Personal policial del Grupo de Redes Urbanas, dependiente del Área de Coordinación Operativa de Lucha contra el Narcotráfico (ACOLN), llevó adelante un allanamiento en un domicilio de la localidad de Eduardo Castex, en el marco de una investigación por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737.
El operativo se desarrolló con autorización judicial del juez federal de Garantía, Juan José Baric. En el lugar se encontraban las dos personas investigadas, dos hermanos mayores de edad, junto a otros integrantes del grupo familiar y personas que visitaban el inmueble. Como resultado del procedimiento se secuestraron 29 gramos de cocaína distribuidos en 10 envoltorios, 2,6 gramos de marihuana, $93.000 en efectivo, teléfonos celulares, elementos de corte y fraccionamiento, y balanzas de precisión digitales. Asimismo, personal de la Comisaría local procedió al secuestro de elementos vinculados a delitos contra la propiedad registrados en la localidad, entre ellos un motor y dos ruedas pertenecientes a una motocicleta 110 cc. Ambos fueron detenidos, mientras que sus parejas quedaron debidamente notificadas de la causa judicial en trámite. La investigación continúa en curso bajo la órbita de la Unidad Fiscal Federal de Santa Rosa, a cargo de Iara Silvestre.
Secuestraron droga, dinero y elementos vinculados a delitos contra la propiedad en Castex
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La causa, con intervención de la Fiscalía Temática de Delitos Económicos, se originó a partir de distintos hechos denunciados, en los que personas mayores fueron contactadas telefónicamente por individuos que se hacían pasar por supuestos funcionarios de organismos públicos. Bajo engaño, les indicaban la necesidad urgente de cambiar sus ahorros en moneda extranjera, logrando que entregaran importantes sumas de dinero en dólares y otras divisas a personas que se presentaban en sus domicilios. A partir de las tareas investigativas, que incluyeron análisis de comunicaciones, relevamiento de cámaras de seguridad y seguimiento de los movimientos de los sospechosos, se logró establecer un patrón común de actuación y vincular distintos hechos ocurridos en la ciudad bajo la misma modalidad delictiva. En ese marco, se llevaron adelante allanamientos en la provincia de Mendoza, en coordinación con personal de la policía de investigaciones (PDI), donde se logró la detención de uno de los implicados y el secuestro de teléfonos celulares, prendas de vestir y un vehículo que habría sido utilizado para concretar al menos uno de los hechos investigados. Se estableció además que este imputado registraba un pedido de captura vigente por un hecho de estafa bajo la misma modalidad en la provincia de Córdoba, lo que refuerza la hipótesis de su participación en una estructura delictiva con alcance interprovincial. De manera simultánea, en la localidad de Centenario, provincia de Neuquén, y en coordinación con personal del Departamento de Delitos Económicos de esa jurisdicción, se concretó otro procedimiento que permitió la detención de un segundo involucrado, sobre quien además pesaba un pedido de captura vigente en otra causa por estafa. Durante este procedimiento, se secuestraron dispositivos móviles, indumentaria y un vehículo sobre el cual recaía un pedido de secuestro vigente en el marco de otra investigación, elementos que serán sometidos a peritajes para profundizar la causa. Los hechos investigados presentan un patrón común: llamados telefónicos desde números ocultos o desconocidos, en los que los autores brindaban información personal de las víctimas para generar confianza, simulando ser empleados de entidades oficiales. Luego, coordinaban el retiro del dinero mediante terceros que se presentaban en los domicilios, sin ejercer violencia, pero aprovechándose del engaño. En varios de los casos, las víctimas entregaron sumas importantes de dinero en moneda extranjera, superando en algunos hechos los 20.000 dólares, lo que permite dimensionar el impacto económico de este tipo de delitos. Desde la Policía provincial se reiteró a la comunidad la importancia de extremar precauciones ante este tipo de maniobras, no brindar información personal ni entregar dinero ante llamados telefónicos sospechosos, y comunicarse de inmediato con la Policía a través del 101. 
La Cooperativa de Créditos Obras y Servicios Públicos de Victorica Limitada. La CEvic sacó un comunicado donde desmiente una parte de una publicación que da noticia de que tendría una demanda judicial por unos 15 millones de pesos. En un comunicado anterior con motivo de protestas y paro de empleados, que fue aplazado para negociar, por relaciones laborales
Trabajadores aseguran que llevan dos quincenas sin cobrar, denuncian pagos informales y acusan a la empresa de hostigamiento. La obra está paralizada desde hace dos semanas.
El eje central de esta mirada es la consigna de la “Memoria Completa”, que plantea que el Estado debe reconocer a todas las víctimas de la violencia política, no solo a aquellas afectadas por el terrorismo de Estado. Desde esta perspectiva, se sostiene que la narrativa predominante ha invisibilizado el accionar de organizaciones guerrilleras y paramilitares. En ese marco, el principio libertario de no agresión se utiliza para condenar tanto los crímenes estatales como los atentados de grupos insurgentes. El cuestionamiento a la cifra de los 30.000 desaparecidos aparece como una demanda de “verdad histórica”, más que —según sus defensores— una negación del sufrimiento.
El encuentro, encabezado por la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, permitió abordar los principales desafíos en materia de seguridad pública, con eje en el combate al narcotráfico, el crimen organizado y la coordinación entre jurisdicciones. En ese marco, el titular de la cartera pampeana planteó la necesidad de avanzar en herramientas concretas que fortalezcan las capacidades de investigación frente a las nuevas modalidades del delito. Durante su intervención, di Nápoli advirtió sobre las dificultades que enfrentan las investigaciones judiciales en torno al uso de aplicaciones de mensajería por parte de organizaciones delictivas. En esa línea, planteó la necesidad de avanzar en mecanismos que permitan regular o limitar el uso de estas plataformas en contextos delictivos: “Si hablamos de lucha contra el narcotráfico o el crimen organizado, debemos buscar herramientas a nivel informático que permitan bloquear o intervenir estos medios de comunicación”. El ministro remarcó que estas aplicaciones son utilizadas de manera sistemática por redes criminales, lo que dificulta el acceso a información clave para las investigaciones y limita la capacidad de respuesta del Estado. Otro de los ejes planteados por el funcionario provincial fue la necesidad de avanzar en una regulación más clara y efectiva del uso del espacio aéreo, particularmente en relación a los drones. “Hoy hay un descontrol en el uso de drones en el espacio aéreo. No contamos con herramientas suficientes para su regulación y control, y es un tema que debemos abordar con urgencia”, expresó. En ese sentido, advirtió que el uso de estas tecnologías sin supervisión puede representar riesgos tanto para la seguridad como para las tareas de prevención e investigación. Además, di Nápoli destacó la importancia de fortalecer el rol de las fuerzas de seguridad y reconocer el trabajo cotidiano de sus integrantes, al señalar que “son las y los profesionales que están en la calle todos los días, sosteniendo el sistema de seguridad con compromiso y vocación de servicio”. El Consejo de Seguridad Interior constituye un ámbito clave para la construcción de políticas públicas coordinadas, el intercambio de información y la definición de estrategias comunes frente a delitos complejos que requieren respuestas integrales y federales.
El procedimiento se realizó el pasado miércoles 25 de febrero en horas de la tarde, en un domicilio ubicado sobre calle Santa Cruz al 1700, con intervención de la Fiscalía Federal y bajo directivas del Juzgado Federal de Garantías de Santa Rosa. Durante el operativo, que contó con la colaboración del Grupo Especial, se incautaron diez plantas de cannabis, sustancia vegetal en proceso de secado con un peso total de 1 kilo 231 gramos (1,2 kilogramos), una pequeña cantidad de cocaína, elementos utilizados para el fraccionamiento de droga, dinero en efectivo y teléfonos celulares. Como resultado del procedimiento, un hombre mayor de edad fue detenido y puesto a disposición de la Justicia Federal. Según se informó, el involucrado ya había sido objeto de intervenciones previas en el marco de causas por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737. El operativo se enmarca en una investigación desarrollada por personal del Área de Coordinación Operativa de Lucha contra el Narcotráfico, que incluyó tareas de análisis y seguimiento para reunir los elementos probatorios que permitieron avanzar con la medida judicial.
Durante la entrevista también se refirió a las causas judiciales vinculadas al tema, a las críticas que recibió por sus investigaciones y a su postura sobre la necesidad de abrir un debate público sobre los posibles efectos adversos de las vacunas. Durante la entrevista, Lorena Di Blasi explicó que el CONICET le inició un sumario a raíz de estudios que realizó junto a otros investigadores sobre vacunas aplicadas durante la pandemia de COVID-19. Según indicó, los análisis se realizaron de manera independiente y con recursos aportados por la comunidad, mediante servicios técnicos contratados en laboratorios especializados.