La Policía de La Pampa desplegó en la ciudad de Santa Rosa un conjunto de acciones preventivas y judiciales orientadas a desalentar las picadas ilegales y las maniobras peligrosas en la vía pública, prácticas que representan un alto riesgo para conductores, peatones y terceros.
En ese marco, a partir de tareas de control, monitoreo e investigación, se concretaron cinco allanamientos en distintos sectores de la ciudad, que permitieron el secuestro de cinco motocicletas, varias de ellas con modificaciones mecánicas para carreras clandestinas. Desde Policía se informó que se detectaron alteraciones técnicas que no sólo infringen la normativa vigente, sino que además incrementan de manera significativa el peligro de siniestros viales. Las personas involucradas deberán comparecer ante la Justicia en los próximos días, en el marco de las actuaciones iniciadas. De manera complementaria, en las últimas semanas la División Accidentología de la Unidad Regional I también secuestró distintos vehículos cuyos conductores realizaban maniobras temerarias en la vía pública, como aceleraciones bruscas, zigzag entre autos y competencias informales en sectores urbanos. Actualmente se cuenta con tecnología, sistemas de monitoreo y herramientas de investigación que permiten detectar, documentar y probar este tipo de conductas ilegales, fortaleciendo la capacidad de intervención para prevenir hechos que puedan derivar en lesiones graves o pérdidas de vidas. Finalmente, se reiteró a la comunidad la importancia de una conducción responsable. Desalentar las picadas y respetar las normas de tránsito no sólo implica cumplir la ley, sino también cuidar la vida propia y la de quienes comparten el espacio público.
Es la eterna pelea entre factores naturales e infraestructura moderna, como la conexión eléctrica. Hay lugares de Argentina y el mundo donde minimizan esos factores de afectación natural a tendidos de cables , enterrando la infraestructura. Es decir, instalar cableado subterráneo, como la ciudad de general Pico, que ha vuelto a ratificar esa política de infraestructura publica. Que se libre factores como enganches por camiones y cables bajos o vientos fuertes que quiebran postes de cables, o en los campos donde los incendios habituales de esta época, queman las columnas de madera dejando cables de electricidad por el suelo, con el consecuente peligro añadido inmediato de golpe eléctrico, al momento de caer al suelo, si hubiera un animal o persona en el lugar. La infraestructura de cables subterránea tiene un costo inicial mas alto, pero a lo largo del tiempo ahorra en mantenimiento, por reemplazo o daño a los cables y las columnas, por factores como viento o ramas de arboles que los tocan o caen sobre ellos.
Es la primera vez que se alcanzan dos años consecutivos de superávit financiero base caja desde 2008, obteniendo dicho resultado cumpliendo con la totalidad de los servicios de la deuda pública del Sector Público Nacional. En este sentido, el gasto primario en 2025 fue 27% inferior al de 2023 en términos reales. El superávit fiscal se alcanzó incluso luego de una reducción de impuestos que ya alcanzó más de 2,5% del PIB desde 2024, y que incluye la eliminación del Impuesto PAIS, la baja de derechos de exportación e importación, la disminución de impuestos internos y la eliminación del Impuesto a la Transferencia de Inmuebles. El ancla fiscal es un pilar fundamental del programa económico: permite la baja de la inflación y la progresiva eliminación de impuestos
Durante ese período se realizaron 3.788 testeos de alcoholemia, de los cuales 13 arrojaron resultado positivo, incluyendo dos conductores profesionales, lo que vuelve a poner en evidencia la persistencia de conductas de alto riesgo en contextos de gran circulación vehicular. Uno de los operativos de mayor impacto se llevó a cabo en Realicó, donde el equipo de Prevención y Protección Vial del Ministerio, junto con personal de la Dirección General de Seguridad Vial, desplegó un dispositivo especial para acompañar y ordenar los desplazamientos previos a las celebraciones de Año Nuevo. En ese punto se detectaron cinco alcoholemias positivas, una de ellas correspondiente a un conductor profesional, y además se logró identificar una inhabilitación para conducir vigente, gracias al cruce de datos provisto por el sistema Pampa Seguridad Activa, que permite una verificación en tiempo real de antecedentes y restricciones.
La suma de las multas ascendió a $ 203.825.000, un promedio de 1.178.000 pesos por cada sanción. Las novedades, publicadas en el Boletín Oficial de hoy, fueron informadas por el ministro de Gobierno y Asuntos Municipales, Pascual Fernández. “Defensa del Consumidor tiene un trabajo permanente de atención de casos y denuncias en todo el territorio provincial, una herramienta más que se pone al servicio de la gente de la gestión del Gobierno de La Pampa. Durante 2025 se observó un crecimiento importante de las denuncias de pampeanos, que observamos también en 2024, que vieron afectados sus derechos como consumidores y la respuesta de cada oficina ha sido acompañar cada reclamo y garantizar los derechos de cada cliente o usuario. Sobre todo en momentos críticos para el bolsillo de la gente y cuando se siente más vulnerada”, indicó el ministro Fernández a la Agencia Provincial de Noticias.
Entre los expositores estuvieron:
“El Gobierno de La Pampa considera inaceptable que, por primera vez, una representación oficial del Estado argentino lleve a un foro internacional una postura que contradice de manera directa las políticas de Estado sostenidas durante décadas en materia de derechos humanos, así como el consenso histórico construido en torno al proceso de Memoria, Verdad y Justicia” señala el documento emitido por la Subsecretaría pampeana.
“El negacionismo no solo desconoce la magnitud del horror producido por la dictadura cívico-militar, sino que atenta contra los valores democráticos básicos y contra el compromiso que la Argentina adoptó ante el mundo para garantizar justicia, reparación y no repetición. Asimismo, preocupa profundamente que estas manifestaciones se hayan producido en el marco de una presentación ante el Comité contra la Tortura, en un contexto de endurecimiento del sistema carcelario en el país. Un Gobierno, aún contando con la representación institucional de la Nación, no puede situarse en contra de las políticas de Estado, de la verdad histórica ni de los principios fundamentales asociados a los derechos humanos” agrega.
En total, se realizaron 1.277 pruebas de alcoholemia, de las cuales seis arrojaron resultado positivo. Dos de esos casos se registraron en el marco del programa nacional Alcoholemia Federal, una iniciativa vigente desde 2022 que coordina controles simultáneos en distintos puntos del país, con el objetivo de prevenir siniestros viales vinculados al consumo de alcohol.