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El Hospital Favaloro centraliza el 100% del análisis de sangre donada con tecnología de vanguardia

La Pampa se convierte en la tercera provincia del país y la primera en la Patagonia en lograr la centralización total de las determinaciones de sangre de los subsectores público y privado mediante biología molecular.

Los tres datos clave del anuncio

  1. Acreditación Nacional: El Banco de Sangre obtuvo la certificación de la Asociación Argentina de Hemoterapia, Inmunohematología y Terapia Celular (AAHITC).
  2. Inversión Provincial: Se incorporó un moderno analizador automatizado de biología molecular financiado por el Gobierno de La Pampa.
  3. Nuevo Rol Regional: El servicio se transforma en Centro Regional de Hemoterapia, garantizando sangre segura y gratuita para efectores públicos y clínicas privadas.

¿Qué es la tecnología NAT y por qué salva vidas?

La gran revolución de esta gestión es la incorporación de la biología molecular (tecnología NAT) para el análisis de los hemocomponentes.

A diferencia de los métodos tradicionales, esta tecnología reduce drásticamente el llamado “silencio inmunológico” o ventana serológica (el tiempo que tarda un virus en ser detectable desde que ingresa al cuerpo).Comparativa: Métodos tradicionales vs. Biología Molecular

Característica Análisis Serológico Tradicional Biología Molecular (Tecnología NAT)
¿Qué busca? Anticuerpos (la respuesta inmune del cuerpo). El ADN o ARN directo del virus.
Tiempo de detección Semanas o meses tras el contagio. Pocos días (detección casi inmediata).
Nivel de precisión Elevado, pero limitado por la ventana temporal. Máxima precisión y seguridad transfusional.

El nuevo mapa de la Hemoterapia en La Pampa

Con este avance, el Banco de Sangre del Hospital Favaloro deja de ser un servicio intrahospitalario para consolidarse como el nodo central de procesamiento de toda la provincia.

“Hoy funcionamos como un nodo central. Toda la serología y el procesamiento molecular provincial se centraliza y ejecuta en nuestro laboratorio en el Favaloro, garantizando que cada componente sanguíneo sea igual de seguro en cualquier rincón de La Pampa.”       

Dra. Ana Paula Portalez, Jefa del Banco de Sangre

Medicina de Alta Complejidad en Territorio

Disponer de este equipamiento permite realizar en la provincia procedimientos terapéuticos extremos sin necesidad de derivar pacientes. Un ejemplo de esto es la plasmaféresis (remoción de plasma enfermo mediante tecnología similar a la diálisis).

  • Caso de éxito reciente: Una paciente con Púrpura Trombocitopénica Trombótica requirió 120 unidades de plasma en solo 13 días. Gracias a la disponibilidad local y a la tecnología del Centro Regional, la paciente evolucionó de manera excelente.

Guía práctica para el Donante Voluntario

La necesidad de sangre es continua los 365 días del año. Una sola donación puede salvar hasta cuatro vidas (al obtener glóbulos rojos, plasma, plaquetas y crioprecipitados).

Requisitos Básicos para Donar:

  • Edad: Tener entre 18 y 65 años.
  • Peso: Superar los 50 kilos.
  • Documentación: Presentar DNI.
  • Salud: Sentirse bien y no asistir en ayunas (se recomienda tomar previamente agua, té o café sin leche; evitar grasas).
  • Límites de tiempo: Haber dejado pasar un año desde el último tatuaje, piercing, cirugía o parto.

¿Dónde acercarse?

  1. Santa Rosa: Hospital René Favaloro.
  2. General Pico: Establecimiento Asistencial Gobernador Centeno.
  3. General Acha: Hospital Padre Angel Buodo.

 

Fuente:  https://apn.lapampa.gob.ar/nota/detalle/id/30306/El-Banco-de-Sangre-del-Favaloro-ya-puede-analizar-las-donaciones-aplicando-biologa-molecular

Tupida trama de fraude científico y negocios corporativos multinacionales con el trigo HB4

El 11 de junio, la Profesora Raquel Lia Chan, recibirá en París el Premio Internacional L’Oréal-UNESCO a las Mujeres en la Ciencia 2026 “por transformar la biología vegetal fundamental en innovación agrícola mediante su descubrimiento de genes y mecanismos biológicos que mejoran la tolerancia de las plantas a los cambios ambientales”. 

Investigadora y profesora de la Universidad Nacional del Litoral (UNL); directora del Instituto de Agrobiotecnología del Litoral (CONICET-UNL), Argentina, su trabajo se especializó en el desarrollo de variedades de trigo, maíz, arroz y soja resistentes a la sequía. La distinción volvió a poner en debate uno de sus desarrollos “estrella” al que se dedicó durante años: el trigo HB4 promocionado como “resistente a la sequía” pero cuestionado tanto en el ámbito académico como desde el ambiental y productivo por poner en riesgo al trigo convencional por contaminación cruzada. También, por su tolerancia al glufosinato de amonio, un producto altamente tóxico, aún más que el herbicida glifosato, prohibido en la Unión Europea.   

El comunicado de prensa destaca a la doctora como “una líder visionaria y una mentora dedicada que ha formado a una nueva generación de científicos especializados en botánica”, también menciona que en la 28° edición, las cinco galardonadas fueron seleccionadas entre 504 candidaturas de 89 países. La “contribución a la seguridad alimentaria mundial” de Raquel Chan, a seis años de la aprobación comercial del trigo HB4 resulta difícil de evaluar en los mercados y en los territorios. Desde el sector ambiental denuncian que faltan datos sobre su producción y comercialización en Argentina. La obtención del Premio Internacional L’Oréal-UNESCO por parte de la biotecnóloga argentina Raquel Lía Chan volvió a poner en el centro del debate al trigo transgénico HB4

En diciembre de 2018 un artículo publicado en el medio PáginaI12 por el periodista Darío Aranda, titulado Peligro en las mesas argentinas”, alertaba sobre la aprobación de la papa y el trigo transgénicos, dos alimentos de consumo masivo en el país. La empresa Bioceres se había encargado de organizar el denominado “evento del año” para presentar el trigo HB4 frente a 200 personas en la localidad de Pergamino. 

La doctora Chan, tuvo su derecho a réplica en enero de 2019, con un artículo titulado “Por qué la palabra transgénico no debería ser una mala palabra”, en donde hablaba de imprecisiones y aclaraba que había mejorado las propiedades del trigo, con un gen de girasol agregado para hacerlo más tolerante a la sequía, que no necesariamente un transgénico estaba asociado al mayor uso de agrotóxicos. Y que aún no había sido liberado comercialmente, ya que debía pasar por numerosas pruebas de inocuidad para determinar que no afectara al ambiente.

A esa publicación respondió en el mismo medio el ingeniero agrónomo por la universidad de La Pampa, Fernando Frank, denunciando que sus afirmaciones estaban alejadas de la realidad y que había conflictos de interés en los mecanismos de fiscalización y control —de la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria (Conabia) y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa)—, a favor de las empresas transnacionales, y que por otra parte, tampoco se había consultado a los consumidores. En el campo la realidad era otra, consideraba Frank: “La opción de disminuir el consumo de agrotóxicos mediante la liberación de transgénicos de resistencia a herbicidas lleva más de 20 años, y es un fracaso ambiental y sanitario, pero a su vez una fuente exorbitante de ganancias para quienes venden venenos”.Especialistas y organizaciones socioambientales denuncian riesgos de contaminación genética, falta de información pública sobre su cultivo y uso, además de su tolerancia al glufosinato de amonio, un herbicida altamente cuestionado

Frente a la degradación creciente de los suelos, Fernando Frank acusaba a una ciencia de la que se colocaba en la vereda de enfrente: “la ciencia adicta a las transnacionales del agro repite una y otra vez falsas soluciones que omiten amplia documentación y experiencias en torno a las prácticas agroecológicas para salir de la grave calamidad ecológica, social y sanitaria que hoy atraviesa la agricultura, es decir la humanidad”

¡No se metan con nuestro pan!

En una charla con Economía Sustentable, Fernando Frank repasa todos los hitos desde la aparición del trigo HB4 y recuerda la repercusión de la primera aprobación comercial del trigo, sujeta a Brasil (con la condición de que fuera autorizada por los países compradores), en 2020, en plena pandemia y bajo el gobierno de Alberto Fernández por el Frente de Todos. 

Como protesta, más de mil trescientas organizaciones socioambientales y personas formaron parte de la campaña “No al trigo transgénico. No se metan con nuestro pan”, con movilizaciones en algunas ciudades del país. Aun antes de su aprobación, en 2016, se había producido el rechazo de un cargamento de trigo argentino en Corea del Sur por contener trigo transgénico ilegal, lo cual demostraba que ya se cultivaba y estaba afectando al ambiente.

Nosotros en un momento habíamos definido 10 motivos por los que decirle NO al trigo transgénico. En mi rol de ingeniero agrónomo me tocó en varios momentos aclarar sobre la contaminación cruzada. El trigo tiene autofecundación, pero siempre tiene un porcentaje de fecundación cruzada, que es lo que las plantas hacen como un mecanismo de aumentar la variabilidad genética. Hay unos trabajos científicos que registraban hasta un 15% de fecundación cruzada, irónicamente en situaciones de sequía, o sea que podía contaminar genéticamente por cruzamiento a los trigos no transgénicos, que son todos. Ahora hay novedades con respecto a la caída de la productividad, que no compite para nada con el resto de las variedades de trigo”, comenta.

Por entonces se conformó un colectivo de científicos y referentes ambientales llamado Trigo Limpio, que integró Fernando Frank. Fue parte de las manifestaciones frente a la empresa Havanna, cuando anunció que utilizaría harina de trigo HB4 para sus alfajores, lo cual quedó sin efecto tras la campaña de boicot, “Chau Havanna”. En 2023, Bioceres dio a conocer que al menos 25 industrias molineras argentinas usaban este trigo sin ningún tipo de restricción -ya que no tenían la obligación de informarlo a los consumidores-, entonces hubo reacciones y causas judiciales.  

A seis años de su aprobación comercial, críticos del proyecto sostienen que no existen evidencias concluyentes de sus beneficios productivos y reclaman evaluaciones independientes

En  junio de 2025 la empresa Bioceres S.A., del grupo biotecnológico rosarino, se declaró en default. En enero de este año resolvió presentarse en concurso preventivo de acreedores, finalmente decidió continuar con Bioceres Semillas, como desarrollador de tecnologías. La gestión del negocio de las semillas pasó a la empresa Horus, mientras que la venta del trigo HB4 quedó a cargo de Natal Seeds.

Lo que nosotros decimos es que en realidad lo que hicieron fue un fracaso tecnológico y comercial derivado del fracaso productivo de que el trigo HB4, como suponíamos, no es resistente a la sequía”, afirma Frank.

En un artículo realizado para una revista brasileña de agroecología, y también en la Agencia Tierra Viva, Frank expone las razones por las que considera que no son reales las ventajas de la tolerancia a la sequía. Incluso en estudios presentados por Bioceres sobre ensayos con variedades “testigo”, los datos contradicen las conclusiones, porque “las variedades no transgénicas, en promedio, produjeron más que el transgénico en condiciones de estrés hídrico”, por lo cual lo considera una mentira productiva.    Raquel Chan, investigadora del Conicet

Con respecto a la resistencia al glufosinato de amonio, Frank se refiere a una discusión en torno al tema: mientras que Raquel Chan decía que no era un objetivo tecnológico y que se trataba de  un residuo del proceso de desarrollo tecnológico, los científicos en oposición lo desmintieron con dichos de la propia empresa Bioceres

No podemos saber si se está utilizando, sabemos que no lo están sembrando así masivamente como ellos pretendían pero no podemos saber dónde se está sembrando. En Argentina no hay registro de qué cultivos transgénicos se cultivan, dónde, en qué cantidades de semilla. No hay voluntad, no hubo en ningún momento voluntad de generar ese registro que sí existe, por ejemplo, en Uruguay, y en un montón de países”, explica.

El ingeniero agrega que incluso dentro del agronegocio hubo voces críticas al trigo HB4, por motivos comerciales. Hace unas semanas en Europa detuvieron el ingreso de cargamento de harina de soja porque se detectó el gen HB4, siendo que la biotecnología no está aprobada en el continente. Explica que la situación con Raquel Chan es compleja, porque habla a favor de la ciencia nacional, participa en la defensa de la universidad pública, la investigación científica y el desarrollo tecnológico público, pero en realidad la patente fue desarrollada por la ciencia pública y se la quedó Bioceres, una empresa privada transnacional de origen argentino, con capitales de Siemens, Biogenesis Bagó, Grobocopatel y otras personas; que cotiza en Nueva York y tiene fondos de otros orígenes”

Preguntas sin respuesta y el camino de la agroecología

El filósofo y biólogo, Guillermo Folguera, que integra colectivos socioambientales y comparte sus reflexiones en medios y redes, formula preguntas sobre el tipo de consecuencia que ha generado a partir de la ausencia de datos, tanto en términos sanitarios y sociales, como ambientales.

La primera tiene que ver con qué tipo de balance se hace de la tecnología HB4, una tecnología que promueve la deforestación y el desmonte. Una tecnología de corrimiento de la agricultura, sobre todo dirigida al noroeste de nuestro país. ¿Qué ha pasado con esa tecnología HB4 (antes también con la soja HB4), y qué implicó la sojización en zonas que sufrían estrés hídrico y que en dos o tres generaciones terminaron de destruir al suelo?

La siguiente pregunta es sobre el aumento del uso de uno de los herbicidas promovido por la misma empresa: el glufosinato de amonio.

La ausencia de datos es algo muy grave, muy serio, y muy difícil de proyectar, pero claro, es una cuestión de datos que no es casualidad, ¿no? Es programada. En tercera instancia, ¿qué tipo de efecto generó en la pirámide alimentaria, ¿qué tipo de modificaciones en la la alimentación de la población argentina implicó la ingesta de este trigo que había despertado muchísima polémica en otros lugares del mundo.

La cuarta pregunta tiene que ver con los convenios público-privado en el ámbito de la ciencia, -CONICET, Universidad Nacional del Litoral y Bioceres- que Folguera remarca que significó un proyecto que tiende a la privatización del conocimiento, a la pérdida de lo público y a la expansión de las empresas. 

El investigador de CONICET y profesor de la Universidad de Buenos Aires habla con la perspectiva de la propia lógica académica. Su última pregunta, y la más general, tiene que ver con los balances de lo que significa discutir este tema mientras Bioceres estuvo al borde de la quiebra y tuvo que ceder sus operaciones a otras empresas. 

-¿Qué tipo de balance se hace con algo que involucra la salud del pueblo argentino, el territorio, el ambiente, la alimentación con una empresa que ya dio sus rindes para un sector que está siendo modificado estructuralmente; y comida por otras empresas, pero que en lo más mínimo se ha proyectado, sino que más bien parece mucho más cerca de lo que se puede entender como especulación a corto plazo, que verdaderamente una revolución que tiende a beneficiar la salud, el ambiente y la alimentación del pueblo argentino?

En 2020, la creación de la Secretaría de Agroecología, dentro del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, fue celebrado por un porcentaje de productores que apostaban a dejar de utilizar cultivos transgénicos dependientes de agroquímicos o buscaban crecer en un paradigma natural. Su presidente, Eduardo Cerdá, se desempeñó en la función pública hasta que el gobierno actual de Javier Milei la cerró en 2024. Desde su rol de director, trató con su equipo de hacer algo para impedir la aprobación del trigo HB4, pero les resultó imposible por la presión del lobby, a pesar de que explicaron que esa tecnología no traería soluciones para el campo. Hoy, de regreso a su trabajo como asesor privado y presidente de la Red Nacional de Municipios y Comunidades que fomentan la Agroecología (RENAMA), el ingeniero agrónomo cuenta que no conoce gente que haya sembrado trigo HB4 porque se distribuyó de manera encubierta. Sus productores conocidos no entraron en el debate ni en la preocupación de la contaminación aunque reconoce que sí era para preocuparse.

Dentro de los grupos de agroecología, tratan de tener su propia semilla, una semilla que esté identificada con el campo, que la conocen y por lo tanto no depende mucho de semillas de criaderos, están mucho más independientes y no compran tan fácilmente estos espejitos de colores”, comenta.

Eduardo Cerdá considera que si bien la empresa Bioceres intentó agilizar su logística, aun en épocas de sequía, no pudieron mostrar buenos resultados, porque no los obtuvieron. Por su parte, sin tanta visibilidad, la agroecología continúa creciendo en los campos argentinos y en el continente. 

Los productores a los que nosotros estamos vinculados no se fueron de la agroecología, sienten que el haber avanzado en ella les permitió estar desendeudados. Hubo lugares que tuvieron sequías, ocurrencias climáticas muy severas, y de alguna manera pudieron pasarlo por estar bien. Cuando ha llovido los campos se han repuesto rápidamente porque estaban con mayor fertilidad que si estuvieran en producciones convencionales, dependiendo tanto de los químicos”, concluye.

 

El negocio argentino del ozono crece desinfectando grandes superficies en producción

El ingeniero agrónomo Javier Fontaine encontró en el ozono una oportunidad para desarrollar una tecnología sustentable capaz de transformar procesos productivos en la industria alimentaria. Desde Córdoba, su empresa Ozonizer fabrica equipos generadores de este gas que hoy utilizan más de 130 industrias lácteas argentinas para proteger quesos, sanitizar instalaciones y mejorar la calidad de sus procesos. Según informó Bichos de Campo, la tecnología también se expande en bodegas, embotelladoras de agua y plantas de tratamiento de efluentes.

El ozono es una molécula compuesta por tres átomos de oxígeno que posee una elevada capacidad desinfectante. Aunque es conocido principalmente por su función en la atmósfera terrestre, también puede utilizarse para eliminar microorganismos sin dejar residuos químicos.

“Es una molécula que tiene tres átomos de oxígeno, que se juntan por una descarga eléctrica. La naturaleza lo hace en cada tormenta, el olor a tierra mojada es el del ozono”, explicó Fontaine, según informó Bichos de Campo.Del aire a la industria: el negocio argentino del ozono creceDebido a que el ozono tiene una vida útil muy corta, no puede almacenarse durante largos períodos. Por ese motivo, debe generarse directamente en el lugar donde será utilizado mediante equipos capaces de concentrar oxígeno y producir el gas en tiempo real.

Una de sus aplicaciones más importantes se encuentra en la industria láctea, especialmente en las cámaras donde maduran los quesos. Allí, las condiciones de humedad y temperatura favorecen la aparición de hongos que afectan la calidad y conservación del producto.

Según explicó Fontaine, el mecanismo de acción del ozono se basa en la oxidación de microorganismos. “Siempre labura del mismo modo, entrega el átomo extra que tiene y mata microorganismos oxidando y rompiendo cadenas carbonadas”, señaló a Bichos de Campo.Del aire a la industria: el negocio argentino del ozono crece La eliminación de hongos permite preservar el aspecto, la calidad y las características organolépticas de los quesos. Además, contribuye a reducir pérdidas productivas asociadas a contaminaciones durante el proceso de maduración.

“La maduración del queso está en el fermento que se le agrega a la masa, no en los hongos. Por eso hay que eliminarlos. Además, es un enemigo muy caro, porque va penetrando y hay que tornearlo para sacarlo”, afirmó Fontaine, según informó Bichos de Campo.

La tecnología también encontró oportunidades en la industria vitivinícola. Las barricas utilizadas para almacenar vino pueden ser sanitizadas mediante ozono luego de un proceso de limpieza con vapor. Al no dejar residuos químicos ni alterar aromas, permite conservar las características originales del producto. Del aire a la industria: el negocio argentino del ozono crece  Otro segmento relevante es el de las embotelladoras de agua. Allí, el ozono se utiliza para desinfectar envases y sistemas de almacenamiento sin modificar el sabor del agua.

“Casi 30% de nuestro trabajo es con los embotelladores de agua. El bidón se desinfecta con ozono porque, a diferencia del cloro, no transmite sabor”, explicó Fontaine a Bichos de Campo.

Además, el agua ozonizada puede emplearse para limpiar equipos industriales y en procesos de elaboración de alimentos. Su utilización permite reducir el uso de productos químicos tradicionales y mejorar la eficiencia operativa de distintas plantas productivas. Del aire a la industria: el negocio argentino del ozono crece  Otra aplicación destacada aparece en el tratamiento de efluentes industriales. El ozono ayuda a degradar contaminantes orgánicos e inorgánicos mediante procesos de oxidación, facilitando el cumplimiento de normas ambientales y reduciendo el impacto sobre el entorno.

La propuesta desarrollada por Ozonizer se apoya en un concepto central: generar una solución tecnológica utilizando aire como materia prima y con bajo consumo energético. Esta característica posiciona al ozono como una alternativa alineada con los desafíos actuales de sustentabilidad y eficiencia industrial.Del aire a la industria: el negocio argentino del ozono crece  Desde su planta ubicada en Córdoba, la compañía desarrolla íntegramente sus equipos y apuesta por la innovación nacional. “Es todo trabajo nuestro, trabajo 100% argentino”, destacó Fontaine, según informó Bichos de Campo.

Fuente: https://agroempresario.com/publicacion/118711/del-aire-a-la-industria-el-negocio-argentino-del-ozono-crece/?cat=10006507

La Pampa preside el Comité Ejecutivo de los Juegos de la Araucanía

El subsecretario de Deportes del Ministerio de Desarrollo Social y DDHH de La Pampa, Ceferino Almudévar, fue elegido como nuevo presidente del Comité Ejecutivo de los Juegos Binacionales de la Araucanía, en la primera reunión ordinaria que se realizó hoy en la ciudad de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz. El cónclave de los comités Ejecutivo y Técnico, que tuvo lugar en el Salón Gregores de Casa de Gobierno, participaron los representantes deportivos de las seis provincias de la Patagonia y las cinco regiones chilenas. Se abordaron distintos temas relacionados a la organización y aspectos reglamentarios con miras a la realización de la Araucanía 2027. Las competencias de la Araucanía se vienen realizando con la participación de las provincias argentinas de Río Negro, Santa Cruz, La Pampa, Chubut, Neuquén y Tierra del Fuego, y las regiones de Los Lagos, Los Ríos, La Araucanía, Ñuble, Aysén, Magallanes y Bío Bío.

Cabe recordar que el funcionario pampeano había ocupado dicho cargo durante dos años, desde 2025 a 2027. En los encuentros que se realizan en Santa Cruz, además, se anunciará los juegos 2026 de la Araucanía en Valdivia y Para Araucanía en Los Ríos. También está previsto un adelanto de la Araucanía 2027, que se llevarán a cabo en Santa Cruz, decisión impulsada por el gobernador Claudio Vidal como parte de una estrategia orientada al fortalecimiento del deporte regional y la infraestructura deportiva. Los Juegos Binacionales de la Araucanía fueron creados en 1992 y a través de los años se fueron consolidando como un encuentro deportivo de unión y fortalecimiento entre ambos países, de intercambio cultural, con una mirada inclusiva, que es un ejemplo en el país.

Ley por la que se declara de Emergencia Pública Sanitaria en Salud Mental y Consumo Problemático en la provincia de La Pampa.

Santa Rosa, 21 de mayo – En otra prolongada sesión ordinaria, presidida por la vicegobernadora y presidenta de esta Legislatura, Alicia Mayoral, y fue aprobada la Ley por la que se declara de Emergencia Pública Sanitaria en Salud Mental y Consumo Problemático en el ámbito de la provincia de La Pampa.Se está atravesando una crisis en salud mental

Fue aprobada por mayoría la Ley que declara Emergencia Pública Sanitaria en Salud Mental y Consumo Problemático en el ámbito de la provincia de La Pampa.

La diputada Patricia George hizo uso de la palabra y sostuvo que “si hay algo que escuché permanentemente en las comisiones de Legislación Social y Salud Pública, en cada encuentro en la calle, con amigos, familiares, vecinos y en los medios de comunicación, es la enorme preocupación que existe por la crisis en salud mental que atraviesa nuestra sociedad”, expresó.

En ese sentido, enumeró algunas de las situaciones que, según indicó, reflejan el agravamiento del problema: “escuchamos hablar de guardias saturadas, aumento de consumos problemáticos, intentos de suicidio, falta de psicólogos, de psiquiatras, de equipos agotados y de familias desesperadas buscando respuestas que muchas veces el sistema no logra dar con la rapidez necesaria”.

“Es todo verdad”, afirmó la legisladora, quien además consideró que esta crisis “no ocurre aislada”, sino que se encuentra vinculada al contexto social ,sostuvo.

Remarcó que “esta emergencia no puede analizarse solo desde una mirada sanitaria”, sino que se trata de “una crisis profundamente social y humana”.

Asimismo, destacó que el proyecto fue elaborado “entre muchos legisladores de esta Cámara junto al Ejecutivo” con el objetivo de “fortalecer herramientas concretas frente a esta emergencia”.

En otro tramo de su exposición, la diputada defendió los mecanismos de control y seguimiento previstos en la iniciativa. “Este proyecto incorpora mecanismos concretos de control, seguimiento y transparencia institucional”, explicó, y precisó que el artículo 5° crea “una mesa de trabajo para la implementación y monitoreo del Plan Provincial de Emergencia en Salud Mental”, con representación legislativa.

“Los legisladores y legisladoras podrán controlar, monitorear y exigir información sobre cada una de las acciones y recursos que se vayan a ejecutar”, indicó.

Además, recordó que el artículo 12 establece que “el Poder Ejecutivo deberá informar periódicamente a esta Legislatura sobre el avance del plan y la utilización de los recursos durante los dos años que dura esta emergencia”.

Por eso no estamos frente a un cheque en blanco para que el Ejecutivo haga lo que quiera. Estamos frente a una herramienta institucional seria, con control legislativo, seguimiento político y responsabilidad pública”, subrayó.

George también destacó “la actitud de quienes eligieron abordar este tema con responsabilidad y diálogo”, y mencionó especialmente a la diputada radical Gisela Cuadrado, quien “cuando tuvo dudas o inquietudes sobre este proyecto solicitó reuniones con el Poder Ejecutivo y recibió explicaciones técnicas que permitieron realizar aportes incorporados a esta iniciativa”.

Finalmente, sostuvo que “la salud mental no se resuelve desde un eslogan ni desde una especulación partidaria”, sino “desde la presencia, la responsabilidad, la sensibilidad y la decisión política”.

Por su parte, Gisela Cuadrado indicó que “a nivel mundial, nacional y provincial” las estadísticas “se dispararon y desbordaron el sistema de salud”, expresó la legisladora, quien remarcó que detrás de cada dato “hay una persona, hay una familia, hay madres y padres”.

En ese sentido, sostuvo que “sobre todo hay niños, niñas y adolescentes que atraviesan situaciones de angustia, soledad, consumo problemático y padecimiento que muchas veces llegan silenciosamente y cuando se hacen evidentes es demasiado tarde”.

Cuadrado afirmó además que son los propios jóvenes quienes reclaman mayor atención sobre la temática. “Ellos mismos están manifestando en diferentes medios y espacios que hay que hablar de salud mental. Ellos mismos nos están pidiendo políticas públicas sobre salud mental”, señaló.

Asimismo, compartió una frase que, según indicó, escucha con frecuencia entre jóvenes: “Siempre escucho una frase que saben manifestar los pibes: ‘nos sentimos solos’”. “Y eso es lo que me preocupa”, agregó.

La legisladora consideró que “la salud mental dejó hace tiempo de ser un tema menor” y sostuvo que “los datos hoy nos interpelan”.

En relación con la situación provincial, indicó que “el 24,15% de los estudiantes consultó a un profesional por angustia, depresión o problemas emocionales durante el último año”, y advirtió que “la tasa de suicidio en La Pampa se encuentra por encima de la media nacional”.

Según explicó, esos datos surgen “del último informe presentado en el Observatorio de la Droga que ya se encuentra constituuido”, organismo que recordó haber impulsado desde la Legislatura: “fue uno de los proyectos de resolución que presenté”, señaló.

Por último, celebró el avance de la iniciativa y expresó: “Celebro que hoy esta Legislatura avance en una declaración de emergencia que nos interpela a todos, en todo tiempo y en todo lugar”.

“Porque la urgencia existe y ya hace un tiempo. Mi objetivo desde el principio es que se reconozca la situación, que se trabajen las medidas necesarias y, sobre todo, sumar voluntades en este andar”, concluyó.

En tanto, Laura Trapaglia sostuvo que, si bien desde la oposición reconocen la problemática, consideran que la iniciativa requiere “mayor precisión y fundamentación”.

“Si hay un área que merece realmente políticas públicas serias, basadas en datos, evidencias, planificación, control, rendición de cuentas y focalización, es la salud mental”, expresó.

En ese sentido, afirmó que desde su espacio político “reconocemos el problema” y que comparten “profundamente la preocupación por el sufrimiento de miles de pampeanos y sus familias”.

“La salud mental no es un tema partidario, aunque así lo quieran hacer ver. Es un tema humano que nos debe unir por encima de las diferencias”, remarcó.

No obstante, Trapaglia señaló que “no podemos conformarnos con buenas intenciones” y advirtió que, aunque comparten los objetivos de la propuesta, consideran que el proyecto “requiere mayor precisión y fundamentación para ser verdaderamente efectivo”.

Asimismo, cuestionó algunos aspectos de la iniciativa y sostuvo que “no encontramos realmente una justificación adecuada ni suficiente para declarar la emergencia, para crear cargos sin especificación alguna ni comprometer recursos sin la información y los controles necesarios”.

Finalmente, subrayó que “la responsabilidad de esta Cámara no se limita a acompañar buenas voluntades”, sino que “la obligación es analizar si las herramientas propuestas son las adecuadas para alcanzar los objetivos que decidimos perseguir”.

La diputada María Luz Alonso señaló que la iniciativa responde a una “realidad” que atraviesa tanto a La Pampa como al país en su conjunto.

Durante su intervención, recordó los principios establecidos en la Ley Nacional de Salud Mental y señaló que allí “se pone al Estado como el garante máximo de la atención y a la comunidad como el escenario indispensable para la recuperación”. En ese sentido, remarcó que el abordaje de la salud mental requiere “trabajo mancomunado, Estado y comunidad, no compartimentos aislados y estancos”.

Asimismo, advirtió que las problemáticas vinculadas a la salud mental continúan transformándose y afirmó que “la salud mental siguió avanzando y siguieron apareciendo nuevos interrogantes, nuevos paradigmas, es dinámico”. Por ello, sostuvo que “la provincia de La Pampa no es una isla de lo que pasa en el mundo y de lo que pasa en la Argentina”.

En relación con el proyecto en tratamiento, Alonso reconoció que la declaración de emergencia responde a una necesidad concreta. “Hoy estamos poniendo a consideración y tratando de aprobar una ley de emergencia en salud mental. ¿Quisiéramos hacerlo? Por supuesto que no. Pero la única verdad es la realidad, la necesitamos”, expresó.

La legisladora cuestionó además las críticas realizadas al proyecto y consideró que poner en duda la necesidad de la emergencia “genera un poco de ruido”, ya que, según sostuvo, existen datos concretos que justifican la iniciativa. En ese marco, enumeró estadísticas provinciales que reflejan el crecimiento de la demanda en salud mental: “desde el 2021 al 2025 las consultas de personas sin obra social aumentaron un 48,3%; se sumaron más de 300 atenciones al sistema público; la presión en hospitales y centros de salud subió un 50%; las internaciones aumentaron un 53%; las consultas ambulatorias un 40%; y las atenciones por guardia de salud mental un 82%”.

“¿No está justificado entonces un proyecto declarando la emergencia?”, planteó, al tiempo que advirtió que la provincia también registra un incremento en los índices de suicidio adolescente, con una tasa de “13,4 cada 100 mil habitantes, por encima de la media nacional”.

Alonso vinculó además la crisis de salud mental con el contexto económico y social. “La crisis de salud mental es una consecuencia de la pandemia, pero también es una consecuencia de la crisis económica”, afirmó. En ese sentido, sostuvo que no se puede desconocer “la caída de la cobertura del PAMI para nuestros viejos” y señaló que “cayó en un 23% el consumo de medicamentos de salud mental, no porque se curaron, sino porque no los pueden pagar”.

También criticó las políticas nacionales y advirtió sobre el impacto económico en la población. “Ayer mismo vimos en el Congreso cómo nefastamente se votó para reducir el subsidio al gas en nuestra zona patagónica. Eso significa que la gente va a tener que destinar más plata para pagar tarifas”, expresó.

En otro tramo de su discurso, defendió el rol del Estado provincial frente al retiro de políticas nacionales y señaló que “cuando un Estado más chico se tiene que ocupar de algo es porque otro Estado más grande lo abandonó”.

La diputada también respondió a los cuestionamientos sobre el financiamiento de la emergencia y reclamó coherencia en el debate legislativo. “Me pongo muy contenta de escuchar que hay preocupación por de dónde va a salir la plata. Pero la responsabilidad fiscal tiene que ser para todo”, sostuvo, y comparó la situación con otros proyectos aprobados por unanimidad que tampoco especifican partidas presupuestarias.

Alonso expuso datos sobre el presupuesto nacional destinado a salud mental y afirmó que “la Ley Nacional de Salud Mental dice que el 10% del presupuesto de salud debe destinarse a salud mental”, aunque advirtió que actualmente “la proyección es del 1,43%”. Además, señaló que el Programa Nacional de Apoyo y Promoción de la Salud Mental sufrió “un hachazo del 91,5%”.

Para cerrar, remarcó la dimensión humana detrás de las estadísticas y expresó: “estos números tienen detrás personas, familias, padecimientos y luchas incansables”. Y concluyó retomando una frase pronunciada durante el debate: “No hay política pública más urgente que aquella que salve una vida”.

Posteriormente, León Nicanoff indicó que el proyecto contempla herramientas concretas para fortalecer el sistema de atención y sostuvo que “acá se está cuestionando un proyecto de Ley que involucra infraestructura, cargos, capacitación, etcétera”, en referencia a los distintos aspectos que contempla la propuesta impulsada por el oficialismo.

En ese sentido, destacó las exposiciones realizadas previamente durante el debate y afirmó que la diputada Patricia George “describió de manera excelente” la situación que atraviesa el sistema de salud mental en la provincia.

Asimismo, cuestionó que algunos sectores políticos no acompañen la iniciativa y propuso contrastar la situación de La Pampa con políticas implementadas en otros distritos. “Quería contrastar la realidad de la provincia de La Pampa con lo que se ha dicho hoy”, expresó, y apuntó particularmente contra la gestión de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Nicanoff sostuvo que en la Ciudad “el Hospital Borda y el Hospital Moyano, que han sido hospitales de excelencia en el tratamiento de los trastornos mentales, hoy están desmantelándose y siendo incorporados a negocios inmobiliarios”. Además, vinculó esas políticas a sectores del PRO y afirmó que esos proyectos se desarrollan “de la mano del socio del presidente actual, el señor Elztain”.

Por otra parte, el legislador también cuestionó discursos vinculados al consumo problemático y al narcotráfico. “Después de escuchar hablar tanto de cannabis, yo trataría de tener coherencia”, expresó, y apuntó contra dirigentes nacionales a quienes vinculó políticamente con sectores cuestionados por presuntos hechos relacionados con el narcotráfico.

En tanto, hizo referencia al debate internacional sobre políticas antidrogas y sostuvo que “los especialistas en el mundo están diciendo que hace rato se perdió la guerra contra las drogas”. Además, consideró que ese enfoque “ha sido un negocio de Estados Unidos y de la DEA”.

Finalmente, advirtió sobre las consecuencias de esas políticas en otros países de la región y afirmó que “trajeron 220 mil muertos en México y decenas de miles de muertos en Colombia”, al tiempo que cuestionó que algunos sectores políticos nacionales pretendan adherir a ese tipo de estrategias.

Otros temas…

En otro orden de cosas, fue aprobada por unanimidad la ley por la que se establece la obligatoriedad de incluir la leyenda “Línea 144. Atención, contención y asesoramiento para víctimas de violencia por motivos de género. Disponible las 24 hs.” en los recibos de haberes emitidos en el territorio de la provincia de La Pampa.

A su vez, se aprobó, y de manera unánime, la resolución que declara de interés legislativo el libro: “Rompecabezas Urbano II. Reflexiones sobre desigualdades y dinámicas urbanas en la Patagonia”, destacando la participación de la Fundación Estrellas Amarillas en su elaboración.

Por unanimidad fue aprobada la resolución por la que se declara de Interés Legislativo, Social y Científico el libro “El Desafío de consolidar los derechos de la niñez. Una mirada territorial desde La Pampa” de Cecilia Bertolé.

En el mismo sentido, se aprobó la resolución, de forma unánime, que declara de interés legislativo el libro “Mateo. El guerrero incansable” de la autora Adriana Juárez.

También fue aprobada por unanimidad la resolución que expresa público reconocimiento a la extraordinaria y heroica intervención del ciudadano pampeano Agustín Martino, el cual logró salvar la vida de un joven en el Balneario Los Ángeles de Necochea.

También se aprobó por unanimidad la resolución por la que se declara de interés legislativo la segunda edición del “Trail Desafío Lihué Calel”, que se llevará a cabo el próximo 24 de mayo.

En tanto, se aprobó por unanimidad la resolución que solicita al Poder Ejecutivo Provincial arbitrar los medios necesarios para la creación e instalación de un Centro Provincial de Formación Profesional en Catriló.

Por unanimidad fue aprobada la resolución por la que se solicita al Poder Ejecutivo informar distintas cuestiones vinculadas a centros de salud mental públicos en la provincia.

Por otro lado, fue aprobada por unanimidad la resolución que se dirige al Poder Ejecutivo para que, a través del organismo correspondiente, informe cuáles son las áreas de explotación de mármol y quiénes son los titulares de la o las empresas vinculadas a esa actividad minera.

Más adelante, fue aprobada por unanimidad la resolución que solicita al Poder Ejecutivo Provincial realizar las repavimentaciones necesarias para garantizar el acceso a las Salinas Grandes de Hidalgo, de la localidad de Macachín.

Fue aprobada por unanimidad la resolución por la que se solicita al Poder Ejecutivo Provincial considerar realizar reparaciones edilicias necesarias en el “Colegio Secundario Alpachiri” y en el “Colegio Secundario Crucero General Belgrano” de General Manuel J. Campos.

De igual modo, fue aprobada la resolución por la que se solicita al Poder Ejecutivo arbitrar los medios necesarios para restablecer la conexión de un transporte de pasajeros entre Ingeniero Luiggi y Capital Federal.

Por unanimidad fue aprobada la resolución por la que se solicita a empresas y organismos provinciales llevar a cabo las acciones y gestiones necesarias para garantizar la igualdad de acceso a telefonía celular y conectividad digital a usuarios de distintas zonas de la provincia de La Pampa.

Por último, fue aprobada por mayoría la resolución que expresa respaldo político e institucional a la acción de amparo colectivo ambiental, ante la Justicia Federal, que impulsará el Poder Ejecutivo Provincial con el fin de declarar la manifiesta inconstitucionalidad, inconvencionalidad y nulidad absoluta de la Ley Nacional N° 27.804.

El legislador Hernán Pérez Araujo explicó que la iniciativa legislativa fue presentada el 10 de abril, un día después de que el Gobierno provincial interpusiera la demanda ante el Juzgado Federal de Santa Rosa. “Entendimos que era necesario manifestar el apoyo político e institucional a esa acción judicial”, señaló, y recordó que el tratamiento del proyecto respetó el procedimiento parlamentario habitual, pasando por comisión y luego al orden del día de la sesión.

Pérez Araujo consideró que el respaldo institucional “debió haber estado antes” y destacó que la acción judicial es acompañada no solo por el Gobierno de La Pampa, sino también por la Universidad Nacional de La Pampa, la Fundación Chadileuvú y la Asamblea por los Ríos Pampeanos.

Durante su exposición, sostuvo que la defensa de los recursos hídricos constituye “una política de Estado” para La Pampa y cuestionó las modificaciones introducidas a la Ley Nacional de Glaciares. En ese sentido, remarcó que la norma original, la Ley 26.639, “no había tenido objeciones de ningún tipo” desde su sanción en 2010 y recordó que incluso la Corte Suprema de Justicia de la Nación se pronunció anteriormente sobre su constitucionalidad frente a planteos de empresas extractivistas.

Asimismo, cuestionó el procedimiento legislativo nacional mediante el cual se aprobó la nueva ley y afirmó que existieron “incumplimientos procesales” que, según indicó, “tornan la ley nula, de nulidad insanable”. Entre otros puntos, criticó la realización de audiencias públicas “insuficientes” frente a la inscripción de más de 107 mil personas interesadas en participar.

Pérez Araujo también sostuvo que la modificación vulnera el “federalismo de concertación” previsto en la Constitución Nacional, al transferir a las provincias facultades que anteriormente ejercía el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), organismo encargado de determinar las áreas glaciares y periglaciares protegidas.

“Poner en manos de provincias como Mendoza y San Juan la definición de qué se protege y qué no es como poner al zorro a cuidar a las gallinas”, expresó, al advertir sobre el impacto que esas decisiones podrían tener sobre las cuencas hídricas compartidas con La Pampa.

En otro tramo de su intervención, defendió la competencia del Juzgado Federal de Santa Rosa para intervenir en el amparo colectivo y rechazó cuestionamientos respecto de una supuesta búsqueda de “jueces amigos” por parte del Gobierno provincial. “El juez federal de Santa Rosa es el juez que tenemos y respetamos su investidura”, afirmó.

El diputado recordó además que el magistrado rechazó la medida cautelar solicitada en el marco de la causa, decisión que fue apelada ante la Cámara Federal de Bahía Blanca. En ese contexto, señaló que actualmente el amparo colectivo cuenta con cerca de “900 mil firmantes” de distintas organizaciones ambientalistas y ciudadanos de todo el país.

Finalmente, consideró que una definición unánime de la Legislatura pampeana “tal vez hubiese permitido darle mayor fortaleza institucional” al planteo judicial y concluyó que la cuestión ambiental “debe abordarse con responsabilidad política y jurídica”.

Crisis en la obra social de las Fuerzas Armadas: denuncias, renuncias y reclamos por abandono sanitario

El streamer y comunicador conocido como El Presto difundió un extenso informe en el que denunció una profunda crisis en la obra social de las Fuerzas Armadas argentinas, apuntando contra el Gobierno nacional, exfuncionarios y la conducción histórica del sistema de salud militar. El eje central de su exposición giró en torno a la falta de cobertura médica para personal militar retirado y en actividad, situación que —según afirmó— ya provocó casos dramáticos y suicidios.

Durante la transmisión, “El Presto” sostuvo que integrantes de las Fuerzas Armadas “se están muriendo sin cobertura médica” y cuestionó la escasa difusión pública del problema. En ese marco, remarcó la reciente renuncia del general de brigada retirado Sergio Maldonado, quien dejó la conducción de la nueva Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) apenas un mes después de asumir.

La renuncia de Maldonado y la deuda millonaria

Según explicó, OSFA comenzó a funcionar oficialmente el 1 de abril de 2026 tras el desdoblamiento del antiguo Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA), dispuesto mediante decreto del presidente Javier Milei.

El informe citó además datos del Ministerio de Defensa presentados ante la Cámara de Diputados, donde se indicó que la deuda acumulada del antiguo IOSFA alcanzaba, al 31 de marzo de 2026, casi 250 mil millones de pesos.

Sobre la salida de Maldonado, el comunicador mencionó distintas versiones. Una de ellas señala que el ministro de Defensa, Carlos Presti, le habría solicitado su renuncia por diferencias en la conducción política de la obra social. Otra hipótesis apunta a desacuerdos sobre el manejo financiero del organismo, particularmente respecto a una supuesta orden para colocar fondos de recaudación en plazos fijos mientras se demoraban pagos a prestadores médicos.

Asimismo, indicó que dentro del ámbito castrense comenzó a circular la versión de que parte de la deuda de la obra social estaría cubriéndose con recursos del presupuesto militar.

El caso del suboficial retirado Carlos Héctor Vázquez

Uno de los momentos más duros del informe estuvo centrado en el caso del suboficial retirado Carlos Héctor Vázquez, de 77 años, quien se quitó la vida luego de denunciar públicamente la falta de atención médica.

“El Presto” reprodujo un video grabado por el propio Vázquez, donde relataba padecer una grave infección en ojos y nariz, además de complicaciones derivadas de un cáncer. En el mensaje, el exmilitar afirmaba haber aportado durante más de seis décadas a la obra social militar y denunciaba sentirse abandonado por el Estado.   Según se relató en el informe, Vázquez había protagonizado previamente un intento de suicidio en marzo de este año en la provincia de San Juan, hecho que generó conmoción dentro del ámbito militar. El comunicador sostuvo que el caso habría influido también en la decisión de Maldonado de abandonar la conducción de OSFA.

Críticas al sistema político y a la conducción militar

A lo largo de más de 18 minutos de exposición, el periodista digital cuestionó duramente a distintos gobiernos y ministros de Defensa desde la década de 1990 hasta la actualidad, a quienes responsabilizó por el deterioro de las Fuerzas Armadas y del sistema de salud militar.

Entre los funcionarios mencionados estuvieron Nilda Garré, Agustín Rossi, Jorge Taiana, Luis Petri y el propio Javier Milei, entre otros.

También repasó la evolución histórica de las obras sociales militares, desde los sistemas separados de Ejército, Armada y Fuerza Aérea hasta la creación del IOSFA en 2013 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

Reclamo por las Fuerzas Armadas

El informe concluyó con un fuerte cuestionamiento al estado actual de las Fuerzas Armadas argentinas y a la situación de sus integrantes retirados, veteranos y familiares.

“El Presto” denunció que existe abandono institucional y reclamó mayor atención política y social sobre la situación sanitaria y presupuestaria que atraviesa el sector militar, al tiempo que criticó a los medios de comunicación por no darle suficiente espacio al tema.

Secuestraron droga, dinero y elementos vinculados a delitos contra la propiedad en Castex

Personal policial del Grupo de Redes Urbanas, dependiente del Área de Coordinación Operativa de Lucha contra el Narcotráfico (ACOLN), llevó adelante un allanamiento en un domicilio de la localidad de Eduardo Castex, en el marco de una investigación por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737. El operativo se desarrolló con autorización judicial del juez federal de Garantía, Juan José Baric. En el lugar se encontraban las dos personas investigadas, dos hermanos mayores de edad, junto a otros integrantes del grupo familiar y personas que visitaban el inmueble. Como resultado del procedimiento se secuestraron 29 gramos de cocaína distribuidos en 10 envoltorios, 2,6 gramos de marihuana, $93.000 en efectivo, teléfonos celulares, elementos de corte y fraccionamiento, y balanzas de precisión digitales. Asimismo, personal de la Comisaría local procedió al secuestro de elementos vinculados a delitos contra la propiedad registrados en la localidad, entre ellos un motor y dos ruedas pertenecientes a una motocicleta 110 cc. Ambos fueron detenidos, mientras que sus parejas quedaron debidamente notificadas de la causa judicial en trámite. La investigación continúa en curso bajo la órbita de la Unidad Fiscal Federal de Santa Rosa, a cargo de Iara Silvestre.

Victorica se suma a un programa provincial para fortalecer la gestión de residuos

El intendente Hugo Kenny firmó en Santa Rosa la adhesión a una iniciativa que busca mejorar la recolección y tratamiento de residuos, con inclusión de recuperadores urbanos. En la ciudad de Santa Rosa, el intendente de Victorica, Hugo Víctor Manuel Kenny, firmó el acta de adhesión al “Programa de Fortalecimiento para la Gestión Integral e Inclusiva de los Residuos Sólidos Urbanos – Súmate y Reciclá”, una iniciativa impulsada por el Gobierno provincial.  El acuerdo se concretó junto a la secretaria de Ambiente y Cambio Climático de La Pampa, Vanina Basso, en el marco de una política orientada a mejorar los sistemas de gestión de residuos en los municipios.

El programa tiene como objetivo brindar asistencia técnica y económica para optimizar los procesos de recolección, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos urbanos, promoviendo además la inclusión social de las y los recuperadores urbanos.

Desde el municipio destacaron que la firma de este convenio representa un avance significativo en el desarrollo de políticas ambientales locales. En ese sentido, remarcaron que se trata de un paso clave para consolidar el proyecto “Victorica Limpia” y profundizar el camino hacia un modelo de economía circular en la localidad.

La iniciativa apunta no solo a mejorar la eficiencia del sistema, sino también a fomentar prácticas sostenibles y una mayor conciencia ambiental en la comunidad.

Conflicto laboral en la obra del hospital de Victorica: denuncian falta de pago y condiciones precarias

Trabajadores aseguran que llevan dos quincenas sin cobrar, denuncian pagos informales y acusan a la empresa de hostigamiento. La obra está paralizada desde hace dos semanas.

La obra de ampliación del hospital de Victorica atraviesa un fuerte conflicto laboral que derivó en la paralización casi total de los trabajos. Un grupo de obreros denunció la falta de pago de salarios, irregularidades en la modalidad de contratación y situaciones de maltrato por parte de representantes de la empresa a cargo.

Según relataron los trabajadores, el proyecto —que lleva cerca de dos años de ejecución— comenzó con una dotación de alrededor de 40 operarios, pero actualmente solo quedan 13. La reducción del personal se habría dado en paralelo con el agravamiento de los incumplimientos salariales.

“Hace dos quincenas que no cobramos. Algunos compañeros recibieron una parte, pero cinco de nosotros no cobramos nada, ni en blanco ni en negro”, afirmó uno de los obreros durante una entrevista de Beto Ayala en el lugar.

Los trabajadores señalaron que el esquema de pago incluía una parte registrada y otra informal. “Aproximadamente el 60% en blanco y el 40% en negro”, explicaron. Sin embargo, aseguran que actualmente no están percibiendo ningún tipo de ingreso de la empresa Rigem.


Paro y denuncias de hostigamiento

Ante la falta de respuestas, los obreros decidieron iniciar un paro hace dos semanas, lo que mantiene la obra completamente detenida. Según indicaron, la medida fue tomada luego de reiterados reclamos sin solución.

En ese contexto, también denunciaron situaciones de maltrato. “Nos hablan de manera prepotente, como si fuéramos ignorantes. Incluso nos dicen que si no nos gusta, nos vayamos”, sostuvo uno de los trabajadores. Además, afirmaron que existen registros en video de estos episodios.

Los testimonios también dan cuenta de amenazas de despido. “Nos dijeron que iban a echar a varios por no trabajar, pero no podemos seguir si no cobramos”, agregaron.


Condiciones laborales cuestionadas

Más allá del reclamo salarial, los obreros describieron condiciones de trabajo que calificaron como deficientes. Aseguran que deben cumplir jornadas de hasta 10 horas, muchas veces sin la cantidad de personal necesaria para realizar tareas que requieren más de un operario.

“Somos oficiales y tenemos que hacer trabajos solos que deberían hacerse entre varios. No nos pagan horas extra ni todos los feriados”, explicaron.

La situación económica personal también agrava el conflicto. “Tenemos familias, hay que comprar comida, pagar alquiler. Algunos no tienen ni para calefaccionase en estos días de frío”, relataron.


Falta de respuestas y reclamo al gremio

Los trabajadores indicaron que las respuestas de la empresa han sido inconsistentes. “Siempre nos dicen ‘mañana pagan’, pero nunca pasa”, señalaron.

En cuanto al respaldo gremial, aseguraron haber intentado comunicarse con el delegado Cristian Ramos, aunque sin resultados concretos. “A veces responde, pero la situación sigue igual”, indicaron.


Un pedido claro: cobrar y seguir trabajando

Pese al conflicto, los obreros remarcaron su voluntad de retomar las tareas. “Nosotros queremos trabajar, pero necesitamos que nos paguen como corresponde”, afirmaron.

También pidieron que se priorice la mano de obra local. “Hay mucha gente en el pueblo que necesita trabajo. Queremos que valoren a los trabajadores de acá”, expresaron.

Mientras tanto, la incertidumbre continúa y la obra permanece detenida, a la espera de una solución que permita destrabar el conflicto y garantizar condiciones laborales adecuadas.

Entrevista:

Entrevistador:
Bueno, buen día para todos. Nos encontramos en la obra que se está realizando en el hospital de Victorica. Esta obra comenzó hace aproximadamente dos años. Estamos con los empleados: ¿cuántos eran al inicio y cuántos quedan ahora?

Trabajador:
Al principio éramos casi 40. Ahora quedamos 13.

Entrevistador:
¿Y qué situación están viviendo actualmente?

Trabajador:
Esto viene desde hace tiempo. No nos quieren pagar. Estamos constantemente queriendo trabajar, pero empezamos cosas que después no nos dejan terminar. Todo es desorganizado.

Entrevistador:
¿A qué empresa pertenecen?

Trabajador:
A la empresa Rigen, de Santa Rosa, que es la que tiene a cargo la obra.

Entrevistador:
¿Cada cuánto cobran?

Trabajador:
Cada 15 días.

Entrevistador:
¿Y hace cuánto que no cobran?

Trabajador:
Hace dos quincenas. En una de esas, algunos cobraron parcialmente, pero cinco de nosotros —incluyéndome— no cobramos nada: ni en blanco ni en negro.

Entrevistador:
¿Cobran una parte en blanco y otra en negro?

Trabajador:
Sí, una parte en blanco y otra en negro. Pero ahora directamente no estamos cobrando nada.

Entrevistador:
¿Han reclamado?

Trabajador:
Sí. Viene la arquitecta y nos habla de manera prepotente, faltando el respeto, como si fuéramos ignorantes. Tenemos videos de eso. Incluso nos instigan a que renunciemos.

Entrevistador:
¿Los han amenazado?

Trabajador:
Sí. La semana pasada empezamos un paro porque no nos pagaban. Nos dijeron que iban a echar a varios por no trabajar.

Entrevistador:
Pero si no cobran, es entendible…

Trabajador:
Claro, no tiene sentido trabajar así. Igual estamos acá muchas horas, hasta 10 por día, y algo hacemos, pero sin cobrar es imposible seguir.

Entrevistador:
¿Tienen familia?

Trabajador:
Sí. Yo, por ejemplo, tengo que comprar leña porque se viene el frío. No tengo ni para comer. Entre nosotros nos ayudamos para cocinar, porque si no nos cortan la luz.

Entrevistador:
¿Es su única fuente de trabajo?

Trabajador:
Sí, totalmente. Y siempre nos dicen “mañana pagan”, pero nunca pasa. Ya nos pasó con la quincena anterior y ahora otra vez lo mismo.

Entrevistador:
¿Les dan alguna respuesta concreta?

Trabajador:
Ninguna. Pero cuando traen materiales, exigen que trabajemos. Si ellos exigen, nosotros exigimos que nos paguen.

Entrevistador:
¿La obra está parada?

Trabajador:
Sí, hace dos semanas la paramos nosotros. Intentamos manejarlo de buena manera, sin exponer a la empresa, pero llega un punto en que uno se cansa del hostigamiento.

Entrevistador:
¿A qué se refieren con hostigamiento?

Trabajador:
A que te dicen “si no te gusta, andate”. Además, trabajamos solos muchas veces, sin ayuda. Somos oficiales y tenemos que hacer tareas que requieren más de una persona. Nos hacen estar 10 horas, no pagan horas extra ni feriados correctamente.

Entrevistador:
¿Tienen respaldo gremial?

Trabajador:
Tenemos un delegado, Cristian Ramos. Lo llamamos y le escribimos, pero a veces responde y a veces no. Siempre es lo mismo: “mañana pagan”.

Entrevistador:
¿Cómo es el pago en términos porcentuales?

Trabajador:
Aproximadamente 60% en blanco y 40% en negro. Pero ahora no estamos cobrando nada.

Entrevistador:
¿Qué les dijeron recientemente?

Trabajador:
Que iban a pagar lo en blanco primero y lo en negro después, pero no cumplieron.

Entrevistador:
¿Qué le dirían a la empresa?

Trabajador:
Que valore a la gente del pueblo. Nosotros queremos trabajar, pero necesitamos que nos paguen como corresponde y que traigan materiales para poder avanzar.

Entrevistador:
¿Hoy les van a pagar?

Trabajador:
No se sabe. Tampoco han cobrado en Santa Rosa. Todos tenemos que pagar alquiler, comida… no se puede seguir así.

Entrevistador:
Bueno, muchas gracias. Vamos a intentar también contactar al gremio para conocer su postura.

Trabajadores:
Gracias.

Crisis del gas en India: filas interminables, mercado negro y el impacto de un conflicto que golpea a millones

La escasez de gas doméstico, agravada por tensiones en Medio Oriente, afecta la vida cotidiana de millones de hogares en India. La crisis ya impacta en la economía informal, empuja a familias a abandonar las ciudades y expone la vulnerabilidad energética del país. En la India, conseguir un cilindro de gas se ha convertido en una tarea cada vez más difícil. Para millones de familias, la rutina diaria ahora incluye largas filas, incertidumbre y, en muchos casos, la imposibilidad de cocinar.

El problema no es menor: el país importa cerca del 60% del gas que consume a nivel doméstico, y casi el 90% proviene de países del Golfo como Qatar, Arabia Saudita e Irak. En ese contexto, la intensificación del conflicto en Medio Oriente —especialmente las tensiones entre Irán y Estados Unidos— y las dificultades en el tránsito por el estratégico estrecho de Ormuz han comenzado a generar un efecto directo en el abastecimiento.

En Nueva Delhi, la situación es palpable. Mira Deby, una madre de familia, pasa horas haciendo fila con la esperanza de conseguir un cilindro. “No puedo cocinar para mis hijos, tienen hambre. Estoy aquí desde la mañana”, relata con angustia. Como ella, millones enfrentan una crisis que altera lo más básico: la alimentación diaria.

Entre el 12 de marzo y el 7 de abril, India logró negociar con Irán el paso seguro de ocho buques cargados con unas 350.000 toneladas de gas licuado de petróleo (GLP). Sin embargo, esa cantidad representa menos de cuatro días de consumo nacional, lo que deja en evidencia la magnitud del problema.

El impacto también se siente en la cadena de distribución. Raman Das, repartidor de cilindros, asegura que su actividad cayó notablemente: “Antes entregaba entre 40 y 45 cilindros al día, ahora apenas llego a 30 o 35. Los clientes llaman constantemente, están preocupados”.

Mientras tanto, el mercado negro florece. El precio de los cilindros se ha disparado: de unos 15 euros a más de 40 en cuestión de semanas, con previsiones de seguir en aumento. Para muchos pequeños comerciantes, la situación es insostenible.

Viral, vendedor de comida callejera, explica que depende de estos cilindros para trabajar: “Este es el último que tengo. Si se acaba, no sé si conseguiré otro”. La alternativa, en muchos casos, ha sido volver a métodos más precarios como el uso de carbón o leña, que implican mayores costos y dificultades operativas.

Shanaguas Alam, con más de dos décadas al frente de un puesto en la vieja Delhi, debió cerrar durante tres días por falta de gas. “Tuvimos que aumentar los precios en 10 rupias por producto. Antes usábamos dos o tres cilindros, ahora gastamos casi 65 euros en carbón”, detalla.

La crisis también está provocando un fenómeno más profundo: el desplazamiento interno. Mohamad Actar, trabajador migrante, decidió abandonar la ciudad tras 25 años. “No gano lo suficiente y el gas es cada vez más caro. En mi pueblo al menos podemos cocinar con leña”, explica.

Pero el impacto no se limita al territorio indio. Millones de trabajadores dependen del empleo en países del Golfo, una región ahora atravesada por el conflicto. Cerca de 10 de los 15 millones de indios en el exterior residen allí, y sus remesas representan una parte crucial de la economía nacional.

La guerra ya ha dejado víctimas. Ashish Kumar, capitán de un petrolero, murió tras un ataque con drones cerca de Omán. Su familia aún no logra asimilar la pérdida. “Seguimos rezando para que esté vivo”, dicen, mientras enfrentan la incertidumbre económica tras su muerte.

En distintas regiones de India, la preocupación crece entre las familias que tienen parientes trabajando en el exterior. Shamsa Katun, cuyo esposo trabaja en una planta de gas en Qatar que fue alcanzada por un misil, vive con temor constante: “No podemos dormir. Los niños preguntan todo el tiempo por su padre”.

La crisis del gas en India deja al descubierto una dependencia estructural que hoy se vuelve crítica. Con millones de hogares afectados, una economía informal en jaque y familias atravesadas por la incertidumbre, el país enfrenta no solo una escasez energética, sino también una profunda crisis social derivada de un conflicto que ocurre a miles de kilómetros, pero cuyos efectos ya se sienten en cada rincón del territorio.