En un documento hicieron una velada crítica al Ipcva, que había recordado hace unos días sobre la necesidad de realizar el trámite ante la próxima entrada en vigor del reglamento antideforestación de la Unión Europea.
El reglamento antideforestación de la Europea Unión es una norma creada para impedir que productos vinculados a la destrucción de bosques entren al mercado europeo.
Su nombre oficial es EUDR (“EU Deforestation Regulation”).
La idea básica es:
si una empresa quiere vender ciertos productos en Europa, debe demostrar que NO provienen de tierras deforestadas recientemente.
Los productos alcanzados incluyen:
- soja,
- carne vacuna,
- madera,
- cacao,
- café,
- aceite de palma,
- caucho,
- y derivados como cuero, muebles o chocolate.
La UE apunta sobre todo a problemas como:
- tala ilegal,
- avance agrícola sobre selvas,
- incendios para abrir campos,
- pérdida de biodiversidad,
- emisiones de carbono.
¿Qué exige la norma?
Las empresas deben:
- rastrear el origen exacto del producto,
- entregar coordenadas geográficas del campo o zona productiva,
- demostrar que no hubo deforestación después de cierta fecha,
- y hacer controles de riesgo.
O sea:
Europa quiere poder verificar “de qué campo salió esto”.
La fecha clave fue el 31 de diciembre de 2020:
si un bosque fue desmontado después de esa fecha para producir soja o ganado, esos productos podrían quedar prohibidos en el mercado europeo.
¿Por qué genera polémica?
Muchos países productores —incluyendo Argentina y Brasil— dicen que:
- aumenta costos,
- exige demasiada burocracia,
- puede perjudicar pequeños productores,
- y funciona como una barrera comercial disfrazada de ambientalismo.
La UE responde que:
- los consumidores europeos no quieren financiar destrucción de bosques,
- y las cadenas globales deben ser más transparentes.
En la práctica, esto empuja a usar:
- satélites,
- GPS,
- trazabilidad digital,
- bases de datos,
- monitoreo ambiental.
Por eso hoy incluso sectores tradicionales como:
- ganadería,
- agricultura,
- forestación ,están incorporando tecnología de seguimiento muy avanzada.
Entidades rurales y productores de manera independiente fustigaron la inscripción en un registro donde deberán anotarse quienes pretendan tener algún vínculo comercial con la exportación de carne a la Unión Europea (UE). También apuntaron contra el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Ipcva), que hace unos días comunicó la novedad. El Ipcva y el Consorcio de Exportadores de Carnes ABC financiaron la plataforma Visec Carne, que es la que servirá para cumplir con ese requisito impuesto por la UE a partir de 2027.
“No más ambigüedades. No más intermediarios autoproclamados. No más organismos que se arroguen potestades que nadie les confirió, como el Ipcva”, comenzó el comunicado. “La defensa del productor no puede quedar subordinada a estructuras privadas ni a unos relatos construidos para instalar obligaciones que no existen”, dijeron.
La cuestión de fondo se remonta al reglamento 1115 de la UE que limitará desde la fecha mencionada el ingreso de productos como la carne y soja, entre otros, desde regiones deforestadas después del 31 de diciembre de 2020. Para los productores que firmaron el documento dado a conocer hoy, ese reglamento en realidad “alcanza al importador europeo, no al productor argentino. Y exige información productiva que ya obra en poder del Estado”.
“No corresponde trasladar esa responsabilidad a esquemas privados financiados, además, con recursos aportados por los propios productores”, sostuvieron.
En la visión de las entidades y productores, ”la Argentina debe sostener mecanismos públicos, transparentes y no excluyentes, evitando cargas innecesarias y la cesión indiscriminada de información estratégica”. Y sostuvieron: “El productor necesita representación clara, coherencia institucional y defensa genuina de sus intereses. No es tolerable la financiación espuria de la representación”.
Qué dijo el Ipcva
Hace unos días, el (Ipcva) recordó que los productores ganaderos deberán registrarse antes de junio en Visec Carne. El Ipcva no es el Visec Carne, pero, como se dijo, junto con el Consorcio ABC financió la plataforma. La inscripción no tiene costo para el productor.
Aunque el reglamento europeo 1115/2023 fue postergado y comenzará a aplicarse formalmente desde el 30 de diciembre de 2026, en el sector remarcaron que los tiempos para adecuarse ya empezaron a correr.
La principal preocupación pasa por garantizar la trazabilidad completa de los animales, una condición que Europa exigirá para autorizar el ingreso de carne vacuna a ese mercado.
“Para que un frigorífico pueda exportar carne a la Unión Europea, deberá demostrar el recorrido de los animales y su origen productivo”,
señalaron desde el Ipcva. En ese contexto, desde la cadena alertaron que si los productores no están incorporados al sistema, la información necesaria para reconstruir la trazabilidad de los animales no podrá integrarse correctamente.
Uno de los puntos que hoy genera mayor urgencia es el análisis de los polígonos de los establecimientos ganaderos. Según informó el Ipcva, durante junio el instituto realizará sin costo el análisis de los campos que ya estén registrados en el sistema. Después de ese plazo, el productor que no se haya inscripto deberá afrontar ese gasto por su cuenta. “Pasado ese plazo, el análisis ya no será financiado por el Instituto”, indicaron.
Desde el organismo del Ministerio de Gobierno y Asuntos Municipales aconsejaron ingresar únicamente al sitio oficial del evento www.hotsale.com.ar para verificar que los comercios participantes estén adheridos y evitar páginas fraudulentas.
La causa, con intervención de la Fiscalía Temática de Delitos Económicos, se originó a partir de distintos hechos denunciados, en los que personas mayores fueron contactadas telefónicamente por individuos que se hacían pasar por supuestos funcionarios de organismos públicos. Bajo engaño, les indicaban la necesidad urgente de cambiar sus ahorros en moneda extranjera, logrando que entregaran importantes sumas de dinero en dólares y otras divisas a personas que se presentaban en sus domicilios. A partir de las tareas investigativas, que incluyeron análisis de comunicaciones, relevamiento de cámaras de seguridad y seguimiento de los movimientos de los sospechosos, se logró establecer un patrón común de actuación y vincular distintos hechos ocurridos en la ciudad bajo la misma modalidad delictiva. En ese marco, se llevaron adelante allanamientos en la provincia de Mendoza, en coordinación con personal de la policía de investigaciones (PDI), donde se logró la detención de uno de los implicados y el secuestro de teléfonos celulares, prendas de vestir y un vehículo que habría sido utilizado para concretar al menos uno de los hechos investigados. Se estableció además que este imputado registraba un pedido de captura vigente por un hecho de estafa bajo la misma modalidad en la provincia de Córdoba, lo que refuerza la hipótesis de su participación en una estructura delictiva con alcance interprovincial. De manera simultánea, en la localidad de Centenario, provincia de Neuquén, y en coordinación con personal del Departamento de Delitos Económicos de esa jurisdicción, se concretó otro procedimiento que permitió la detención de un segundo involucrado, sobre quien además pesaba un pedido de captura vigente en otra causa por estafa. Durante este procedimiento, se secuestraron dispositivos móviles, indumentaria y un vehículo sobre el cual recaía un pedido de secuestro vigente en el marco de otra investigación, elementos que serán sometidos a peritajes para profundizar la causa. Los hechos investigados presentan un patrón común: llamados telefónicos desde números ocultos o desconocidos, en los que los autores brindaban información personal de las víctimas para generar confianza, simulando ser empleados de entidades oficiales. Luego, coordinaban el retiro del dinero mediante terceros que se presentaban en los domicilios, sin ejercer violencia, pero aprovechándose del engaño. En varios de los casos, las víctimas entregaron sumas importantes de dinero en moneda extranjera, superando en algunos hechos los 20.000 dólares, lo que permite dimensionar el impacto económico de este tipo de delitos. Desde la Policía provincial se reiteró a la comunidad la importancia de extremar precauciones ante este tipo de maniobras, no brindar información personal ni entregar dinero ante llamados telefónicos sospechosos, y comunicarse de inmediato con la Policía a través del 101. 
El campo argentino atraviesa un momento de transformación que, según el analista económico Salvador Di Stefano, no tiene antecedentes recientes. Lejos de una mirada coyuntural, el especialista describe un cambio de lógica que atraviesa toda la estructura productiva: desde el financiamiento hasta la forma de producir, pasando por la relación con el Estado.
Un campo que responde a señales concretas Para Di Stefano, uno de los rasgos distintivos del momento actual es la ruptura con la lógica política tradicional. “Antes se esperaba una exposición como Expoagro para anunciar medidas. Hoy eso no pasa. Se toman decisiones y listo”, explica.
Así fue que asumimos el 10 de diciembre de 2025 y desde entonces aprobamos un Presupuesto Nacional con equilibrio fiscal a partir del cual puede continuar generándose la baja en la inflación, mientras pagamos los intereses de la deuda heredada y avanzamos en un proceso de des-endeudamiento; aprobamos la Ley de Inocencia Fiscal para que los dólares salgan de abajo del colchón y vuelvan a los bancos; ratificamos un acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea para abrir mercados para las empresas pampeanas; aprobamos una reforma laboral para generar empleo formal, además de eliminar 8 impuestos nacionales; entre muchas otras leyes. En el caso de esta reforma a la Ley de Preservación de los Glaciares quiero expresarle a los pampeanos que mi voto positivo se funda en el equilibrio que la modificación presenta para aumentar la producción minera, de relevancia particular para provincias como Santa Cruz, San Juan, Jujuy, Salta y Catamarca, pero sin poner en riesgo el agua que nos provee a los pampeanos el río Colorado.