde una celda del Servicio Penitenciario Federal U4 con asiento en esta ciudad, por una persona de nacionalidad extranjera condenada por delitos previstos por la Ley 23.737, quien mantenía vínculos con el exterior para asegurar el abastecimiento de droga a distribuidores de Santa Rosa.
Desde el interior del penal, se coordinaba cada operación de transporte de droga, mientras su hermano acataba las órdenes y ejecutaba los traslados a esta ciudad para ser distribuidos inmediatamente a “reveendedores” locales.
Fue así como la Oficina de Inteligencia Criminal, dispuso controles en puntos estratégicos de la Provincia, logrando detectar, por uno de los ingresos a territorio pampeano, la circulación de dos vehículos que se desplazaban de manera coordinada hacía nuestra capital en una modalidad compatible y muy propia, a un transporte de estupefacientes, lo que activó un operativo policial en el acceso a esta ciudad.
La maniobra terminó en el acceso a Santa Rosa, donde fue interceptado el Peugeot 207 en el que se trasladaban dos santarroseños. En el rodado se secuestró un “ladrillo” de 964 gramos de clorhidrato de cocaína, además de envoltorios con 19 gramos de cocaína y 8 gramos de marihuana, listos para su comercialización al menudeo, junto con dinero en efectivo y teléfonos celulares.
Cabe destacar que uno de los ocupantes había recuperado la libertad recientemente y registra antecedentes por hechos de la misma naturaleza.
El segundo vehículo, una Chevrolet Montana, era conducido por el hermano del detenido alojado en el Servicio Penitenciario Federal, quien según la investigación operaba con distribuidores locales de esta ciudad y realizaba viajes con frecuencia a esta ciudad para abastecer la demanda de estupefacientes. En el rodado se detectó un compartimiento oculto detrás de las butacas, lo que indica que el vehículo había sido acondicionado con fines delictivos para la logística de transporte. Como consecuencia directa de la incautación, se avanzó con diligencias judiciales y se realizó un procedimiento clave: el allanamiento de la celda de la Unidad Nº 4 del Servicio Penitenciario Federal ocupada por quien era el principal coordinador de esta organización dedicada al tráfico de estupefacientes. Allí se secuestraron anotaciones manuscritas y cuadernillos, elementos de alto valor probatorio que permiten profundizar la investigación, reconstruir comunicaciones y establecer conexiones criminales.
Todo terminó con la detención de cuatro personas involucradas, dos de ellas de nacionalidad paraguaya y dos de nacionalidad argentina y el secuestro de los dos vehículos utilizados para la maniobra, así como la droga y dinero incautado, quedando la totalidad de los elementos a disposición de la Justicia Federal interviniente.
Este resultado refleja la lucha sostenida de la Policía de La Pampa contra organizaciones de narcotráfico que intentan abastecer y distribuir estupefacientes en la Provincia, atacando la cadena completa del delito: origen, transporte y destino final.
Argentina sigue recordando el día del niño por nacer cada 25 de marzo desde 1998
El Día del Niño por Nacer, celebrado cada 25 de marzo en Argentina, genera posiciones encontradas que atraviesan dimensiones éticas, religiosas, científicas y políticas. La fecha, instituida en 1998 durante la presidencia de Carlos Menem, busca poner en agenda la protección de la vida desde la concepción. Sin embargo, en el contexto actual —marcado por la legalización del aborto mediante la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en 2020—, su significado se vuelve objeto de fuertes discusiones.
Argumentos a favor
Quienes defienden el Día del Niño por Nacer sostienen que la vida humana comienza desde el momento de la concepción. Desde esta perspectiva, el embrión ya es un sujeto con derechos que debe ser protegido por el Estado y la sociedad. Para estos sectores, la fecha cumple un rol simbólico importante: visibiliza una etapa de la vida muchas veces ignorada y promueve una cultura de respeto hacia la vida en gestación.
En muchos casos, esta postura se apoya en convicciones religiosas —particularmente vinculadas a la Iglesia Católica— pero también en argumentos bioéticos que destacan la continuidad del desarrollo humano desde sus primeras etapas. Además, quienes la apoyan consideran que la conmemoración puede fomentar políticas públicas orientadas al acompañamiento de mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad, promoviendo alternativas al aborto.
Argumentos en contra
Por otro lado, sectores que cuestionan esta fecha consideran que su instauración responde a una mirada ideológica que no contempla la complejidad de las decisiones reproductivas. Señalan que al centrarse exclusivamente en el “niño por nacer”, se invisibiliza a la mujer gestante, sus derechos, su salud y su autonomía.
Desde esta óptica, el Día del Niño por Nacer puede ser interpretado como una forma de presión simbólica contra derechos conquistados, como el acceso a la matanza del feto en gestación con financiación estatal, o sea, pago con impuestos. Organizaciones feministas y de derechos humanos advierten que esta conmemoración puede reforzar estigmas y obstaculizar el acceso a servicios matanza del feto en gestación con financiación estatal
Asimismo, se cuestiona el uso del término “niño” para referirse a un embrión o feto, ya que implica una definición que no es compartida por toda la comunidad científica ni por la legislación vigente en todos los países. Para estos sectores, el lenguaje no es neutral y puede influir en la percepción social del aborto.
Un debate abierto
El Día del Niño por Nacer se inserta en un debate más amplio sobre cuándo comienza la vida, qué derechos deben priorizarse y cuál es el rol del Estado en estas decisiones. Lejos de resolverse, la discusión continúa siendo parte de la agenda pública y refleja tensiones profundas dentro de la sociedad argentina.
El derecho a la vida es ninguneado en Argentina, desde 2020, no solo por los arrestos inconstitucionales con excusa de pandemia de esos años, también por la sanción de una ley, que contradice legislación vigente y quita el derecho a vivir a fetos en gestación…
Si la memoria no es completa, no es memoria.
Cada 24 de marzo, Argentina se sumerge en una jornada de reflexión profunda. En los últimos años, esa conmemoración ha incorporado un contrapunto impulsado desde sectores libertarios y, más recientemente, desde el propio gobierno nacional, que promueven una lectura alternativa de los años 70 bajo la idea de cuestionar lo que denominan el “relato oficial”.
El eje central de esta mirada es la consigna de la “Memoria Completa”, que plantea que el Estado debe reconocer a todas las víctimas de la violencia política, no solo a aquellas afectadas por el terrorismo de Estado. Desde esta perspectiva, se sostiene que la narrativa predominante ha invisibilizado el accionar de organizaciones guerrilleras y paramilitares. En ese marco, el principio libertario de no agresión se utiliza para condenar tanto los crímenes estatales como los atentados de grupos insurgentes. El cuestionamiento a la cifra de los 30.000 desaparecidos aparece como una demanda de “verdad histórica”, más que —según sus defensores— una negación del sufrimiento.
En paralelo, esta corriente busca desmontar la idea de un supuesto “liberalismo” durante la última dictadura. Argumenta que el modelo económico de ese período, asociado a José Alfredo Martínez de Hoz, fue en realidad estatista y corporativista, señalando la persistencia de un alto gasto público, empresas estatales y restricciones a las libertades individuales. Desde esta óptica, no puede hablarse de liberalismo en un contexto de autoritarismo político.
A nivel más teórico, el libertarismo considera al golpe de Estado como la máxima expresión de coerción estatal, al entender que implica la imposición del poder por la fuerza y la anulación de la soberanía individual.
Este enfoque no solo se expresa en el plano discursivo, sino también en una estrategia comunicacional. El gobierno ha impulsado una contra-narrativa a través de producciones audiovisuales, utilizando el cine y el formato documental como herramientas centrales.
En este marco, el cineasta Santiago Oría aparece como uno de los principales arquitectos de la estética y narrativa oficial, desarrollando contenidos que buscan mostrar “la otra cara” del período, incluyendo testimonios de víctimas de la violencia guerrillera y reforzando la revisión de cifras y relatos históricos. A su vez, figuras como Agustín Laje, quien condujo el minidocumental difundido en 2025, aportan el marco interpretativo desde lo ideológico.
Ese material sostiene que la violencia política precedió al golpe de 1976, propone una equiparación entre las acciones de organizaciones como Montoneros o el ERP y el accionar estatal, y reinterpreta el período como una “guerra interna” en lugar de un plan sistemático de represión.
También se suman otras voces del ámbito audiovisual y digital, como el cineasta e influencer Diego Recalde, quien ha reforzado estas lecturas críticas, incluyendo cuestionamientos al rol de los organismos de derechos humanos y a lo que el sector denomina un uso político del tema.
En conjunto, esta corriente propone que el 24 de marzo no sea únicamente una jornada de duelo centrada en una sola narrativa, sino una instancia para revisar integralmente la historia reciente, condenar toda forma de violencia política y replantear el sentido de la memoria colectiva bajo la idea de que la libertad es indivisible.
La comisión directiva de los bomberos voluntarios de Victorica convoca a Asamblea de socios
Convocan a asamblea general ordinaria de los Bomberos Voluntarios del Oeste Pampeano.La Comisión Directiva de la asociación Bomberos Voluntarios del Oeste Pampeano anunció la convocatoria a una Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo el próximo 10 de abril de 2026 a las 20:00 horas, en la sede de la institución ubicada en calle 8 N° 920.
Según el comunicado oficial, la reunión está dirigida a todos los socios de la entidad y tiene como objetivo tratar diversos puntos clave para el funcionamiento institucional y administrativo.
Entre los temas incluidos en el orden del día se destacan la lectura del acta anterior, la designación de dos socios para la firma del acta, y el análisis de la memoria anual, el balance general, el cuadro de gastos y recursos, junto con el informe de los revisores de cuentas correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2025.
Además, se pondrá a consideración la modificación de la cuota social, uno de los puntos relevantes para la sostenibilidad económica de la asociación.
Desde la Comisión Directiva informaron que, en caso de no contar con el quórum necesario a la hora estipulada, la asamblea dará inicio media hora después con los socios presentes, conforme a lo establecido en la normativa vigente.
El comunicado lleva la firma del presidente Fabián Mirenda, la secretaria María Isabel Serraino y el tesorero Raúl Koffler, quienes invitaron a los asociados a participar activamente de este espacio de decisión institucional.