La madrugada del 3 de enero quebró la rutina nocturna de Caracas. Eran cerca de la 1:30, hora local, cuando los primeros reportes comenzaron a multiplicarse en redes sociales: vecinos de distintos sectores de la capital aseguraban haber escuchado el sobrevuelo de aviones a baja altura. La inquietud creció minuto a minuto.
Unos veinte minutos después, el estruendo confirmó los temores. El reloj se aproximaba a las 2:00 cuando fuertes explosiones sacudieron la ciudad y destellos iluminaron el cielo nocturno. El ruido se escuchó a varios kilómetros de distancia y dejó a miles de caraqueños en estado de alarma. Desde balcones y ventanas, y en medio de la confusión, comenzaron a circular las primeras imágenes captadas por ciudadanos con sus teléfonos móviles.
Según el relato de testigos, se trató de un ataque militar preciso y coordinado. El régimen de Nicolás Maduro denunció horas más tarde, a través de un comunicado oficial, que las acciones habrían sido ejecutadas por fuerzas de Estados Unidos contra objetivos estratégicos del país, calificándolas como una agresión extranjera.
Las detonaciones fueron reportadas en puntos clave del poder militar venezolano. Entre ellos, el Fuerte Tiuna, el principal complejo militar del país ubicado en el oeste de Caracas, donde funcionan el Ministerio de Defensa, la Comandancia General del Ejército, la Academia Militar y la residencia del vicepresidente. También se mencionó la base aérea Generalísimo Francisco de Miranda, conocida como La Carlota, considerada una de las instalaciones más sensibles del sistema de defensa nacional.
Minutos después de las explosiones, testigos afirmaron haber visto helicópteros y aeronaves sobrevolando la capital a baja altura, reforzando la versión de una operación militar en desarrollo. El clima de incertidumbre se mantuvo durante varias horas, mientras continuaban los reportes aislados desde distintos puntos del país.
El comunicado oficial amplió el alcance de los ataques y señaló que no solo Caracas habría sido blanco de las acciones, sino también los estados de Miranda, La Guaira y Aragua. Entre los lugares mencionados se encuentran el Cuartel de la Montaña, en Catia, donde reposan los restos del fallecido expresidente Hugo Chávez; la base de helicópteros de Higuerote, estratégica para el apoyo aéreo en la región capital; el aeropuerto de El Hatillo y el cerro El Volcán, donde se concentran antenas de transmisión televisiva.
En La Guaira, se reportaron impactos en instalaciones de las fuerzas navales, mientras que en estados como Lara y Aragua —especialmente en Barquisimeto y Maracay— se habrían registrado ataques en zonas de alto valor militar, donde operan la Escuela de Aviación Militar, aeropuertos castrenses, campos de entrenamiento táctico y empresas vinculadas al desarrollo de armamento.
Entre los reportes más sensibles también se mencionó el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional afín al oficialismo, aunque hasta el momento no se difundieron detalles oficiales sobre daños o víctimas.
Mientras amanecía en Caracas, el país permanecía en vilo. Las autoridades reforzaron el discurso de denuncia internacional y la población seguía aferrada a las redes sociales como principal fuente de información, en una jornada marcada por el miedo, la incertidumbre y la falta de precisiones oficiales sobre el alcance real de los hechos
Impacto de la caída de la economía
El encuentro contó con la presencia del ministro de Obras y Servicios Públicos de La Pampa, Alfredo Intronati; el diputado nacional Martín Ardohain; y los intendentes de 25 de Mayo, Leonel Monsalve; de Catriel (Río Negro), Daniela Salzotto; de Puelén, Mario Rebolledo; de Algarrobo del Águila, Oscar Gatica; de Santa Isabel, Guillermo Farana; y de La Reforma, Elías Colado, acompañados por autoridades de los Concejos Deliberantes de 25 de Mayo y Catriel. También se sumó Ernesto Inal, secretario general adjunto del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, autoridades de los municipios del corredor, cámaras empresariales, sectores productivos, organizaciones de la sociedad civil, vecinos y familias directamente afectadas por el estado de la Ruta Nacional N°151.
El eje que atravesó toda la conversación fue el llamado “riesgo Kuka”, un concepto que Milei defendió con insistencia frente a las críticas que lo reducen a una consigna política. Para el Presidente, no se trata de una etiqueta ideológica sino de un fenómeno económico concreto: la incertidumbre extrema generada por la posibilidad de un regreso del populismo, capaz de destruir expectativas, disparar tasas de interés y vaciar la demanda de dinero.
Estuvieron presentes el ministro de Gobierno y Asuntos Municipales, Pascual Fernández; el ministro de Desarrollo Social y DDHH, Diego Álvarez; y el subsecretario de Cooperativas, Fabián Bruna; acompañando al presidente de la Cooperativa, Jorge Díaz, junto a autoridades locales, cooperativistas y vecinos y vecinas. El festejo tuvo lugar en la sede de la entidad solidaria, con la presencia de ex empleados, invitados especiales y asociados. Allí se descubrieron placas alusivas y se hizo una recorrida por las instalaciones. Más tarde, en el estadio del Club Cochicó se presentaron varios grupos musicales con el cierre del conjunto musical La Delio Valdez. Durante el acto también se homenajeó a la socia más longeva de la entidad, Laurentina Ainó, de 104 años, reconocida como “memoria viva de la institución”. Por motivos personales no pudo asistir y el reconocimiento fue recibido por la intendenta de Telén, Susana Bazán. 
El ministro de Gobierno y Asuntos Municipales, Pascual Fernández, destacó en su discurso el rol estratégico del movimiento cooperativo en la prestación de servicios en zonas donde el mercado no llega. Agradeció la invitación y puso en valor la historia de la entidad: “Ochenta años de historia, de trayectoria, pero también de una manera de ver la vida… de que los logros sean colectivos”.
Entre los expositores estuvieron:
“El Gobierno de La Pampa considera inaceptable que, por primera vez, una representación oficial del Estado argentino lleve a un foro internacional una postura que contradice de manera directa las políticas de Estado sostenidas durante décadas en materia de derechos humanos, así como el consenso histórico construido en torno al proceso de Memoria, Verdad y Justicia” señala el documento emitido por la Subsecretaría pampeana.
“El negacionismo no solo desconoce la magnitud del horror producido por la dictadura cívico-militar, sino que atenta contra los valores democráticos básicos y contra el compromiso que la Argentina adoptó ante el mundo para garantizar justicia, reparación y no repetición. Asimismo, preocupa profundamente que estas manifestaciones se hayan producido en el marco de una presentación ante el Comité contra la Tortura, en un contexto de endurecimiento del sistema carcelario en el país. Un Gobierno, aún contando con la representación institucional de la Nación, no puede situarse en contra de las políticas de Estado, de la verdad histórica ni de los principios fundamentales asociados a los derechos humanos” agrega.
Cabe destacar que el monto mensual de la beca será, desde febrero de 2026, de $300.000 (valor actualizable con salarios estatales).