La escasez de gas doméstico, agravada por tensiones en Medio Oriente, afecta la vida cotidiana de millones de hogares en India. La crisis ya impacta en la economía informal, empuja a familias a abandonar las ciudades y expone la vulnerabilidad energética del país.
En la India, conseguir un cilindro de gas se ha convertido en una tarea cada vez más difícil. Para millones de familias, la rutina diaria ahora incluye largas filas, incertidumbre y, en muchos casos, la imposibilidad de cocinar.
El problema no es menor: el país importa cerca del 60% del gas que consume a nivel doméstico, y casi el 90% proviene de países del Golfo como Qatar, Arabia Saudita e Irak. En ese contexto, la intensificación del conflicto en Medio Oriente —especialmente las tensiones entre Irán y Estados Unidos— y las dificultades en el tránsito por el estratégico estrecho de Ormuz han comenzado a generar un efecto directo en el abastecimiento.
En Nueva Delhi, la situación es palpable. Mira Deby, una madre de familia, pasa horas haciendo fila con la esperanza de conseguir un cilindro. “No puedo cocinar para mis hijos, tienen hambre. Estoy aquí desde la mañana”, relata con angustia. Como ella, millones enfrentan una crisis que altera lo más básico: la alimentación diaria.
Entre el 12 de marzo y el 7 de abril, India logró negociar con Irán el paso seguro de ocho buques cargados con unas 350.000 toneladas de gas licuado de petróleo (GLP). Sin embargo, esa cantidad representa menos de cuatro días de consumo nacional, lo que deja en evidencia la magnitud del problema.
El impacto también se siente en la cadena de distribución. Raman Das, repartidor de cilindros, asegura que su actividad cayó notablemente: “Antes entregaba entre 40 y 45 cilindros al día, ahora apenas llego a 30 o 35. Los clientes llaman constantemente, están preocupados”.
Mientras tanto, el mercado negro florece. El precio de los cilindros se ha disparado: de unos 15 euros a más de 40 en cuestión de semanas, con previsiones de seguir en aumento. Para muchos pequeños comerciantes, la situación es insostenible.
Viral, vendedor de comida callejera, explica que depende de estos cilindros para trabajar: “Este es el último que tengo. Si se acaba, no sé si conseguiré otro”. La alternativa, en muchos casos, ha sido volver a métodos más precarios como el uso de carbón o leña, que implican mayores costos y dificultades operativas.
Shanaguas Alam, con más de dos décadas al frente de un puesto en la vieja Delhi, debió cerrar durante tres días por falta de gas. “Tuvimos que aumentar los precios en 10 rupias por producto. Antes usábamos dos o tres cilindros, ahora gastamos casi 65 euros en carbón”, detalla.
La crisis también está provocando un fenómeno más profundo: el desplazamiento interno. Mohamad Actar, trabajador migrante, decidió abandonar la ciudad tras 25 años. “No gano lo suficiente y el gas es cada vez más caro. En mi pueblo al menos podemos cocinar con leña”, explica.
Pero el impacto no se limita al territorio indio. Millones de trabajadores dependen del empleo en países del Golfo, una región ahora atravesada por el conflicto. Cerca de 10 de los 15 millones de indios en el exterior residen allí, y sus remesas representan una parte crucial de la economía nacional.
La guerra ya ha dejado víctimas. Ashish Kumar, capitán de un petrolero, murió tras un ataque con drones cerca de Omán. Su familia aún no logra asimilar la pérdida. “Seguimos rezando para que esté vivo”, dicen, mientras enfrentan la incertidumbre económica tras su muerte.
En distintas regiones de India, la preocupación crece entre las familias que tienen parientes trabajando en el exterior. Shamsa Katun, cuyo esposo trabaja en una planta de gas en Qatar que fue alcanzada por un misil, vive con temor constante: “No podemos dormir. Los niños preguntan todo el tiempo por su padre”.
La crisis del gas en India deja al descubierto una dependencia estructural que hoy se vuelve crítica. Con millones de hogares afectados, una economía informal en jaque y familias atravesadas por la incertidumbre, el país enfrenta no solo una escasez energética, sino también una profunda crisis social derivada de un conflicto que ocurre a miles de kilómetros, pero cuyos efectos ya se sienten en cada rincón del territorio.
La investigación permitió establecer que la organización operaba con conexiones externas y que su coordinación se realizaba desde una celda del Servicio Penitenciario Federal U4 con asiento en esta ciudad, por una persona de nacionalidad extranjera condenada por delitos previstos por la Ley 23.737, quien mantenía vínculos con el exterior para asegurar el abastecimiento de droga a distribuidores de Santa Rosa.
El eje central de esta mirada es la consigna de la “Memoria Completa”, que plantea que el Estado debe reconocer a todas las víctimas de la violencia política, no solo a aquellas afectadas por el terrorismo de Estado. Desde esta perspectiva, se sostiene que la narrativa predominante ha invisibilizado el accionar de organizaciones guerrilleras y paramilitares. En ese marco, el principio libertario de no agresión se utiliza para condenar tanto los crímenes estatales como los atentados de grupos insurgentes. El cuestionamiento a la cifra de los 30.000 desaparecidos aparece como una demanda de “verdad histórica”, más que —según sus defensores— una negación del sufrimiento.
Según el comunicado oficial, la reunión está dirigida a todos los socios de la entidad y tiene como objetivo tratar diversos puntos clave para el funcionamiento institucional y administrativo.
La investigación se inició el 3 de febrero pasado, a partir de una denuncia en la que se advirtió la presunta comercialización de animales que habrían sido reconocidos por sus propietarios durante la transmisión de un remate feria realizado en la localidad de Algarrobo del Águila. Según lo manifestado, los bovinos se encontraban en un establecimiento rural y no se había efectuado movimiento ni venta alguna. Ante esta situación, y por disposición judicial, se realizaron allanamientos en distintos predios rurales y comerciales. En acciones coordinadas y supervisadas desde la Coordinación Provincial de Seguridad Rural, personal de la División Seguridad Rural UR-IV, en colaboración con la Comisaría Departamental 25 de Mayo, llevó adelante múltiples diligencias que se extendieron durante varios días, con el objetivo de identificar marcas y señales del ganado y establecer la propiedad de los animales.
El edificio forma parte de obras que se hicieron durante la segunda presidencia de Juan Domingo Perón, dentro un plan llamado quinquenal. El edificio habría empezado a usarse en 1952. Entre las obras de esos años en Victorica, figura la parte del Hospital Luisa Pedemonte de Pistarini que da a la calle 15 y también las primeras instalaciones de agua potable de Victorica, que han sido renovadas.
La sirena se activó a las 16:40 del 20 de febrero 2026 y el movimiento fue inmediato en el cuartel de 
Al arribar, el humo dominaba la escena. El fuego afectaba al vehículo detenido sobre la banquina, por lo que los efectivos iniciaron de inmediato las maniobras de extinción mientras se aseguraba el perímetro para evitar que las llamas alcanzaran la vegetación cercana.
Una vez controlado el foco ígneo, el personal avanzó con tareas de enfriamiento del rodado y verificación del entorno, garantizando la eliminación de puntos calientes. La intervención se desarrolló sin registrarse otras novedades.
Durante la última semana se realizaron 129 operativos en los que se efectuaron 11.518 testeos de alcoholemia, de los cuales 12 arrojaron resultado positivo.
El encuentro tuvo lugar en la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de La Pampa y fue organizado por el Ministerio de la Producción de La Pampa. La propuesta contó además con el acompañamiento del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (CASAFE) y el Colegio de Ingenieros Agrónomos de La Pampa, en una muestra de articulación entre el Estado, el ámbito académico y el sector profesional.
La apertura estuvo encabezada por la directora de Agricultura, Natalia Ovando, junto al subdirector del área, Sergio Baudracco. También participaron autoridades universitarias, como la decana de Agronomía, Lía Molas, y representantes del Colegio de Ingenieros Agrónomos.