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Productores rurales manifiestan desacuerdo con los que dicen representarlos

En un documento hicieron una velada crítica al Ipcva, que había recordado hace unos días sobre la necesidad de realizar el trámite ante la próxima entrada en vigor del reglamento antideforestación de la Unión Europea.

El reglamento antideforestación de la Europea Unión es una norma creada para impedir que productos vinculados a la destrucción de bosques entren al mercado europeo.

Su nombre oficial es EUDR (“EU Deforestation Regulation”).

La idea básica es:
si una empresa quiere vender ciertos productos en Europa, debe demostrar que NO provienen de tierras deforestadas recientemente.

Los productos alcanzados incluyen:

  • soja,
  • carne vacuna,
  • madera,
  • cacao,
  • café,
  • aceite de palma,
  • caucho,
  • y derivados como cuero, muebles o chocolate.

La UE apunta sobre todo a problemas como:

  • tala ilegal,
  • avance agrícola sobre selvas,
  • incendios para abrir campos,
  • pérdida de biodiversidad,
  • emisiones de carbono.

¿Qué exige la norma?

Las empresas deben:

  • rastrear el origen exacto del producto,
  • entregar coordenadas geográficas del campo o zona productiva,
  • demostrar que no hubo deforestación después de cierta fecha,
  • y hacer controles de riesgo.

O sea:
Europa quiere poder verificar “de qué campo salió esto”.

La fecha clave fue el 31 de diciembre de 2020:
si un bosque fue desmontado después de esa fecha para producir soja o ganado, esos productos podrían quedar prohibidos en el mercado europeo.

¿Por qué genera polémica?

Muchos países productores —incluyendo Argentina y Brasil— dicen que:

  • aumenta costos,
  • exige demasiada burocracia,
  • puede perjudicar pequeños productores,
  • y funciona como una barrera comercial disfrazada de ambientalismo.

La UE responde que:

  • los consumidores europeos no quieren financiar destrucción de bosques,
  • y las cadenas globales deben ser más transparentes.

En la práctica, esto empuja a usar:

  • satélites,
  • GPS,
  • trazabilidad digital,
  • bases de datos,
  • monitoreo ambiental.

Por eso hoy incluso sectores tradicionales como:

  • ganadería,
  • agricultura,
  • forestación ,están incorporando tecnología de seguimiento muy avanzada.

Entidades rurales y productores de manera independiente fustigaron la inscripción en un registro donde deberán anotarse quienes pretendan tener algún vínculo comercial con la exportación de carne a la Unión Europea (UE). También apuntaron contra el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Ipcva), que hace unos días comunicó la novedad. El Ipcva y el Consorcio de Exportadores de Carnes ABC financiaron la plataforma Visec Carne, que es la que servirá para cumplir con ese requisito impuesto por la UE a partir de 2027.

“No más ambigüedades. No más intermediarios autoproclamados. No más organismos que se arroguen potestades que nadie les confirió, como el Ipcva”, comenzó el comunicado. “La defensa del productor no puede quedar subordinada a estructuras privadas ni a unos relatos construidos para instalar obligaciones que no existen”, dijeron.

La cuestión de fondo se remonta al reglamento 1115 de la UE que limitará desde la fecha mencionada el ingreso de productos como la carne y soja, entre otros, desde regiones deforestadas después del 31 de diciembre de 2020. Para los productores que firmaron el documento dado a conocer hoy, ese reglamento en realidad “alcanza al importador europeo, no al productor argentino. Y exige información productiva que ya obra en poder del Estado”.

“No corresponde trasladar esa responsabilidad a esquemas privados financiados, además, con recursos aportados por los propios productores”, sostuvieron.

En la visión de las entidades y productores, ”la Argentina debe sostener mecanismos públicos, transparentes y no excluyentes, evitando cargas innecesarias y la cesión indiscriminada de información estratégica”. Y sostuvieron: “El productor necesita representación clara, coherencia institucional y defensa genuina de sus intereses. No es tolerable la financiación espuria de la representación”.

Qué dijo el Ipcva

Hace unos días, el (Ipcva) recordó que los productores ganaderos deberán registrarse antes de junio en Visec Carne. El Ipcva no es el Visec Carne, pero, como se dijo, junto con el Consorcio ABC financió la plataforma. La inscripción no tiene costo para el productor.

Aunque el reglamento europeo 1115/2023 fue postergado y comenzará a aplicarse formalmente desde el 30 de diciembre de 2026, en el sector remarcaron que los tiempos para adecuarse ya empezaron a correr.

La principal preocupación pasa por garantizar la trazabilidad completa de los animales, una condición que Europa exigirá para autorizar el ingreso de carne vacuna a ese mercado.

“Para que un frigorífico pueda exportar carne a la Unión Europea, deberá demostrar el recorrido de los animales y su origen productivo”,

señalaron desde el Ipcva. En ese contexto, desde la cadena alertaron que si los productores no están incorporados al sistema, la información necesaria para reconstruir la trazabilidad de los animales no podrá integrarse correctamente.

Uno de los puntos que hoy genera mayor urgencia es el análisis de los polígonos de los establecimientos ganaderos. Según informó el Ipcva, durante junio el instituto realizará sin costo el análisis de los campos que ya estén registrados en el sistema. Después de ese plazo, el productor que no se haya inscripto deberá afrontar ese gasto por su cuenta. “Pasado ese plazo, el análisis ya no será financiado por el Instituto”, indicaron.

Crisis en la obra social de las Fuerzas Armadas: denuncias, renuncias y reclamos por abandono sanitario

El streamer y comunicador conocido como El Presto difundió un extenso informe en el que denunció una profunda crisis en la obra social de las Fuerzas Armadas argentinas, apuntando contra el Gobierno nacional, exfuncionarios y la conducción histórica del sistema de salud militar. El eje central de su exposición giró en torno a la falta de cobertura médica para personal militar retirado y en actividad, situación que —según afirmó— ya provocó casos dramáticos y suicidios.

Durante la transmisión, “El Presto” sostuvo que integrantes de las Fuerzas Armadas “se están muriendo sin cobertura médica” y cuestionó la escasa difusión pública del problema. En ese marco, remarcó la reciente renuncia del general de brigada retirado Sergio Maldonado, quien dejó la conducción de la nueva Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) apenas un mes después de asumir.

La renuncia de Maldonado y la deuda millonaria

Según explicó, OSFA comenzó a funcionar oficialmente el 1 de abril de 2026 tras el desdoblamiento del antiguo Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA), dispuesto mediante decreto del presidente Javier Milei.

El informe citó además datos del Ministerio de Defensa presentados ante la Cámara de Diputados, donde se indicó que la deuda acumulada del antiguo IOSFA alcanzaba, al 31 de marzo de 2026, casi 250 mil millones de pesos.

Sobre la salida de Maldonado, el comunicador mencionó distintas versiones. Una de ellas señala que el ministro de Defensa, Carlos Presti, le habría solicitado su renuncia por diferencias en la conducción política de la obra social. Otra hipótesis apunta a desacuerdos sobre el manejo financiero del organismo, particularmente respecto a una supuesta orden para colocar fondos de recaudación en plazos fijos mientras se demoraban pagos a prestadores médicos.

Asimismo, indicó que dentro del ámbito castrense comenzó a circular la versión de que parte de la deuda de la obra social estaría cubriéndose con recursos del presupuesto militar.

El caso del suboficial retirado Carlos Héctor Vázquez

Uno de los momentos más duros del informe estuvo centrado en el caso del suboficial retirado Carlos Héctor Vázquez, de 77 años, quien se quitó la vida luego de denunciar públicamente la falta de atención médica.

“El Presto” reprodujo un video grabado por el propio Vázquez, donde relataba padecer una grave infección en ojos y nariz, además de complicaciones derivadas de un cáncer. En el mensaje, el exmilitar afirmaba haber aportado durante más de seis décadas a la obra social militar y denunciaba sentirse abandonado por el Estado.   Según se relató en el informe, Vázquez había protagonizado previamente un intento de suicidio en marzo de este año en la provincia de San Juan, hecho que generó conmoción dentro del ámbito militar. El comunicador sostuvo que el caso habría influido también en la decisión de Maldonado de abandonar la conducción de OSFA.

Críticas al sistema político y a la conducción militar

A lo largo de más de 18 minutos de exposición, el periodista digital cuestionó duramente a distintos gobiernos y ministros de Defensa desde la década de 1990 hasta la actualidad, a quienes responsabilizó por el deterioro de las Fuerzas Armadas y del sistema de salud militar.

Entre los funcionarios mencionados estuvieron Nilda Garré, Agustín Rossi, Jorge Taiana, Luis Petri y el propio Javier Milei, entre otros.

También repasó la evolución histórica de las obras sociales militares, desde los sistemas separados de Ejército, Armada y Fuerza Aérea hasta la creación del IOSFA en 2013 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

Reclamo por las Fuerzas Armadas

El informe concluyó con un fuerte cuestionamiento al estado actual de las Fuerzas Armadas argentinas y a la situación de sus integrantes retirados, veteranos y familiares.

“El Presto” denunció que existe abandono institucional y reclamó mayor atención política y social sobre la situación sanitaria y presupuestaria que atraviesa el sector militar, al tiempo que criticó a los medios de comunicación por no darle suficiente espacio al tema.

Secuestraron drogas prohibidas y alimentos elaborados con Marihuana

En el marco de una investigación impulsada por la Unidad Fiscal Federal de Santa Rosa, a cargo de Iara Silvestre, personal del Grupo de Redes Urbanas, dependiente del Área de Coordinación Operativa de Lucha contra el Narcotráfico (ACOLN), llevó adelante un allanamiento en un domicilio de la ciudad capital.  Durante el procedimiento se secuestraron estupefacientes y diversos elementos de interés para la causa, en el marco de una pesquisa orientada a la posible comercialización de sustancias prohibidas. Entre los materiales incautados se encontraron cogollos y hojas de cannabis, plantas y esquejes de la misma especie, y hongos alucinógenos que, tras ser sometidos a test orientativos, arrojaron resultado positivo para psilocibina (sustancia química presente en ciertos tipos de hongos. También se secuestró una importante cantidad de productos comestibles elaborados (brownies, chocolates, alfajores, gomitas y tortas) que contendrían sustancias compatibles con cannabis, conforme a los análisis preliminares realizados en el lugar.
En la vivienda se hallaron además balanzas de precisión, envoltorios, moldes para elaboración de productos, dinero en efectivo, un teléfono celular y una computadora, todos incorporados a la causa como elementos probatorios de la presunta actividad de comercialización. La persona investigada fue notificada en libertad y quedó supeditada a la causa con intervención de la Justicia Federal, que continúa la investigación para determinar el alcance de la actividad y sus posibles conexiones. La producción, fraccionamiento y comercialización de sustancias prohibidas, incluida su incorporación en productos alimenticios, se encuentra alcanzada por la legislación vigente en materia de estupefacientes y es materia de investigación y sanción en el ámbito federal.

Se presentó “Memoria de los nuestros”, una propuesta de lenguaje total

En la tarde del 1 de mayo, cuando el reloj marcaba las 19:40, la sala de la Biblioteca Popular Bartolomé Mitre se transformó en un espacio de evocación, arte y memoria colectiva. Allí se presentó “Memoria de los nuestros”, una propuesta de lenguaje total que combinó música, relato, sonido e iluminación para reconstruir fragmentos de una historia profundamente arraigada en la identidad pampeana.

La obra estuvo a cargo de la voz y percusión de Vero V, junto a Javier Abalís, en guitarra y voz, mientras que Valeria Ruggeri aportó el sostén técnico desde la iluminación y los audios. La actividad fue impulsada en conjunto con el programa político partidario y cultural “Quien quiera oír que oiga”, en una convocatoria que invitó a la comunidad a detenerse, escuchar y sentir.

Desde el inicio, el clima fue íntimo. Una bienvenida sencilla anticipó lo que vendría: “un espectáculo que habla de la memoria de los nuestros”. Y así fue. La obra desplegó una narrativa sensible sobre las vidas de Nelson Nicoletti y Delfor Sombra, dos pampeanos atravesados por la militancia, la amistad y el impacto brutal de la última dictadura cívico-militar en la Argentina.

A través de relatos cargados de emoción, música y escenas reconstruidas, el público fue guiado por distintos momentos de sus vidas: la juventud, los sueños compartidos, el compromiso político, la represión, el exilio y la resistencia. La historia se tejió con pequeños gestos profundamente humanos: una guitarra que no se vende porque “los sueños no se venden”, cartas que nunca llegan, compañeros que comparten el pan en la cárcel, y amistades que sobreviven al desarraigo.

La puesta no buscó espectacularidad sino profundidad. Cada palabra, cada silencio y cada acorde construyeron una atmósfera donde lo individual se diluyó en lo colectivo. La memoria no apareció como un relato cerrado del pasado, sino como una presencia viva, que interpela el presente. Uno de los ejes más potentes fue la reivindicación de valores como la solidaridad, la empatía y la lucha compartida. La figura de Nicoletti, desde su experiencia cooperativista y política, y la de Sombra, desde el arte y el exilio, se convirtieron en símbolos de una generación atravesada por la historia, pero también sostenida por la esperanza.

El cierre dejó una imagen cargada de sentido: la memoria como un nido construido con esfuerzo colectivo, como ese de los horneros sobre el pilar simbólico de la palabra “Memoria”. Allí, en ese gesto simple, se condensó el espíritu de la obra.

Antes de despedirse, los artistas agradecieron el acompañamiento y remarcaron el sentido profundo de la propuesta: “es una obra que nos hace desterrar el individualismo por lo colectivo, mirar la historia, traerla al presente y seguir trabajando desde ahí”.La noche en la biblioteca no fue solo un espectáculo. Fue un acto de memoria, un ejercicio de identidad y una invitación a sostener, entre todos, las banderas de memoria, verdad y justicia.

Adorni dijo que Nación no transferirá las rutas nacionales a La Pampa para que las arregle, pero tampoco Nación lo hace

El jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, afirmó este miércoles en su informe ante el Congreso Nacional que Vialidad Nacional no tiene en trámite la transferencia de rutas nacionales a la provincia de La Pampa. “No se encuentra en trámite de transferir a la Provincia de La Pampa el mantenimiento y/o ejecución de obras sobre rutas nacionales”, dijo.

De esta manera respondió a la pregunta 1.672, en la que se le consultó sobre la posible cesión de trazas como la ruta nacional 5 y otras, junto con la correspondiente asignación de recursos. En ese planteo, además, se recordó que el pedido había sido realizado formalmente por el gobernador Sergio Ziliotto en enero y julio de 2025.

El intendente de General Acha, Abel Sabarots, había pedido la semana pasada a Vialidad Nacional el arreglo de la ruta 152 hasta El Carancho, pero le respondieron que no tienen fondos.

Hace una semana, en tanto, Ziliotto recibió a integrantes de la Agrupación Autovía Ruta 5. Durante el encuentro analizaron el estado de las rutas nacionales que atraviesan la Provincia y la necesidad de avanzar con obras de infraestructura vial que permanecen postergadas por el Gobierno nacional.

Desde el Ejecutivo provincial detallaron las gestiones y reclamos realizados ante Nación para intervenir en más de 600 kilómetros de rutas nacionales en territorio pampeano. Recordaron que el primer planteo formal se presentó el 22 de enero de 2025 y que, hasta el momento, no hubo respuestas concretas.

Sec-Rec-Hídricos de LP: “Mendoza cortó el río Atuel y todavía hoy no se cumple el fallo de la Corte”

El secretario de Recursos Hídricos de La Pampa, José Gobbi, respondió con dureza a la defensa que hizo el diputado libertario Adrián Ravier de la modificación de la Ley de Glaciares. Advirtió que su postura “es peligrosa para las provincias aguas abajo y desconoce cómo funcionan las cuencas hídricas” y subrayó que “sigue buscando artilugios para justificar su voto en contra de La Pampa”.

“Lo que plantea el diputado Ravier es, en los hechos, que cada provincia cordillerana decida unilateralmente qué glaciar protege y cuál no. Eso es extremadamente grave. Significa habilitar que quienes están aguas arriba definan sobre un recurso que no les pertenece sólo a ellos, sino a todas las provincias que dependemos de esos ríos. La Pampa ya sufrió esa lógica: Mendoza cortó unilateralmente el río Atuel y todavía hoy no se cumple plenamente el fallo de la Corte Suprema de 2020 que ordenó garantizar un caudal mínimo. Con ese antecedente, darles a las provincias aguas arriba más poder para decidir sobre el agua implica aumentar el riesgo de que situaciones similares se repitan. No es una hipótesis teórica: es una experiencia concreta que ya padecimos”, afirmó.  Gobbi sostuvo que la reforma “rompe el enfoque federal del manejo del agua” y debilita la protección del recurso. “Los glaciares no son un recurso local, son reservas estratégicas de agua. Delegar esa decisión en cada provincia es abrir la puerta a que se prioricen actividades extractivas por sobre la seguridad hídrica de millones de argentinos”, remarcó. El funcionario también cuestionó el intento de minimizar la importancia hídrica de los glaciares. “Reducir el debate a si el río Colorado es nival o glaciar es una simplificación incorrecta. Los glaciares y el ambiente periglacial cumplen una función hidrológica clave: almacenan agua, recargan cuencas y regulan los caudales, especialmente en períodos de sequía. Desconocer eso es ignorar el funcionamiento básico de los sistemas hídricos andinos”, señaló. Además, advirtió que la modificación de la ley se da en un contexto de impulso a proyectos mineros de gran escala con alto consumo de agua. “Se está cambiando el paradigma: se pasa de proteger reservas estratégicas a habilitar actividades intensivas en agua en zonas de alta fragilidad. Para una provincia semiárida como La Pampa, eso implica aumentar la vulnerabilidad hídrica”, expresó. Gobbi fue más allá y sostuvo que la reforma invierte el principio precautorio ambiental. “Antes, ante la duda, se protegía. Ahora primero se habilita y después se evalúa. Ese cambio es regresivo y pone en riesgo el abastecimiento futuro. El agua no se negocia ni se experimenta”, afirmó. Finalmente, el secretario de Recursos Hídricos fue contundente: “La postura del diputado Ravier desconoce la realidad de las provincias aguas abajo. La Pampa depende del río Colorado para el abastecimiento de su población y su desarrollo productivo. Cualquier debilitamiento de la protección de glaciares aumenta el riesgo sobre ese recurso. No estamos discutiendo ideología, estamos defendiendo el agua y el futuro de los pampeanos”.

El diputado nacional Adrián Ravier escribió un articulo explicando su voto para modificar la ley de glaciares

Los Diputados Nacionales no somos expertos en todas las áreas sobre las cuales legislamos, pero al menos en el bloque de LLA recibimos expertos que nos ilustran sobre las cuestiones asociadas a cada proyecto sobre el cual pretendemos legislar. A esto se suman las audiencias públicas y los estudios que cada uno desarrolla en forma particular para hacer un trabajo responsable. Como Diputado Nacional me corresponde legislar sobre cuestiones nacionales que son relevantes para todos los argentinos, aunque nunca dejo de pensar en los pampeanos que confiaron en mi su voto para representar sus intereses. Así fue que asumimos el 10 de diciembre de 2025 y desde entonces aprobamos un Presupuesto Nacional con equilibrio fiscal a partir del cual puede continuar generándose la baja en la inflación, mientras pagamos los intereses de la deuda heredada y avanzamos en un proceso de des-endeudamiento; aprobamos la Ley de Inocencia Fiscal para que los dólares salgan de abajo del colchón y vuelvan a los bancos; ratificamos un acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea para abrir mercados para las empresas pampeanas; aprobamos una reforma laboral para generar empleo formal, además de eliminar 8 impuestos nacionales; entre muchas otras leyes. En el caso de esta reforma a la Ley de Preservación de los Glaciares quiero expresarle a los pampeanos que mi voto positivo se funda en el equilibrio que la modificación presenta para aumentar la producción minera, de relevancia particular para provincias como Santa Cruz, San Juan, Jujuy, Salta y Catamarca, pero sin poner en riesgo el agua que nos provee a los pampeanos el río Colorado.

El gobernador Sergio Ziliotto, junto con las autoridades de la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam), la Fundación Chadileuvú y la Asociación por los Ríos Pampeanos, anunció la presentación de un amparo judicial para intentar frenar la modificación de la Ley de Preservación de Glaciares aprobada por la Cámara de Diputados el miércoles pasado. En ese marco, realizó una conferencia de prensa en la que expuso argumentos políticos infundados que no se ajustan a los resultados de las investigaciones científicas en la materia.

Nieve y hielo

Ziliotto declaró que el río Colorado es de origen glaciar, lo que es falso. Su origen es principalmente nival, es decir, su caudal proviene del derretimiento de la nieve acumulada en invierno. Esta es la razón por la cual año a año se mide la nieve acumulada para definir el caudal de agua con la cual se contará en cada período. El río nace de la confluencia de los ríos Grande y Barrancas. Si bien puede variar de año en año, el río Grande aporta aproximadamente el 80% del caudal y su alimentación es exclusivamente nival, mientras que el Barrancas corresponde a una cuenca de transición entre regímenes nivales y pluvio-nivales. La columna del geólogo Daniel Jerez en Infobae el pasado 2 de abril puede arrojar luz sobre la necesidad de hacer estudios científicos particulares para cada caso para cuantificar el agua que pueden aportar un Glaciar de Escombros a un río particular. Su análisis arroja datos que pueden permitir dimensionar toda esta problemática.

El Colorado nace de la confluencia de los ríos Grande y Barrancas. Si bien puede variar de año en año, el río Grande aporta cerca de 80% del caudal y su alimentación es exclusivamente nival

El gobernador también se refirió al conflicto con Mendoza por el río Atuel como antecedente que justificaría el amparo. Esta comparación es incorrecta. La Ley de Glaciares establece que solo pueden desarrollarse actividades en aquellas zonas donde se demuestre científicamente que no cumplen una función hídrica relevante. Dicho de otra manera, no se pueden realizar actividades que alteren de modo relevante la función de la zona como proveedora de agua. Lo que ocurrió en el pasado con el río Atuel, nada tiene que ver con los aspectos que trata la reforma a la Ley de Glaciares.Los glaciares en territorios bajo tutela de Parques Nacionales están fuera del alcance de los proyectos minerosLos glaciares en territorios bajo tutela de Parques Nacionales están fuera del alcance de los proyectos mineros

La ley modificada sigue protegiendo ambientes glaciares y periglaciares incluidos en el “Inventario Nacional de Glaciares”. Cualquier provincia puede añadir nuevos glaciares al inventario. El criterio rector es claro: todos los ambientes que cumplan una función hídrica deben ser protegidos.

El problema, y la razón por la cual se hizo una modificación, es que el IANIGLA (Inventario Nacional de Glaciares) ha sido ineficiente a la hora de avanzar con la clasificación de los glaciares. No se realizó la tarea de determinar si los glaciares listados cumplen o no una función hídrica, tarea para la cual tuvieron 15 años. Esa ineficiencia llevó a la paralización de proyectos productivos, afectando el ejercicio legítimo de las provincias sobre sus recursos naturales y limitando su desarrollo económico.

Se propuso entonces un cambio de paradigma: ahora son las autoridades provinciales, con los equipos técnicos que designen, las llamadas a generar y aportar la información técnica de primera mano que permita completar, actualizar y dar utilidad práctica al Inventario.

La ineficiencia para avanzar con la clasificación de los glaciares llevó a la paralización de proyectos productivos y afectó el ejercicio legítimo de las provincias sobre sus recursos naturales, limitando su desarrollo económico

Además, en la ley rige el Principio Precautorio y Protección Inicial: Todos los glaciares y geoformas que ya están incluidos en el Inventario Nacional se consideran protegidos hasta que la autoridad competente de la jurisdicción demuestre, mediante estudios técnico-científicos, que no cumplen las funciones de reserva hídrica o recarga de cuencas.

Lo que sucede, entonces, es que el gobernador utiliza la preocupación legítima de los pampeanos por el cuidado del río Colorado y el conflicto del Atuel para construir un discurso político -no científico- basado en el temor, orientado a oponerse a políticas de desarrollo. Al mismo tiempo, busca desviar la atención de la falta de avances en materia de gestión hídrica provincial. Defender el agua no es presentar amparos, sino invertir en infraestructura eficiente dentro de la propia provincia.

Este gobierno de Javier Milei está avanzando en desarmar la máquina de impedir en que se ha constituido el Estado argentino y que nos llevó a medio siglo de estancamiento.

La máquina de impedir

A diciembre de 2023 la economía agropecuaria estaba limitada por precios intervenidos, retenciones, burocracia y límites de exportación. A partir de soltar los precios, bajar retenciones, desregular y liberar las exportaciones, el campo y las economías regionales disfrutan de un despertar que conduce a producción y exportaciones récord. 

En materia energética ocurre algo similar. Con precios libres, la aprobación del RIGI, la desregulación y la liberación de exportaciones, Argentina no sólo se autoabastece de energía, sino que expande su producción y sus exportaciones.

La minería permaneció dormida, y es a partir del gobierno de Milei con iniciativas como el RIGI y de la aprobación de esta reforma a la Ley de preservación de Glaciares que provincias como Santa Cruz, San Juan, Jujuy, Salta o Catamarca, entre otras, podrán incrementar la generación de riquezas para dar soluciones a sus dificultades locales, siempre priorizando el cuidado de las reservas hídricas.

El espíritu de la reforma a la Ley de Glaciares es evitar prohibiciones absolutas, abstractas y genéricas. El objetivo es permitir el aprovechamiento racional de los recursos naturales siempre que se garantice que no se comprometa la reserva estratégica de agua para el consumo humano, la agricultura o la biodiversidad. Para que la Argentina pueda crecer hay que dejar atrás la lógica de “ambiente vs. economía” porque es perfectamente posible proteger el medio ambiente y, al mismo tiempo, promover el desarrollo sustentable de las economías regionales, respetando el dominio de las provincias sobre sus recursos naturales consagrado en el artículo 124 de la Constitución.

El autor es Doctor en Economía, Profesor titular de Introducción y Fundamentos de Economía en la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la UNLPam, Diputado Nacional y Presidente de LLA en La Pampa

Nigeria frente al colapso energético: la energía solar emerge como alternativa para hogares y pequeñas industrias

Durante los últimos años, la crisis energética en Nigeria se ha convertido en una de las principales preocupaciones para millones de habitantes, especialmente en Lagos, la ciudad más poblada de África. Con alrededor de 25 millones de habitantes, la metrópolis enfrenta cortes de electricidad que pueden extenderse hasta 12 horas diarias, e incluso semanas enteras sin suministro estable.La falta de energía eléctrica impacta directamente en la vida cotidiana. En numerosos hogares, la iluminación depende exclusivamente de linternas de teléfonos móviles, mientras que actividades básicas —como trabajar, estudiar o comunicarse— se vuelven difíciles en condiciones de oscuridad constante.

Generadores: una solución costosa y contaminante

Ante la inestabilidad del sistema eléctrico, gran parte de la población ha recurrido históricamente al uso de generadores a combustible. Estos dispositivos, omnipresentes en mercados y barrios, no solo generan altos niveles de ruido, sino también contaminación por emisiones y olores.

Durante años, esta alternativa fue viable gracias a los subsidios estatales al combustible. Sin embargo, el panorama cambió drásticamente el 29 de mayo de 2023, tras la asunción del presidente Bola Tinubu, quien eliminó dichos subsidios. Como consecuencia, el precio del combustible casi se triplicó, volviendo insostenible tanto el uso cotidiano de vehículos como el funcionamiento de generadores.

Este cambio afectó de manera directa a hogares y pequeñas industrias, que dependen de la energía para tareas esenciales como iluminación, ventilación o carga de dispositivos móviles.

Un sistema insuficiente frente a la demanda

El problema de fondo radica en la limitada capacidad de generación eléctrica del país. En Lagos, el suministro estatal ronda los 1.000 megavatios, una cifra considerablemente baja si se compara con otras ciudades de tamaño similar, como Shanghái, que dispone de casi 30 veces más energía.

Esta brecha energética ha impulsado la búsqueda de alternativas fuera de la red tradicional, abriendo una ventana de oportunidad para el desarrollo de energías renovables.

Energía solar: oportunidad y desafíos

En este contexto, la energía solar comienza a posicionarse como una solución viable, especialmente a nivel domiciliario y para pequeñas empresas. Compañías como Arnergy han comenzado a desarrollar sistemas más accesibles, incluyendo baterías de almacenamiento de menor costo orientadas a sectores de ingresos medios.

El crecimiento proyectado del sector es significativo. Según estimaciones de Bloomberg New Energy Finance, la capacidad de energía solar en Nigeria podría pasar de 1 gigavatio en 2022 a 21,5 gigavatios para 2030, superando ampliamente previsiones anteriores.

Sin embargo, la transición no está exenta de obstáculos. El principal desafío sigue siendo el costo inicial de instalación, que resulta elevado para gran parte de la población. A esto se suma la falta de financiamiento accesible, con planes que rara vez superan los tres años, lo que limita la adopción masiva.

Entre el escepticismo y la necesidad

A pesar de sus beneficios a largo plazo, muchos nigerianos continúan mostrando resistencia al cambio. La costumbre de depender de combustibles fósiles y la urgencia por soluciones inmediatas influyen en la toma de decisiones, especialmente en un contexto económico complejo. No obstante, la necesidad de contar con una fuente de energía confiable comienza a inclinar la balanza. Para muchos usuarios, la prioridad no es el consumo intensivo —como el uso de aire acondicionado— sino garantizar servicios básicos: luz, ventilación y conectividad.

Un modelo con potencial global

El avance de la energía solar en Nigeria podría convertirse en un caso paradigmático a nivel internacional. A diferencia de otros países, el desarrollo se orienta hacia sistemas independientes de la red eléctrica, lo que permitiría una expansión más rápida y descentralizada.

Actualmente, los generadores en Lagos producen cerca de 15.000 megavatios. Si una parte significativa de esa capacidad fuera reemplazada por energía solar, el impacto sería considerable, no solo en términos ambientales, sino también en calidad de vida.

En un mundo donde numerosos países enfrentan problemas de pobreza energética o sistemas eléctricos poco confiables, la experiencia nigeriana podría ofrecer un modelo replicable, basado en soluciones accesibles, descentralizadas y sostenibles.

La transición energética en Nigeria aún enfrenta desafíos estructurales, pero también representa una oportunidad histórica para redefinir el acceso a la energía en contextos de alta vulnerabilidad.

Desbarataron red que abastecía cocaína a Santa Rosa operando desde la U-4

Un operativo coordinado por la Oficina de Inteligencia Criminal y Análisis de las Comunicaciones, perteneciente al Área de Coordinación Operativa y Lucha contra el Narcotráfico de la Policía de La Pampa, permitió desarticular una estructura criminal dedicada al transporte de estupefacientes desde el Gran Buenos Aires hacia La Pampa, mediante una investigación iniciada en el mes de junio del año 2025 con intervención de la Justicia Federal de la Provincia.   La investigación permitió establecer que la organización operaba con conexiones externas y que su coordinación se realizaba desde una celda del Servicio Penitenciario Federal U4 con asiento en esta ciudad, por una persona de nacionalidad extranjera condenada por delitos previstos por la Ley 23.737, quien mantenía vínculos con el exterior para asegurar el abastecimiento de droga a distribuidores de Santa Rosa.
Desde el interior del penal, se coordinaba cada operación de transporte de droga, mientras su hermano acataba las órdenes y ejecutaba los traslados a esta ciudad para ser distribuidos inmediatamente a “reveendedores” locales.
Fue así como la Oficina de Inteligencia Criminal, dispuso controles en puntos estratégicos de la Provincia, logrando detectar, por uno de los ingresos a territorio pampeano, la circulación de dos vehículos que se desplazaban de manera coordinada hacía nuestra capital en una modalidad compatible y muy propia, a un transporte de estupefacientes, lo que activó un operativo policial en el acceso a esta ciudad.
La maniobra terminó en el acceso a Santa Rosa, donde fue interceptado el Peugeot 207 en el que se trasladaban dos santarroseños. En el rodado se secuestró un “ladrillo” de 964 gramos de clorhidrato de cocaína, además de envoltorios con 19 gramos de cocaína y 8 gramos de marihuana, listos para su comercialización al menudeo, junto con dinero en efectivo y teléfonos celulares.
Cabe destacar que uno de los ocupantes había recuperado la libertad recientemente y registra antecedentes por hechos de la misma naturaleza.
El segundo vehículo, una Chevrolet Montana, era conducido por el hermano del detenido alojado en el Servicio Penitenciario Federal, quien según la investigación operaba con distribuidores locales de esta ciudad y realizaba viajes con frecuencia a esta ciudad para abastecer la demanda de estupefacientes. En el rodado se detectó un compartimiento oculto detrás de las butacas, lo que indica que el vehículo había sido acondicionado con fines delictivos para la logística de transporte. Como consecuencia directa de la incautación, se avanzó con diligencias judiciales y se realizó un procedimiento clave: el allanamiento de la celda de la Unidad Nº 4 del Servicio Penitenciario Federal ocupada por quien era el principal coordinador de esta organización dedicada al tráfico de estupefacientes. Allí se secuestraron anotaciones manuscritas y cuadernillos, elementos de alto valor probatorio que permiten profundizar la investigación, reconstruir comunicaciones y establecer conexiones criminales.
Todo terminó con la detención de cuatro personas involucradas, dos de ellas de nacionalidad paraguaya y dos de nacionalidad argentina y el secuestro de los dos vehículos utilizados para la maniobra, así como la droga y dinero incautado, quedando la totalidad de los elementos a disposición de la Justicia Federal interviniente.
Este resultado refleja la lucha sostenida de la Policía de La Pampa contra organizaciones de narcotráfico que intentan abastecer y distribuir estupefacientes en la Provincia, atacando la cadena completa del delito: origen, transporte y destino final.

Argentina sigue recordando el día del niño por nacer cada 25 de marzo desde 1998

El Día del Niño por Nacer, celebrado cada 25 de marzo en Argentina, genera posiciones encontradas que atraviesan dimensiones éticas, religiosas, científicas y políticas. La fecha, instituida en 1998 durante la presidencia de Carlos Menem, busca poner en agenda la protección de la vida desde la concepción. Sin embargo, en el contexto actual —marcado por la legalización del aborto mediante la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en 2020—, su significado se vuelve objeto de fuertes discusiones.

Argumentos a favor

Quienes defienden el Día del Niño por Nacer sostienen que la vida humana comienza desde el momento de la concepción. Desde esta perspectiva, el embrión ya es un sujeto con derechos que debe ser protegido por el Estado y la sociedad. Para estos sectores, la fecha cumple un rol simbólico importante: visibiliza una etapa de la vida muchas veces ignorada y promueve una cultura de respeto hacia la vida en gestación.

En muchos casos, esta postura se apoya en convicciones religiosas —particularmente vinculadas a la Iglesia Católica— pero también en argumentos bioéticos que destacan la continuidad del desarrollo humano desde sus primeras etapas. Además, quienes la apoyan consideran que la conmemoración puede fomentar políticas públicas orientadas al acompañamiento de mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad, promoviendo alternativas al aborto.

Argumentos en contra

Por otro lado, sectores que cuestionan esta fecha consideran que su instauración responde a una mirada ideológica que no contempla la complejidad de las decisiones reproductivas. Señalan que al centrarse exclusivamente en el “niño por nacer”, se invisibiliza a la mujer gestante, sus derechos, su salud y su autonomía.

Desde esta óptica, el Día del Niño por Nacer puede ser interpretado como una forma de presión simbólica contra derechos conquistados, como el acceso a la matanza del feto en gestación con financiación estatal, o sea, pago con impuestos. Organizaciones feministas y de derechos humanos advierten que esta conmemoración puede reforzar estigmas y obstaculizar el acceso a servicios matanza del feto en gestación con financiación estatal

Asimismo, se cuestiona el uso del término “niño” para referirse a un embrión o feto, ya que implica una definición que no es compartida por toda la comunidad científica ni por la legislación vigente en todos los países. Para estos sectores, el lenguaje no es neutral y puede influir en la percepción social del aborto.

Un debate abierto

El Día del Niño por Nacer se inserta en un debate más amplio sobre cuándo comienza la vida, qué derechos deben priorizarse y cuál es el rol del Estado en estas decisiones. Lejos de resolverse, la discusión continúa siendo parte de la agenda pública y refleja tensiones profundas dentro de la sociedad argentina.

El derecho a la vida es ninguneado en Argentina, desde 2020, no solo por los arrestos inconstitucionales con excusa de pandemia de esos años, también por la sanción de una ley, que contradice legislación vigente y quita el derecho a vivir a fetos en gestación…