En un documento hicieron una velada crítica al Ipcva, que había recordado hace unos días sobre la necesidad de realizar el trámite ante la próxima entrada en vigor del reglamento antideforestación de la Unión Europea.
El reglamento antideforestación de la Europea Unión es una norma creada para impedir que productos vinculados a la destrucción de bosques entren al mercado europeo.
Su nombre oficial es EUDR (“EU Deforestation Regulation”).
La idea básica es:
si una empresa quiere vender ciertos productos en Europa, debe demostrar que NO provienen de tierras deforestadas recientemente.
Los productos alcanzados incluyen:
- soja,
- carne vacuna,
- madera,
- cacao,
- café,
- aceite de palma,
- caucho,
- y derivados como cuero, muebles o chocolate.
La UE apunta sobre todo a problemas como:
- tala ilegal,
- avance agrícola sobre selvas,
- incendios para abrir campos,
- pérdida de biodiversidad,
- emisiones de carbono.
¿Qué exige la norma?
Las empresas deben:
- rastrear el origen exacto del producto,
- entregar coordenadas geográficas del campo o zona productiva,
- demostrar que no hubo deforestación después de cierta fecha,
- y hacer controles de riesgo.
O sea:
Europa quiere poder verificar “de qué campo salió esto”.
La fecha clave fue el 31 de diciembre de 2020:
si un bosque fue desmontado después de esa fecha para producir soja o ganado, esos productos podrían quedar prohibidos en el mercado europeo.
¿Por qué genera polémica?
Muchos países productores —incluyendo Argentina y Brasil— dicen que:
- aumenta costos,
- exige demasiada burocracia,
- puede perjudicar pequeños productores,
- y funciona como una barrera comercial disfrazada de ambientalismo.
La UE responde que:
- los consumidores europeos no quieren financiar destrucción de bosques,
- y las cadenas globales deben ser más transparentes.
En la práctica, esto empuja a usar:
- satélites,
- GPS,
- trazabilidad digital,
- bases de datos,
- monitoreo ambiental.
Por eso hoy incluso sectores tradicionales como:
- ganadería,
- agricultura,
- forestación ,están incorporando tecnología de seguimiento muy avanzada.
Entidades rurales y productores de manera independiente fustigaron la inscripción en un registro donde deberán anotarse quienes pretendan tener algún vínculo comercial con la exportación de carne a la Unión Europea (UE). También apuntaron contra el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Ipcva), que hace unos días comunicó la novedad. El Ipcva y el Consorcio de Exportadores de Carnes ABC financiaron la plataforma Visec Carne, que es la que servirá para cumplir con ese requisito impuesto por la UE a partir de 2027.
“No más ambigüedades. No más intermediarios autoproclamados. No más organismos que se arroguen potestades que nadie les confirió, como el Ipcva”, comenzó el comunicado. “La defensa del productor no puede quedar subordinada a estructuras privadas ni a unos relatos construidos para instalar obligaciones que no existen”, dijeron.
La cuestión de fondo se remonta al reglamento 1115 de la UE que limitará desde la fecha mencionada el ingreso de productos como la carne y soja, entre otros, desde regiones deforestadas después del 31 de diciembre de 2020. Para los productores que firmaron el documento dado a conocer hoy, ese reglamento en realidad “alcanza al importador europeo, no al productor argentino. Y exige información productiva que ya obra en poder del Estado”.
“No corresponde trasladar esa responsabilidad a esquemas privados financiados, además, con recursos aportados por los propios productores”, sostuvieron.
En la visión de las entidades y productores, ”la Argentina debe sostener mecanismos públicos, transparentes y no excluyentes, evitando cargas innecesarias y la cesión indiscriminada de información estratégica”. Y sostuvieron: “El productor necesita representación clara, coherencia institucional y defensa genuina de sus intereses. No es tolerable la financiación espuria de la representación”.
Qué dijo el Ipcva
Hace unos días, el (Ipcva) recordó que los productores ganaderos deberán registrarse antes de junio en Visec Carne. El Ipcva no es el Visec Carne, pero, como se dijo, junto con el Consorcio ABC financió la plataforma. La inscripción no tiene costo para el productor.
Aunque el reglamento europeo 1115/2023 fue postergado y comenzará a aplicarse formalmente desde el 30 de diciembre de 2026, en el sector remarcaron que los tiempos para adecuarse ya empezaron a correr.
La principal preocupación pasa por garantizar la trazabilidad completa de los animales, una condición que Europa exigirá para autorizar el ingreso de carne vacuna a ese mercado.
“Para que un frigorífico pueda exportar carne a la Unión Europea, deberá demostrar el recorrido de los animales y su origen productivo”,
señalaron desde el Ipcva. En ese contexto, desde la cadena alertaron que si los productores no están incorporados al sistema, la información necesaria para reconstruir la trazabilidad de los animales no podrá integrarse correctamente.
Uno de los puntos que hoy genera mayor urgencia es el análisis de los polígonos de los establecimientos ganaderos. Según informó el Ipcva, durante junio el instituto realizará sin costo el análisis de los campos que ya estén registrados en el sistema. Después de ese plazo, el productor que no se haya inscripto deberá afrontar ese gasto por su cuenta. “Pasado ese plazo, el análisis ya no será financiado por el Instituto”, indicaron.
El operativo se desarrolló con autorización judicial del juez federal de Garantía, Juan José Baric. En el lugar se encontraban las dos personas investigadas, dos hermanos mayores de edad, junto a otros integrantes del grupo familiar y personas que visitaban el inmueble. Como resultado del procedimiento se secuestraron 29 gramos de cocaína distribuidos en 10 envoltorios, 2,6 gramos de marihuana, $93.000 en efectivo, teléfonos celulares, elementos de corte y fraccionamiento, y balanzas de precisión digitales. Asimismo, personal de la Comisaría local procedió al secuestro de elementos vinculados a delitos contra la propiedad registrados en la localidad, entre ellos un motor y dos ruedas pertenecientes a una motocicleta 110 cc. Ambos fueron detenidos, mientras que sus parejas quedaron debidamente notificadas de la causa judicial en trámite. La investigación continúa en curso bajo la órbita de la Unidad Fiscal Federal de Santa Rosa, a cargo de Iara Silvestre.
En los últimos años, el desarrollo productivo impulsado por el Estado provincial y el EPRC permitió la llegada de empresas, PyMEs y actores institucionales que adquirieron tierras destinadas principalmente a la producción de vid y frutos secos, alcanzando cerca de 500 hectáreas implantadas y con proyección de superar las 1000 hectáreas en producción. Entre los participantes estuvieron representantes de Pampapist, Caja Forense, Catena Zapata, Erick Sabaidini, Juan Martín Urrestarazu, Cassone, Daniel Galleta de Protefrut y Rodrigo Egoburu. Durante la reunión se abordaron distintos aspectos relacionados con el funcionamiento del sistema de riego y las obras previstas para optimizar la infraestructura productiva de la zona. En ese marco, Poletti destacó la importancia del trabajo conjunto entre el sector público y privado. Asimismo, remarcó el acompañamiento del organismo hacia los productores, “siéntanse acompañados, vamos a estar cerca de ustedes para solucionar de la mejor manera sus necesidades”.
Uno de los primeros momentos destacados se dio durante el espacio de homenajes, cuando el concejal 
Coria señaló que, pese a algunas dificultades iniciales, la respuesta de la comunidad ha sido positiva. “A 20 días o un mes ya la gente ha optado mucho por hacer la clasificación”, afirmó, remarcando que se trata de un proceso de concientización “super largo”, aunque con resultados alentadores para la localidad.
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Durante el procedimiento se secuestraron estupefacientes y diversos elementos de interés para la causa, en el marco de una pesquisa orientada a la posible comercialización de sustancias prohibidas. Entre los materiales incautados se encontraron cogollos y hojas de cannabis, plantas y esquejes de la misma especie, y hongos alucinógenos que, tras ser sometidos a test orientativos, arrojaron resultado positivo para psilocibina (sustancia química presente en ciertos tipos de hongos. También se secuestró una importante cantidad de productos comestibles elaborados (brownies, chocolates, alfajores, gomitas y tortas) que contendrían sustancias compatibles con cannabis, conforme a los análisis preliminares realizados en el lugar.
La causa, con intervención de la Fiscalía Temática de Delitos Económicos, se originó a partir de distintos hechos denunciados, en los que personas mayores fueron contactadas telefónicamente por individuos que se hacían pasar por supuestos funcionarios de organismos públicos. Bajo engaño, les indicaban la necesidad urgente de cambiar sus ahorros en moneda extranjera, logrando que entregaran importantes sumas de dinero en dólares y otras divisas a personas que se presentaban en sus domicilios. A partir de las tareas investigativas, que incluyeron análisis de comunicaciones, relevamiento de cámaras de seguridad y seguimiento de los movimientos de los sospechosos, se logró establecer un patrón común de actuación y vincular distintos hechos ocurridos en la ciudad bajo la misma modalidad delictiva. En ese marco, se llevaron adelante allanamientos en la provincia de Mendoza, en coordinación con personal de la policía de investigaciones (PDI), donde se logró la detención de uno de los implicados y el secuestro de teléfonos celulares, prendas de vestir y un vehículo que habría sido utilizado para concretar al menos uno de los hechos investigados. Se estableció además que este imputado registraba un pedido de captura vigente por un hecho de estafa bajo la misma modalidad en la provincia de Córdoba, lo que refuerza la hipótesis de su participación en una estructura delictiva con alcance interprovincial. De manera simultánea, en la localidad de Centenario, provincia de Neuquén, y en coordinación con personal del Departamento de Delitos Económicos de esa jurisdicción, se concretó otro procedimiento que permitió la detención de un segundo involucrado, sobre quien además pesaba un pedido de captura vigente en otra causa por estafa. Durante este procedimiento, se secuestraron dispositivos móviles, indumentaria y un vehículo sobre el cual recaía un pedido de secuestro vigente en el marco de otra investigación, elementos que serán sometidos a peritajes para profundizar la causa. Los hechos investigados presentan un patrón común: llamados telefónicos desde números ocultos o desconocidos, en los que los autores brindaban información personal de las víctimas para generar confianza, simulando ser empleados de entidades oficiales. Luego, coordinaban el retiro del dinero mediante terceros que se presentaban en los domicilios, sin ejercer violencia, pero aprovechándose del engaño. En varios de los casos, las víctimas entregaron sumas importantes de dinero en moneda extranjera, superando en algunos hechos los 20.000 dólares, lo que permite dimensionar el impacto económico de este tipo de delitos. Desde la Policía provincial se reiteró a la comunidad la importancia de extremar precauciones ante este tipo de maniobras, no brindar información personal ni entregar dinero ante llamados telefónicos sospechosos, y comunicarse de inmediato con la Policía a través del 101. 
La Asamblea fue encabezada por la presidenta de Pampetrol SAPEM, María de los Ángeles Roveda, acompañada por miembros del directorio, la vicepresidenta Cecilia Baudino, los directores Juan Pedro Brindesi, Nicolás Romano, Carlos Santarossa y Juan Cruz Barton; y los síndicos de la Comisión Fiscalizadora, Simón Barreto, Juan Pablo Fasce y Brenda Alonso. Asimismo, en representación de las Acciones Clase A, B y C de la Provincia, asistió el procurador general, Araldo Eleno; en representación de las Acciones Clase B participaron representantes de los municipios de Gral. Pico, Anguil, Doblas, Speluzzi, Trenel y Victorica; y por las Acciones Clase C, representante de la FEPAMCO, Jorge Páez.