Santa Rosa, 21 de mayo – En otra prolongada sesión ordinaria, presidida por la vicegobernadora y presidenta de esta Legislatura, Alicia Mayoral, y fue aprobada la Ley por la que se declara de Emergencia Pública Sanitaria en Salud Mental y Consumo Problemático en el ámbito de la provincia de La Pampa.
Se está atravesando una crisis en salud mental
Fue aprobada por mayoría la Ley que declara Emergencia Pública Sanitaria en Salud Mental y Consumo Problemático en el ámbito de la provincia de La Pampa.
La diputada Patricia George hizo uso de la palabra y sostuvo que “si hay algo que escuché permanentemente en las comisiones de Legislación Social y Salud Pública, en cada encuentro en la calle, con amigos, familiares, vecinos y en los medios de comunicación, es la enorme preocupación que existe por la crisis en salud mental que atraviesa nuestra sociedad”, expresó.
En ese sentido, enumeró algunas de las situaciones que, según indicó, reflejan el agravamiento del problema: “escuchamos hablar de guardias saturadas, aumento de consumos problemáticos, intentos de suicidio, falta de psicólogos, de psiquiatras, de equipos agotados y de familias desesperadas buscando respuestas que muchas veces el sistema no logra dar con la rapidez necesaria”.
“Es todo verdad”, afirmó la legisladora, quien además consideró que esta crisis “no ocurre aislada”, sino que se encuentra vinculada al contexto social ,sostuvo.
Remarcó que “esta emergencia no puede analizarse solo desde una mirada sanitaria”, sino que se trata de “una crisis profundamente social y humana”.
Asimismo, destacó que el proyecto fue elaborado “entre muchos legisladores de esta Cámara junto al Ejecutivo” con el objetivo de “fortalecer herramientas concretas frente a esta emergencia”.
En otro tramo de su exposición, la diputada defendió los mecanismos de control y seguimiento previstos en la iniciativa. “Este proyecto incorpora mecanismos concretos de control, seguimiento y transparencia institucional”, explicó, y precisó que el artículo 5° crea “una mesa de trabajo para la implementación y monitoreo del Plan Provincial de Emergencia en Salud Mental”, con representación legislativa.
“Los legisladores y legisladoras podrán controlar, monitorear y exigir información sobre cada una de las acciones y recursos que se vayan a ejecutar”, indicó.
Además, recordó que el artículo 12 establece que “el Poder Ejecutivo deberá informar periódicamente a esta Legislatura sobre el avance del plan y la utilización de los recursos durante los dos años que dura esta emergencia”.
“Por eso no estamos frente a un cheque en blanco para que el Ejecutivo haga lo que quiera. Estamos frente a una herramienta institucional seria, con control legislativo, seguimiento político y responsabilidad pública”, subrayó.
George también destacó “la actitud de quienes eligieron abordar este tema con responsabilidad y diálogo”, y mencionó especialmente a la diputada radical Gisela Cuadrado, quien “cuando tuvo dudas o inquietudes sobre este proyecto solicitó reuniones con el Poder Ejecutivo y recibió explicaciones técnicas que permitieron realizar aportes incorporados a esta iniciativa”.
Finalmente, sostuvo que “la salud mental no se resuelve desde un eslogan ni desde una especulación partidaria”, sino “desde la presencia, la responsabilidad, la sensibilidad y la decisión política”.
Por su parte, Gisela Cuadrado indicó que “a nivel mundial, nacional y provincial” las estadísticas “se dispararon y desbordaron el sistema de salud”, expresó la legisladora, quien remarcó que detrás de cada dato “hay una persona, hay una familia, hay madres y padres”.
En ese sentido, sostuvo que “sobre todo hay niños, niñas y adolescentes que atraviesan situaciones de angustia, soledad, consumo problemático y padecimiento que muchas veces llegan silenciosamente y cuando se hacen evidentes es demasiado tarde”.
Cuadrado afirmó además que son los propios jóvenes quienes reclaman mayor atención sobre la temática. “Ellos mismos están manifestando en diferentes medios y espacios que hay que hablar de salud mental. Ellos mismos nos están pidiendo políticas públicas sobre salud mental”, señaló.
Asimismo, compartió una frase que, según indicó, escucha con frecuencia entre jóvenes: “Siempre escucho una frase que saben manifestar los pibes: ‘nos sentimos solos’”. “Y eso es lo que me preocupa”, agregó.
La legisladora consideró que “la salud mental dejó hace tiempo de ser un tema menor” y sostuvo que “los datos hoy nos interpelan”.
En relación con la situación provincial, indicó que “el 24,15% de los estudiantes consultó a un profesional por angustia, depresión o problemas emocionales durante el último año”, y advirtió que “la tasa de suicidio en La Pampa se encuentra por encima de la media nacional”.
Según explicó, esos datos surgen “del último informe presentado en el Observatorio de la Droga que ya se encuentra constituuido”, organismo que recordó haber impulsado desde la Legislatura: “fue uno de los proyectos de resolución que presenté”, señaló.
Por último, celebró el avance de la iniciativa y expresó: “Celebro que hoy esta Legislatura avance en una declaración de emergencia que nos interpela a todos, en todo tiempo y en todo lugar”.
“Porque la urgencia existe y ya hace un tiempo. Mi objetivo desde el principio es que se reconozca la situación, que se trabajen las medidas necesarias y, sobre todo, sumar voluntades en este andar”, concluyó.
En tanto, Laura Trapaglia sostuvo que, si bien desde la oposición reconocen la problemática, consideran que la iniciativa requiere “mayor precisión y fundamentación”.
“Si hay un área que merece realmente políticas públicas serias, basadas en datos, evidencias, planificación, control, rendición de cuentas y focalización, es la salud mental”, expresó.
En ese sentido, afirmó que desde su espacio político “reconocemos el problema” y que comparten “profundamente la preocupación por el sufrimiento de miles de pampeanos y sus familias”.
“La salud mental no es un tema partidario, aunque así lo quieran hacer ver. Es un tema humano que nos debe unir por encima de las diferencias”, remarcó.
No obstante, Trapaglia señaló que “no podemos conformarnos con buenas intenciones” y advirtió que, aunque comparten los objetivos de la propuesta, consideran que el proyecto “requiere mayor precisión y fundamentación para ser verdaderamente efectivo”.
Asimismo, cuestionó algunos aspectos de la iniciativa y sostuvo que “no encontramos realmente una justificación adecuada ni suficiente para declarar la emergencia, para crear cargos sin especificación alguna ni comprometer recursos sin la información y los controles necesarios”.
Finalmente, subrayó que “la responsabilidad de esta Cámara no se limita a acompañar buenas voluntades”, sino que “la obligación es analizar si las herramientas propuestas son las adecuadas para alcanzar los objetivos que decidimos perseguir”.
La diputada María Luz Alonso señaló que la iniciativa responde a una “realidad” que atraviesa tanto a La Pampa como al país en su conjunto.
Durante su intervención, recordó los principios establecidos en la Ley Nacional de Salud Mental y señaló que allí “se pone al Estado como el garante máximo de la atención y a la comunidad como el escenario indispensable para la recuperación”. En ese sentido, remarcó que el abordaje de la salud mental requiere “trabajo mancomunado, Estado y comunidad, no compartimentos aislados y estancos”.
Asimismo, advirtió que las problemáticas vinculadas a la salud mental continúan transformándose y afirmó que “la salud mental siguió avanzando y siguieron apareciendo nuevos interrogantes, nuevos paradigmas, es dinámico”. Por ello, sostuvo que “la provincia de La Pampa no es una isla de lo que pasa en el mundo y de lo que pasa en la Argentina”.
En relación con el proyecto en tratamiento, Alonso reconoció que la declaración de emergencia responde a una necesidad concreta. “Hoy estamos poniendo a consideración y tratando de aprobar una ley de emergencia en salud mental. ¿Quisiéramos hacerlo? Por supuesto que no. Pero la única verdad es la realidad, la necesitamos”, expresó.
La legisladora cuestionó además las críticas realizadas al proyecto y consideró que poner en duda la necesidad de la emergencia “genera un poco de ruido”, ya que, según sostuvo, existen datos concretos que justifican la iniciativa. En ese marco, enumeró estadísticas provinciales que reflejan el crecimiento de la demanda en salud mental: “desde el 2021 al 2025 las consultas de personas sin obra social aumentaron un 48,3%; se sumaron más de 300 atenciones al sistema público; la presión en hospitales y centros de salud subió un 50%; las internaciones aumentaron un 53%; las consultas ambulatorias un 40%; y las atenciones por guardia de salud mental un 82%”.
“¿No está justificado entonces un proyecto declarando la emergencia?”, planteó, al tiempo que advirtió que la provincia también registra un incremento en los índices de suicidio adolescente, con una tasa de “13,4 cada 100 mil habitantes, por encima de la media nacional”.
Alonso vinculó además la crisis de salud mental con el contexto económico y social. “La crisis de salud mental es una consecuencia de la pandemia, pero también es una consecuencia de la crisis económica”, afirmó. En ese sentido, sostuvo que no se puede desconocer “la caída de la cobertura del PAMI para nuestros viejos” y señaló que “cayó en un 23% el consumo de medicamentos de salud mental, no porque se curaron, sino porque no los pueden pagar”.
También criticó las políticas nacionales y advirtió sobre el impacto económico en la población. “Ayer mismo vimos en el Congreso cómo nefastamente se votó para reducir el subsidio al gas en nuestra zona patagónica. Eso significa que la gente va a tener que destinar más plata para pagar tarifas”, expresó.
En otro tramo de su discurso, defendió el rol del Estado provincial frente al retiro de políticas nacionales y señaló que “cuando un Estado más chico se tiene que ocupar de algo es porque otro Estado más grande lo abandonó”.
La diputada también respondió a los cuestionamientos sobre el financiamiento de la emergencia y reclamó coherencia en el debate legislativo. “Me pongo muy contenta de escuchar que hay preocupación por de dónde va a salir la plata. Pero la responsabilidad fiscal tiene que ser para todo”, sostuvo, y comparó la situación con otros proyectos aprobados por unanimidad que tampoco especifican partidas presupuestarias.
Alonso expuso datos sobre el presupuesto nacional destinado a salud mental y afirmó que “la Ley Nacional de Salud Mental dice que el 10% del presupuesto de salud debe destinarse a salud mental”, aunque advirtió que actualmente “la proyección es del 1,43%”. Además, señaló que el Programa Nacional de Apoyo y Promoción de la Salud Mental sufrió “un hachazo del 91,5%”.
Para cerrar, remarcó la dimensión humana detrás de las estadísticas y expresó: “estos números tienen detrás personas, familias, padecimientos y luchas incansables”. Y concluyó retomando una frase pronunciada durante el debate: “No hay política pública más urgente que aquella que salve una vida”.
Posteriormente, León Nicanoff indicó que el proyecto contempla herramientas concretas para fortalecer el sistema de atención y sostuvo que “acá se está cuestionando un proyecto de Ley que involucra infraestructura, cargos, capacitación, etcétera”, en referencia a los distintos aspectos que contempla la propuesta impulsada por el oficialismo.
En ese sentido, destacó las exposiciones realizadas previamente durante el debate y afirmó que la diputada Patricia George “describió de manera excelente” la situación que atraviesa el sistema de salud mental en la provincia.
Asimismo, cuestionó que algunos sectores políticos no acompañen la iniciativa y propuso contrastar la situación de La Pampa con políticas implementadas en otros distritos. “Quería contrastar la realidad de la provincia de La Pampa con lo que se ha dicho hoy”, expresó, y apuntó particularmente contra la gestión de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Nicanoff sostuvo que en la Ciudad “el Hospital Borda y el Hospital Moyano, que han sido hospitales de excelencia en el tratamiento de los trastornos mentales, hoy están desmantelándose y siendo incorporados a negocios inmobiliarios”. Además, vinculó esas políticas a sectores del PRO y afirmó que esos proyectos se desarrollan “de la mano del socio del presidente actual, el señor Elztain”.
Por otra parte, el legislador también cuestionó discursos vinculados al consumo problemático y al narcotráfico. “Después de escuchar hablar tanto de cannabis, yo trataría de tener coherencia”, expresó, y apuntó contra dirigentes nacionales a quienes vinculó políticamente con sectores cuestionados por presuntos hechos relacionados con el narcotráfico.
En tanto, hizo referencia al debate internacional sobre políticas antidrogas y sostuvo que “los especialistas en el mundo están diciendo que hace rato se perdió la guerra contra las drogas”. Además, consideró que ese enfoque “ha sido un negocio de Estados Unidos y de la DEA”.
Finalmente, advirtió sobre las consecuencias de esas políticas en otros países de la región y afirmó que “trajeron 220 mil muertos en México y decenas de miles de muertos en Colombia”, al tiempo que cuestionó que algunos sectores políticos nacionales pretendan adherir a ese tipo de estrategias.
Otros temas…
En otro orden de cosas, fue aprobada por unanimidad la ley por la que se establece la obligatoriedad de incluir la leyenda “Línea 144. Atención, contención y asesoramiento para víctimas de violencia por motivos de género. Disponible las 24 hs.” en los recibos de haberes emitidos en el territorio de la provincia de La Pampa.
A su vez, se aprobó, y de manera unánime, la resolución que declara de interés legislativo el libro: “Rompecabezas Urbano II. Reflexiones sobre desigualdades y dinámicas urbanas en la Patagonia”, destacando la participación de la Fundación Estrellas Amarillas en su elaboración.
Por unanimidad fue aprobada la resolución por la que se declara de Interés Legislativo, Social y Científico el libro “El Desafío de consolidar los derechos de la niñez. Una mirada territorial desde La Pampa” de Cecilia Bertolé.
En el mismo sentido, se aprobó la resolución, de forma unánime, que declara de interés legislativo el libro “Mateo. El guerrero incansable” de la autora Adriana Juárez.
También fue aprobada por unanimidad la resolución que expresa público reconocimiento a la extraordinaria y heroica intervención del ciudadano pampeano Agustín Martino, el cual logró salvar la vida de un joven en el Balneario Los Ángeles de Necochea.
También se aprobó por unanimidad la resolución por la que se declara de interés legislativo la segunda edición del “Trail Desafío Lihué Calel”, que se llevará a cabo el próximo 24 de mayo.
En tanto, se aprobó por unanimidad la resolución que solicita al Poder Ejecutivo Provincial arbitrar los medios necesarios para la creación e instalación de un Centro Provincial de Formación Profesional en Catriló.
Por unanimidad fue aprobada la resolución por la que se solicita al Poder Ejecutivo informar distintas cuestiones vinculadas a centros de salud mental públicos en la provincia.
Por otro lado, fue aprobada por unanimidad la resolución que se dirige al Poder Ejecutivo para que, a través del organismo correspondiente, informe cuáles son las áreas de explotación de mármol y quiénes son los titulares de la o las empresas vinculadas a esa actividad minera.
Más adelante, fue aprobada por unanimidad la resolución que solicita al Poder Ejecutivo Provincial realizar las repavimentaciones necesarias para garantizar el acceso a las Salinas Grandes de Hidalgo, de la localidad de Macachín.
Fue aprobada por unanimidad la resolución por la que se solicita al Poder Ejecutivo Provincial considerar realizar reparaciones edilicias necesarias en el “Colegio Secundario Alpachiri” y en el “Colegio Secundario Crucero General Belgrano” de General Manuel J. Campos.
De igual modo, fue aprobada la resolución por la que se solicita al Poder Ejecutivo arbitrar los medios necesarios para restablecer la conexión de un transporte de pasajeros entre Ingeniero Luiggi y Capital Federal.
Por unanimidad fue aprobada la resolución por la que se solicita a empresas y organismos provinciales llevar a cabo las acciones y gestiones necesarias para garantizar la igualdad de acceso a telefonía celular y conectividad digital a usuarios de distintas zonas de la provincia de La Pampa.
Por último, fue aprobada por mayoría la resolución que expresa respaldo político e institucional a la acción de amparo colectivo ambiental, ante la Justicia Federal, que impulsará el Poder Ejecutivo Provincial con el fin de declarar la manifiesta inconstitucionalidad, inconvencionalidad y nulidad absoluta de la Ley Nacional N° 27.804.
El legislador Hernán Pérez Araujo explicó que la iniciativa legislativa fue presentada el 10 de abril, un día después de que el Gobierno provincial interpusiera la demanda ante el Juzgado Federal de Santa Rosa. “Entendimos que era necesario manifestar el apoyo político e institucional a esa acción judicial”, señaló, y recordó que el tratamiento del proyecto respetó el procedimiento parlamentario habitual, pasando por comisión y luego al orden del día de la sesión.
Pérez Araujo consideró que el respaldo institucional “debió haber estado antes” y destacó que la acción judicial es acompañada no solo por el Gobierno de La Pampa, sino también por la Universidad Nacional de La Pampa, la Fundación Chadileuvú y la Asamblea por los Ríos Pampeanos.
Durante su exposición, sostuvo que la defensa de los recursos hídricos constituye “una política de Estado” para La Pampa y cuestionó las modificaciones introducidas a la Ley Nacional de Glaciares. En ese sentido, remarcó que la norma original, la Ley 26.639, “no había tenido objeciones de ningún tipo” desde su sanción en 2010 y recordó que incluso la Corte Suprema de Justicia de la Nación se pronunció anteriormente sobre su constitucionalidad frente a planteos de empresas extractivistas.
Asimismo, cuestionó el procedimiento legislativo nacional mediante el cual se aprobó la nueva ley y afirmó que existieron “incumplimientos procesales” que, según indicó, “tornan la ley nula, de nulidad insanable”. Entre otros puntos, criticó la realización de audiencias públicas “insuficientes” frente a la inscripción de más de 107 mil personas interesadas en participar.
Pérez Araujo también sostuvo que la modificación vulnera el “federalismo de concertación” previsto en la Constitución Nacional, al transferir a las provincias facultades que anteriormente ejercía el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), organismo encargado de determinar las áreas glaciares y periglaciares protegidas.
“Poner en manos de provincias como Mendoza y San Juan la definición de qué se protege y qué no es como poner al zorro a cuidar a las gallinas”, expresó, al advertir sobre el impacto que esas decisiones podrían tener sobre las cuencas hídricas compartidas con La Pampa.
En otro tramo de su intervención, defendió la competencia del Juzgado Federal de Santa Rosa para intervenir en el amparo colectivo y rechazó cuestionamientos respecto de una supuesta búsqueda de “jueces amigos” por parte del Gobierno provincial. “El juez federal de Santa Rosa es el juez que tenemos y respetamos su investidura”, afirmó.
El diputado recordó además que el magistrado rechazó la medida cautelar solicitada en el marco de la causa, decisión que fue apelada ante la Cámara Federal de Bahía Blanca. En ese contexto, señaló que actualmente el amparo colectivo cuenta con cerca de “900 mil firmantes” de distintas organizaciones ambientalistas y ciudadanos de todo el país.
Finalmente, consideró que una definición unánime de la Legislatura pampeana “tal vez hubiese permitido darle mayor fortaleza institucional” al planteo judicial y concluyó que la cuestión ambiental “debe abordarse con responsabilidad política y jurídica”.
SANTA ROSA | En una nueva sesión ordinaria de la Cámara de Diputados de La Pampa, presidida por la vicegobernadora Alicia Mayoral, la actividad legislativa estuvo marcada por el tratamiento de un sensible reclamo familiar, la adecuación de leyes vinculadas al fuero penal juvenil y la aprobación de diversos proyectos de resolución.
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En el marco de una controversial sesión de la Sala Acusadora de Juicio Político de la Cámara de Diputados de La Pampa, la fuerza política Comunidad Organizada criticó con dureza la decisión del resto de los bloques parlamentarios de rechazar sin trámite in límine una denuncia presentada contra integrantes del Superior Tribunal de Justicia (STJ). Desde el espacio opositor tildaron lo sucedido de «experimento político para analizar e investigar conductas de interés» y advirtieron que la resolución viola la Constitución provincial.
Estas intervenciones permiten preservar corredores que hoy soportan un tránsito muy superior al histórico, una situación agravada como consecuencia del deterioro que presentan numerosas rutas nacionales. Cabe destacar que la obra está a cargo de la empresa Ribeiro S.R.L.
La siguiente es la clasificación de las ofertas, aplicando los parámetros matemáticos de ponderación fijada por el pliego licitatorio. En todos los casos, el porcentaje ofertado incluye el pago del 15 % de regalías al Estado provincial, Municipios y Comisiones de Fomento.
