La siguiente frase corresponde al Profesor Luis Labraña “Yo sugerí lo de los treinta mil desaparecidos para que Holanda, Inglaterra y otros países europeos otorgaran subsidios. Parte de esos fondos iban a las Madres y las Abuelas de la Plaza de Mayo,el resto se lo robaban en la cadena organizativa.” Lo que nadie duda es que la dictadura que se apoderó del poder con el golpe de estado del 24 de marzo de 1976, fue una de las más sangrientas que conoce la historia de América Latina. Según Labraña, en el siguiente reportaje afirma que “los Kirchner, nunca fueron montoneros”…
Una brutal represión hacia manifestantes tuvo lugar en Formosa durante las primeras horas de la tarde del viernes. Se dio en medio de una protesta de comerciantes y vendedores ambulantes que manifestaron contra el decreto del gobernador, Gildo Insfrán, que estableció el retroceso a Fase 1 de la cuarentena por la aparición e 17 casos de coronavirus.
La protesta se dirigió hacia la Casa de Gobierno y, en el momento en el que quisieron evadir el vallado policial, comenzaron los disturbios. Los manifestantes aseguran que no solo están disparando balas de goma y gases lacrimógeno, sino que también disparan perdigones. Por otra parte, aseguran que cortaron el servicio de internet en toda la provincia.
A pesar de que se dieron a conocer casos de personas demoradas en la comisaría primera de la capital, la jueza de turno de Formosa, Laura Karina Paz, negó que existieran detenciones. “Recién me están informado respecto de los hechos ocurridos. Tengo entendido que hay lesionados, y esas son las principales actuaciones que tengo de los datos. No tengo información respecto de detenciones todavía”, dijo la magistrada a TN. En cuanto al traslado a la comisaría de la periodista González, aseguró: “No está detenida bajo mi orden”. Las palabras de la jueza no coincidían con las imágenes de uniformados cargando personas en los camiones policiales.
La marcha “fue un eslabón más en la cadena de medidas arbitrarias y absurdas que tomó el gobierno de Gildo Insfrán”, dijo a LA NACION el concejal formoseño Miguel Montoya (Juntos por el Cambio), quien detalló: “La movida se convocó por redes sociales el día de ayer, cuando decidieron volver a fase 1. Fue impulsada por comerciantes, profesionales independientes y pequeños emprendedores, que viven de la propiedad privada y no aguantan más”.
Montoya es también el abogado a cargo de defender a la periodista González, de Radio Parque, quien fue trasladada a la comisaría primera por no contar con su credencial de personal esencial, mientras se encontraba cubriendo los sucesos. Según indicó a LA NACION, hay al menos 20 detenidos tras la movilización. “No quiero arriesgar un número, pero debe haber al menos 20. Vi desfilar a varios en la comisaría primera, y habrá otros tantos en otros centros policiales”, sostuvo el concejal.
Según Montoya, fueron alrededor de 4000 personas las que se acercaron a la casa de gobierno provincial a reclamar libertad para trabajar. “No aguantan más porque el gobierno saco el manual de populismo y anunció, días atrás, un aumento del 42% a los estatales, mientras que a los privados no les tiran ni una soga”, dijo, en referencia al incremento salarial que dispuso Insfrán para los empleados públicos, el segundo acuerdo más alto a nivel país, después del de Santiago del Estero, que arregló una suba del 47%.
“La manifestación estuvo encabezada por mujeres, en su gran mayoría comerciantes el casco céntrico de la ciudad de Formosa y muchas madres, porque el gobierno también anuló el regreso a la presencialidad escolar tras detectar un caso de coronavirus entre el personal administrativo de una escuela privada”, continuó Montoya.
El concejal afirmó que la “inusitada” represión policial surgió luego de que “un grupo de personas infiltradas que nunca estuvieron en ningún reclamo y que fueron los que iniciaron el conflicto, tirando huevos a la policía, quien respondió con un nivel de violencia inusual”. A pesar de sí existir manifestaciones menores en Formosa, Montoya aseguró que en la provincia “no estamos acostumbrados a la represión”. La policía utilizó gases lacrimógenos, gas pimienta y balas de goma.
La concejal Gabriela Neme, del peronismo disidente Nuevo País, una de las principales referentes que, desde hace tiempo, encabezan las denuncias por violación de derechos al gobierno de Insfrán, también participó de la marcha y acusó a la policía formoseña de lastimarlos tanto a ella como a su hijo. Junto a una foto de ambos, escribió, en Twitter: “Así se maneja Gildo Insfrán. Nos lastimaron, pero la violencia no va a callar nuestro grito de libertad. Hoy estoy mas fuerte que nunca para seguir poniéndome del lado de la gente. #NoNosCallamosMas #FormosaLibreYA #RenunciaInsfran”.
Horas antes, Neme había advertido: “Formosa vuelve a Fase 1 por 17 casos positivos . Alguien puede decir todavía que acá no hay violación sistemática a los derechos humanos? Alberto Fernández necesitamos medidas nacionales urgente nos están matando bajo la mirada del país. Ya es tiempo de que actúen. Formosa Libre Ya”.
Zunilda Riquelme, una mujer que estuvo varada la semana pasada durante un día entero al costado de la ruta 11, esperando entrar a Formosa, dijo a LA NACION: “Si yo no estuviera en aislamiento iba a estar en la manifestación, con mil gusto. No es hora de que estemos quietos en nuestra casa. Hay que levantarse y salir a la calle. Allí está mi familia”. La mujer pudo regresar a su casa días atrás, tras permanecer un año en Santa Cruz, sin poder ingresar a su provincia natal.
En paralelo, en distintos focos de la capital continúan, desde hace tres semanas, los acampes de familias que reclaman por una solución habitacional. En su mayoría mujeres solteras, con hijos, han cortado las rutas para pedir al gobierno de Insfrán la entrega de módulos habitacionales, en el marco de un programa que comenzó hace siete años y quedó truncado.
“Nos agarraron cuatro lluvias y nadie nos da soluciones. Presentamos los papeles que corresponden para que nos den la asignación de nuestras casas. Tenemos hijos discapacitados y estamos acá hace tres semanas. Nadie viene a darnos unas solución”, dijo a LA NACION una de las manifestantes que permanece, hace días, en la salida norte de la capital.
El gobierno habría prometido a las familias la entrega de lotes de 10×20 y 10×30 metros, con agua, luz, una habitación construida y un baño; pero la vivienda nunca llegó y, desde 2017, no se adjudican casas. Habría más de 400 construcciones abandonadas, según explicó a LA NACION el concejal radical Fabián Olivera.
Para atenuar el impacto de las protestas, el Estado formoseño aceleró la entrega de algunos módulos, pero, lejos de que eso brindara calma, el reclamo se intensificó, porque las familias fueron trasladadas a viviendas sin puertas, ventanas, ni desagües. “El gobierno improvisó algunas entregas de módulos con ventanas rotas, abandonados, sin sortearlas, como debería hacerse, y a dedo. Sin agua. Eso empeoró el enojo de la gente”, detalló el referente del radicalismo, que desde hace tiempo hace un seguimiento del programa de solución habitacional de la provincia.
Tras los sucesos de hoy, distintas organizaciones periodísticas insistieron en las denuncias por la restricción de la libertad de prensa en Formosa, tal como lo vienen haciendo hace tiempo. La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas se refirió. en Twitter, a la agresión y detención de los periodistas Galarza y González, respectivamente, e indicó: “La enumeración de esos hechos refleja las características de un serio debilitamiento institucional que limita gravemente el rol del periodismo libre y que en definitiva termina afectando a los ciudadanos formoseños, y por ende la calidad de la democracia en esa provincia”.
Por su parte, la presidenta de Fundación LED (Libertad de Expresión + Democracia), Silvana Giudici, escribió: “#Formosa no tolera más la arbitrariedad y dictadura. Repudio la represión y las agresiones a quienes reclaman libertad. Detuvieron a periodista formoseña #julietagonzález Insfrán vuelve a Fase I para eliminar a la prensa de las calles y esconder la represión”.
En 1989, asumió anticipadamente su cargo como presidente de la República Argentina el 8 de julio, de manos del radical Raúl Alfonsín, tras vencer en las elecciones presidenciales, devolviendo al peronismo al poder después de trece años y protagonizando la primera transferencia pacífica entre dos presidentes democráticos de distintos partidos políticos en la historia argentina.
“Este gobierno de unidad nacional que hoy nace, parte de una premisa básica, de una realidad que debemos admitir, para ser capaces de superar”, dijo Menem en su discurso ante la Asamblea Legislativa después de recibir el bastón de mando y la banda presidencial: “Todos, en mayor o menor medida, somos responsables y copartícipes de este fracaso argentino. Deseo que mi voz llegue a cada casa, que habite en cada corazón, que comparta cada mesa, que abrace a todos y cada uno de los argentinos que en estas horas viven instancias difíciles, dramáticas, decisivas y fundacionales como nunca”.
Menem fue electo por el Frente Justicialista Popular (Frejupo), una coalición del PJ con diversos partidos menores. La elección le dio el 49,3% de los votos. En seis años de Alfonsín, el país no había conocido el crecimiento positivo, la deuda externa no había dejado de crecer y los salarios habían ido en picada.
Dejando de lado los mensajes populistas de su campaña electoral, Menem aplicó un duro programa de ajuste, cuyo carácter neoliberal provocó los ataques de la CGT y acusaciones de “traición” de muchos peronistas por considerarlo contrario a la sensibilidad social de la que presumía el movimiento Justicialista.
Los dos primeros años del gobierno menemista fueron trágicos, ya que el programa de desregulaciones, privatización general de las empresas públicas, reducción del gasto público y bloqueo de los salarios, tardó en generar la estabilidad deseada, y, entre tanto, tenía efectos devastadores sobre el poder adquisitivo de las clases medias y bajas.
Tras otra hiperinflación a principios de 1990, llegarían la estabilidad de precios con la Convertibilidad pensada por Domingo Cavallo, las privatizaciones de las empresas de servicios públicos, la reforma constitucional de 1994 y la reelección presidencial en 1995 por cuatro años más, con la que Menem completó más de una década en la jefatura del Estado.
La tensión social comenzó a aminorar a la par de que el programa económico de Cavallo empezaba a dar sus frutos.
Entre 1990 y 1999 la economía nacional, de la mano de Menem y Cavallo, creció un promedio del 3,3% anual, un resultado realzado por la fuerte tasa registrada en 1997, el 8,4%. Al comportamiento positivo del PIB se le sumó una evolución inflacionaria espectacular; en 1996 esta variable se contrajo nada menos que hasta el 0,1% anual, el índice más bajo del mundo aquel año, y a lo largo de la década se registraron trimestres con inflación negativa o deflación.
En 1991, en un contexto internacional que marcaba el desplome del bloque soviético, Menem adhirió a las políticas del Consenso de Washington y el alineamiento con los Estados Unidos. Un hecho importante en la política aplicada por Menem en el marco del acuerdo con Washington fueron las privatizaciones, que se hicieron buscando restablecer el pago de los servicios de la deuda externa, mediante la instrumentación del mecanismo de capitalización de los títulos de la deuda en la transferencia de los activos estatales. En este contexto, fueron privatizadas empresas como YPF y el Correo Argentino.
La imagen de Carlos Menen y Raúl Alfonsín caminando por los jardines de la residencia de Olivos, el 14 de noviembre de 1993, quedó plasmada en la memoria de los argentinos como símbolo del acuerdo al que los dos partidos por aquel entonces excluyentes, el justicialismo y el radicalismo, firmaron con objetivos claramente diferentes.
La necesidad de lograr los dos tercios en ambas cámaras del Congreso forzó al gobierno de Menem a volver la vista hacia el alfonsinismo buscando las bancas que necesitaba. Para Alfonsín, la posibilidad de sentarse a dialogar con Menem pasaba por fortalecer la situación institucional, y obtener algunas ventajas para un partido que parecía haber perdido las preferencias del electorado.
Menem y Alfonsín sentaron las bases del acuerdo que luego se plasmaría en la reforma constitucional jurada en 1994 en el Palacio San José de Entre Ríos. Alfonsín ofreció la reelección presidencial “por un solo período”, que el menemismo aceptó rápidamente. Otros acuerdos fueron la reducción del mandato presidencial de seis a cuatro años; la designación de un tercer senador por provincia, la creación del Consejo de la Magistratura con presencia opositora y la presentación de un proyecto de reforma común entre ambos partidos. También se acordó la postergada autonomía de la Ciudad de Buenos Aires y la regulación de los decretos de necesidad y urgencia.
El acuerdo firmado el 14 de noviembre de 1993 fue luego aprobado como un simple trámite por la Convención Nacional de la UCR y por el Congreso Nacional del Partido Justicialista.
En la primera presidencia de Menem, hubo en Argentina los dos peores atentados terroristas: uno en la embajada de Israel en Buenos Aires (1992) y el otro en la Asociación Mutual Israelita Argentina (1994).
La embajada del Estado de Israel en Buenos Aires fue volada por un atentado terrorista ocurrido el 17 de marzo de 1992, en un hecho que dejó un resultado de 22 muertos y 242 heridos, y que aún permanece impune. A las 14.47 de aquel martes 17 de marzo, el centro de Buenos Aires fue sacudido por una explosión en Arroyo 916, domicilio de la sede diplomática israelí en Argentina.
En medio de la conmoción causada por el ataque, Menem lanzó una rápida conjetura sobre los autores del hecho: “Los responsables son sectores del nazismo, pero ya fueron derrotados en el país”, en obvia alusión a los militares carapintadas, cuyo último levantamiento había sido sofocado en diciembre de 1990.
Sin embargo, la principal hipótesis de la investigación se inclinó a culpar a la organización Hezbollah, con base en El Líbano y apoyada por la República Islámica de Irán, supuesto organizador intelectual del ataque.
El 15 marzo de 1995, a las 11:44 de la mañana, el helicóptero Bell 206 Jet Ranger que piloteaba el hijo de Menem -quien entonces tenía 26 años- y en el que viajaba el corredor de TC 2000 Silvio Oltra, chocó contra cables de alta tensión tendidos en las afueras de la localidad bonaerense de Ramallo, a la vera de la ruta nacional número 9.
El fallecimiento se produjo en medio de la campaña electoral en la que Menem buscaba su reelección para un segundo mandato, habilitado tras la reforma constitucional promulgada en el año anterior, y causó una gran conmoción social.
El cuerpo sin vida de Carlos Menem Junior fue velado en la Quinta de Olivos, y se le dio sepultura en el cementerio islámico de La Tablada.
Desde entonces, Zulema Yoma insistió con la teoría de que esa muerte fue producto de un atentado cuyo objetivo era golpear al entonces jefe de Estado, y representantes legales de la madre de Junior sugirieron que podría tratarse de un hecho que estaba en línea con los ataques a la embajada de Israel y la Amia.
La causa por la muerte de Carlos Menem Junior continúa abierta y a la espera de que se incorporen nuevos elementos de prueba, al cumplirse este domingo 25 años del presunto accidente de helicóptero que ocasionó el deceso del primer hijo del ex presidente.
A finales del gobierno de Menem, resurgió la UCR renovada, en conjunto con un pujante Frente País Solidario (Frepaso) de Carlos “Chacho” Álvarez, que se lanzaba públicamente un 4 de agosto a una nueva aventura cuyas consecuencias se extienden a la actualidad. La coalisión fue conducida por el “Grupo de los Cinco”: Raúl Alfonsín, Chacho Álvarez, Fernando De la Rúa, Graciela Fernández Meijide y Rodolfo Terragno.
En las elecciones de 1999, Menem no pudo presentarse ya que había cumplido dos mandatos. En el marco de un empeoramiento repentino de la situación económica del país a partir del segundo mandato de Menem, sumado a la mala imagen pública de su administración ante diversos escándalos de corrupción, resultó electo por amplio margen el radical Fernando de la Rúa, que obtuvo el 48.37 % de los votos, sin que se dieran las condiciones requeridas para realizar una segunda vuelta.
Menem y Bolocco
El 26 de mayo del 2001, Menem se casó con la presentadora de televisión chilena, Cecilia Bolocco, a quien conoció durante una entrevista en la Casa Rosada, y con quien en noviembre del 2003 tuvo su primer hijo, Máximo Saúl Menem Bolocco. El niño nació en Santiago de Chile y allí vive hasta la actualidad con su mamá. La pareja inició los trámites de divorcio en el 2007.
El 7 de junio del 2001, Menem fue detenido por el escándalo por venta de armas a Ecuador, Croacia y Bosnia sucedida durante su gobierno y quedó bajo arresto domiciliario hasta el 21 de noviembre del mismo año, cuando la Corte Suprema emitió un fallo absolutorio en su favor.
Se le acusaba de haber dado las órdenes para desviar grandes cargamentos de armas que, según los decretos por él firmados, debían ir a Panamá y Venezuela, pero terminaron en Ecuador y Croacia. Llevado a juicio oral, fue absuelto en el 2011 por el Tribunal Oral en lo Penal Económico. En el 2013, la Cámara Federal de Casación Penal revocó la absolución y lo condenó como coautor del contrabando de armas a Croacia y Ecuador; poco después se le estableció la pena en 7 años de prisión.
En el 2017, la Corte Suprema por unanimidad (Lorenzetti, Highton de Nolasco, Maqueda, Rosatti y Rosenkrantz) hizo lugar a los recursos extraordinarios de los acusados y ordenó dictar un nuevo fallo en el menor tiempo posible, debido a que no se había cumplido la garantía del “doble conforme” (dos fallos condenatorios). La causa fue enviada a la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal (Liliana Catucci, Carlos Mahiques y Eduardo Riggi) que el 4 de octubre del 2018 decidió absolver a Menem y los demás acusados debido a que no se había cumplido el “principio del plazo razonable” para arribar a una condena firme.
Gildo Insfran Gobernador de Formosa
Se ha presentado ante la justicia un pedido de amparo para exigir que el gobierno de Gildo Insfrán permita entrar a periodistas a la provincia de Formosa (Argentina) tras el escándalo de violación a los derechos humanos .
La Fundación LED (Libertad de Expresión en Democracia) interpuso una acción de amparo ante la Corte Suprema de Justicia en donde solicita se le ordene al gobierno de Gildo Insfrán que “permita entrar en Formosa a periodistas en cumplimiento de su tarea informativa, sin que se aplique el decreto provincial que exige someterse a una cuarentena en los centros estatales de aislamiento”.
En este sentido, la Fundación LED reclamó además, que “se garantice a la población el derecho de la libertad de expresión mediante el correcto acceso a la información garantizado por la constitución nacional y los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que a ella se integran”.
“Es inconcebible que no dejen entrar al territorio formoseño a periodistas de medios nacionales o de otras provincias, la libertad de expresión no admite fronteras, es un derecho garantizado por la Constitución Nacional”, expresó la presidenta de la entidad, Silvana Giudici.
Gildo Insfrán, un personaje que contiene todos los clichés del caudillo feudal peronista, acaba de cumplir las bodas de plata al mando de la provincia de Formosa. Promocionado por el expresidente Carlos Menem, comenzó su primer mandato en 1995 y atravesó sin interrupciones los mandatos presidenciales que se sucedieron hasta estos días. Carlos Menem, Fernando De la Rúa, Néstor Kirchner, Cristina Kirchner y Mauricio Macri ya pasaron y gobernaron pero él aún sigue en su cargo.
En la provincia, que tiene uno de los mayores niveles de dependencia clientelar del país y una pobreza estructural extrema, su gobernador implementó medidas dictatoriales con la excusa de la lucha contra el covid-19.
Estas medidas incluyen la extracción compulsiva de ciudadanos de su casa sin órdenes judiciales y su reclusión en decenas de “centros de aislamiento” en pésimas condiciones sanitarias y de violencia.
Cabe señalar que ha habido denuncias de desapariciones y de maltrato a menores hacinados en esos mismos centros, algunos de los cuales han sido separados de sus padres siendo muy pequeños.
Además, el gobernador confina a enfermos de covid-19 y personas sanas sospechadas de contacto bajo condiciones de hacinamiento extremo sin ningún criterio médico o científico.
El diputado Nacional por el Pro La Pampa habló respecto a los centros de detención de personas en Formosa con la excusa de expandir la pandemia Covid19.
Martin Maquieyra dio su punto de vista sobre los centros de detención en Formosa y las medidas judiciales ante el atropello a la libertad individual.
Video de la entrevista a la concejal Formoseña detenida…
Durante la noche del viernes y madrugada del sábado personal del Ministerio de Seguridad y la Policía de La Pampa, en forma conjunta con los municipios, desplegaron diversos controles de alcoholemia en 15 localidades de la Provincia, en el marco de la segunda Alcoholemia Federal impulsada por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), donde las 23 provincias del país realizaron controles de forma simultánea. En los 22 puestos de control desplegados en nuestra Provincia se realizaron un total de 673 alcoholemias de las cuales 18 resultaron positivas.
En nuestra Provincia los controles simultáneos se realizaron en las localidades de Santa Rosa, Toay, Victorica, Uriburu, Alpachiri, Realicó, 25 de Mayo, General Pico, Eduardo Castex, Intendente Alvear y General Acha. Además se realizaron en los Puestos Camineros Limítrofes de La Adela, Catriló, Santa Isabel y Padre Buodo.
De forma articulada con la Agencia Nacional de Seguridad Vial y 22 provincias se realizaron controles de alcoholemia simultáneos en todo el país. Es la segunda oportunidad en la que se efectúa un trabajo de control y prevención de esta magnitud, en el que la provincia de La Pampa contó con 22 puestos fijos de fiscalización que se encontraron operativos desde las 23:00 a 01:00 horas.
Por medio de las acciones efectuadas por el Ministerio de Seguridad del gobierno de La Pampa, la Policía provincial y la ANSV, organismo dependiente del Ministerio de Transporte de la Nación, se anunció que, en el marco de un trabajo en conjunto entre Nación, Provincias y Municipios, se realizaron controles de alcoholemia simultáneos a lo largo y ancho de todo el territorio argentino durante la noche del viernes 22 de enero. Esta articulación federal conforma la continuidad de una iniciativa que surgió en el mes de diciembre del año 2020 y que se repetirá mensualmente.
La finalidad de estos operativos es ejecutar operativos de forma simultánea y homogénea para de esta forma permitir evaluar resultados a gran escala a lo largo del tiempo.
Según datos estadísticos de la ANSV, los siniestros viales son la primera causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 35 años de edad y la conducción bajo los efectos del alcohol es uno de los factores determinantes más importantes. A su vez, 9 de cada 10 jóvenes dicen saber que beber y conducir aumenta el riesgo de siniestralidad y, sin embargo, más de la mitad declara que sus amigos tomarían alcohol y conducirían.
Las tareas de control y fiscalización se realizaron en 80 puestos distribuidos por todo el país y participarán más de 500 agentes de tránsito y personal de las fuerzas de seguridad dedicadas a los operativos en las rutas nacionales y provinciales.
Este 30 de diciembre el Senado de Argentina aprobó la legalización del aborto pese a que la mayoría del país se declara provida. Esta nueva ley afectará la vida por nacer, pero las organizaciones provida ya anunciaron que continuarán la lucha por el no nacido en los tribunales.
A continuación presentamos 4 puntos de la ley aprobada y que deben ser tomados en cuenta:
1. Permite el aborto hasta la semana 14 y bajo algunas causales durante todo el embarazo
La ley permite el aborto hasta las 14 semanas de gestación, sin poner como condición alguna causal. Luego de ese plazo es posible solicitarlo por violación y por “peligro para la vida o la salud integral” de la madre.
Bajo la causal de violación, solo basta con hacer el pedido y que las mujeres mayores de 16 años firmen una declaración jurada. Para las menores de los 13 años “la declaración jurada no será requerida”; y entre los 13 y los 16 años se requerirá solo un “consentimiento informado” por escrito.
Si por alguna “restricción a la capacidad” la menor no puede dar su consentimiento, entonces deberá darlo con asistencia de su representante legal o, en ausencia de este, de una “persona allegada”.
2. El aborto debe realizarse en un plazo máximo de 10 días
El artículo 5 del proyecto aprobado dice que el aborto se debe realizar máximo en 10 días y el personal de salud debe “garantizar las condiciones mínimas y derechos” en la atención del aborto y el periodo postaborto.
Exige que se informe a la gestante sobre los distintos métodos abortivos, los alcances y consecuencias de la práctica y los derechos de la mujer “a lo largo de todo el proceso de atención, incluso si no hay una solicitud explícita”.
La médica psiquiatra, María José Mancino, presidenta y fundadora de Médicos por la Vida criticó el artículo 5 del proyecto y lamentó que en el caso de enfermedades que causan la muerte, ninguna ley garantice su atención en menos de diez días.
Respecto al inciso “e” del artículo 5 que señala que la “paciente tiene derecho a recibir la información sobre su salud; el derecho a la información incluye el de no recibir información inadecuada en relación con la solicitada”, Mancino comentó que “no se entiende a qué se refieren con ‘información inadecuada’”.
“Esto también es muy difícil y complicado para el personal de la salud y las autoridades públicas, porque tenemos como la obligación de tener que suministrar sí o sí la información sobre el acceso al aborto si hay o no una solicitud explícita”, dijo.
“Si esto no es promover y fomentar directamente el aborto a demanda, no sé de qué estamos hablando”, expresó.
3. Atenta contra la objeción de conciencia
Según el artículo 15 del proyecto aprobado, “será reprimido o reprimida con prisión de tres meses a un año e inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena, el funcionario público o la funcionaria pública o la autoridad del establecimiento de salud, profesional, efector o personal de salud que dilatare injustificadamente, obstaculizare o se negare, en contravención de la normativa vigente, a practicar un aborto en los casos legalmente autorizados”.
El artículo 10 dice que “el profesional de salud que deba intervenir de manera directa en la interrupción del embarazo tiene derecho a ejercer la objeción de conciencia”, pero deberá “derivar de buena fe a la paciente para que sea atendida por otro u otra profesional en forma temporánea y oportuna, sin dilaciones”, y “adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el acceso a la práctica”.
Agrega que “el personal de salud no podrá negarse a la realización de la interrupción del embarazo en caso de que la vida o salud de la persona gestante esté en peligro y requiera atención inmediata e impostergable. No se podrá alegar objeción de conciencia para negarse a prestar atención sanitaria postaborto. El incumplimiento de los requisitos para ejercer el derecho de objeción de conciencia dará lugar a las sanciones disciplinarias, administrativas, penales y civiles, según corresponda”.
Mancino dijo que es “inconcebible que el Estado le imponga a un médico una práctica determinada, obligatoria, en contra del saber y proceder médico”.
Por su parte, la Asociación para la Promoción de los Derechos Civiles (Prodeci) señaló que el proyecto de legalización del aborto “acorrala y amedrenta a los médicos para que ejecuten el aborto exigido ‘a libre demanda’”.
En cuanto a la objeción de conciencia institucional, estas “deberán derivar al paciente en forma ‘efectiva’ y cargar con los costos que conlleve. En definitiva, los profesionales de la salud son forzados a violar su juramento hipocrático, su libertad médica y de conciencia”, afirmó Prodeci.
4. Atenta contra la libertad de enseñanza
Según la nueva ley, el Estado nacional, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios “tienen la responsabilidad de implementar la ley 26.150 de Educación Sexual Integral, estableciendo políticas activas para la promoción y el fortalecimiento de la salud sexual y reproductiva de toda la población”.
Además, deberán “capacitar sobre perspectiva de género y diversidad sexual a los y las docentes, profesionales y demás trabajadores y trabajadoras de la salud, a fin de brindar atención, contención y seguimiento adecuados a quienes soliciten realizar una interrupción voluntaria del embarazo, así corno a los funcionarios y funcionarias públicos que actúen en dichos procesos”.
La Federación de Asociaciones Educativas de la República Argentina (Faera) denunció que lo anterior “implica la prohibición de confrontar la decisión de quien desee abortar con ‘consideraciones personales, religiosas o axiológicas’, así como dar intervención a los padres en caso de menores de edad, entre otras situaciones”.
“Tales imposiciones ideológicas desconocen absolutamente la libertad de enseñar, así como la libertad religiosa y de conciencia, por lo que resultan manifiestamente inconstitucionales”, denunció la federación.
Sobre los educadores, denunció que “se atenta muy gravemente contra sus libertades fundamentales y, en el caso de los establecimientos educativos de gestión privada, contra su derecho inalienable a desarrollar su proyecto educativo de conformidad con el propio ideario, particularmente si éste es confesional”.
Mauro Rubén Ledesma murió ahogado cuando intentaba cruzar nadando el río Bermejo para acceder a la provincia. El joven de 23 años estaba varado en Córdoba y había solicitado en varias oportunidades la habilitación para ingresar.
El domingo la Policía de Chaco notificó la aparición de un cuerpo flotando en la orilla del río Bermejo. La autopsia determinó que la causa del fallecimiento fue por asfixia por sumersión.Según informaron medios locales, Ledesma era oriundo de Córdoba, vivía en San Martín (Chaco) y desde el 31 de agosto venía insistiendo con el permiso para poder ingresar a Formosa. Entre sus pertenencias encontraron la documentación que permitió identificarlo y pudieron localizar a su familia, quienes reconocieron el cadáver.
La familia reconoció que el fallecido en horas de la madrugada habría intentado cruzar el río para ingresar a Formosa, y debido a las correntadas y la temperatura del río murió ahogado.
Según notificaron, Ledesma había pedido permiso de ingresar en agosto y el gobierno de la provincia no lo autorizó.
El joven vivía desde hace un tiempo en El Colorado (Formosa) y era padre de una niña de dos años. Había viajado a Córdoba por un trabajo y al perderlo decidió volver a la provincia en donde residía.
“Mauro fue la primera víctima del mal administrado cerco provincial y testigo de la soberbia desidia e irresponsabilidad de los integrantes del consejo integral de la emergencia Covid”, dice la denuncia que fue presentada ante el Defensor del Pueblo y la Subsecretaria de Derechos Humanos. “El gobierno tiene a miles de personas sin poder ingresar y es un abandono y una irresponsabilidad”.
Hace cuatro meses se vivió una situación similar cuando un joven de 24 años que vivía en la provincia del Chaco cruzó nadando el río Bermejo para poder ver a sus familiares en la localidad de Villa Escolar pero fue denunciado por su propio padre y detenido por la Policía de la provincia.
En esta oportunidad, a pesar de las bajas temperaturas y una corriente de agua muy peligrosa, cuando esta persona decidió pasar nadando, lo logró pero al llegar al barrio 20 viviendas de la localidad formoseña, fue denunciado ante la Policía por su propio padre.
La Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (ENERC) Sede Patagonia Norte, como parte del INCAA (Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales) y ambos dependientes del Ministerio de Cultura de la Nación, invitó a participar del curso virtual sobre “Dirección de Fotografía”, en articulación con la coordinación de las sedes Regionales y la coordinación de Extensión Académica de la ENERC.
La capacitación estará a cargo del director de Fotografía y docente de la ENERC, Ariel Vilches y comenzará el martes 13 de octubre de 18:30 a 20, a través de la plataforma Zoom, con una duración de ocho jornadas semanales consecutivas. Es de carácter gratuito con inscripción previa y cupo limitado.
Quienes deseen participar podrán inscribirse, hasta el día viernes 9 de octubre mediante el siguiente link: https://forms.gle/XzBUE4mne8Ns83geA
Los fotógrafos, realizadores de la región y egresados de la ENERC sede Patagonia Norte podrán profundizar en las herramientas técnicas, conceptos teóricos, el análisis y la reflexión estética y creativa en la construcción intelectual de la imagen como recurso narrativo y artístico.
Los interesados en participar deberán tener conocimientos avanzados en fotografía y contar con equipamiento propio (cámara fotográfica DSLR, Pc o Mac, acceso a internet, una cuenta de Gmail y un software compatible con archivos RAW/JPG).
El vicerrector de la ENERC Sede Patagonia Norte, Martín Ferrari manifestó que “esta capacitación gratuita y de primer nivel que se ofrece será sin duda de gran utilidad para fortalecer el nivel de fotógrafos, realizadores de la región y egresados de la ENERC”.
