Productores rurales manifiestan desacuerdo con los que dicen representarlos

En un documento hicieron una velada crítica al Ipcva, que había recordado hace unos días sobre la necesidad de realizar el trámite ante la próxima entrada en vigor del reglamento antideforestación de la Unión Europea.

El reglamento antideforestación de la Europea Unión es una norma creada para impedir que productos vinculados a la destrucción de bosques entren al mercado europeo.

Su nombre oficial es EUDR (“EU Deforestation Regulation”).

La idea básica es:
si una empresa quiere vender ciertos productos en Europa, debe demostrar que NO provienen de tierras deforestadas recientemente.

Los productos alcanzados incluyen:

  • soja,
  • carne vacuna,
  • madera,
  • cacao,
  • café,
  • aceite de palma,
  • caucho,
  • y derivados como cuero, muebles o chocolate.

La UE apunta sobre todo a problemas como:

  • tala ilegal,
  • avance agrícola sobre selvas,
  • incendios para abrir campos,
  • pérdida de biodiversidad,
  • emisiones de carbono.

¿Qué exige la norma?

Las empresas deben:

  • rastrear el origen exacto del producto,
  • entregar coordenadas geográficas del campo o zona productiva,
  • demostrar que no hubo deforestación después de cierta fecha,
  • y hacer controles de riesgo.

O sea:
Europa quiere poder verificar “de qué campo salió esto”.

La fecha clave fue el 31 de diciembre de 2020:
si un bosque fue desmontado después de esa fecha para producir soja o ganado, esos productos podrían quedar prohibidos en el mercado europeo.

¿Por qué genera polémica?

Muchos países productores —incluyendo Argentina y Brasil— dicen que:

  • aumenta costos,
  • exige demasiada burocracia,
  • puede perjudicar pequeños productores,
  • y funciona como una barrera comercial disfrazada de ambientalismo.

La UE responde que:

  • los consumidores europeos no quieren financiar destrucción de bosques,
  • y las cadenas globales deben ser más transparentes.

En la práctica, esto empuja a usar:

  • satélites,
  • GPS,
  • trazabilidad digital,
  • bases de datos,
  • monitoreo ambiental.

Por eso hoy incluso sectores tradicionales como:

  • ganadería,
  • agricultura,
  • forestación ,están incorporando tecnología de seguimiento muy avanzada.

Entidades rurales y productores de manera independiente fustigaron la inscripción en un registro donde deberán anotarse quienes pretendan tener algún vínculo comercial con la exportación de carne a la Unión Europea (UE). También apuntaron contra el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Ipcva), que hace unos días comunicó la novedad. El Ipcva y el Consorcio de Exportadores de Carnes ABC financiaron la plataforma Visec Carne, que es la que servirá para cumplir con ese requisito impuesto por la UE a partir de 2027.

“No más ambigüedades. No más intermediarios autoproclamados. No más organismos que se arroguen potestades que nadie les confirió, como el Ipcva”, comenzó el comunicado. “La defensa del productor no puede quedar subordinada a estructuras privadas ni a unos relatos construidos para instalar obligaciones que no existen”, dijeron.

La cuestión de fondo se remonta al reglamento 1115 de la UE que limitará desde la fecha mencionada el ingreso de productos como la carne y soja, entre otros, desde regiones deforestadas después del 31 de diciembre de 2020. Para los productores que firmaron el documento dado a conocer hoy, ese reglamento en realidad “alcanza al importador europeo, no al productor argentino. Y exige información productiva que ya obra en poder del Estado”.

“No corresponde trasladar esa responsabilidad a esquemas privados financiados, además, con recursos aportados por los propios productores”, sostuvieron.

En la visión de las entidades y productores, ”la Argentina debe sostener mecanismos públicos, transparentes y no excluyentes, evitando cargas innecesarias y la cesión indiscriminada de información estratégica”. Y sostuvieron: “El productor necesita representación clara, coherencia institucional y defensa genuina de sus intereses. No es tolerable la financiación espuria de la representación”.

Qué dijo el Ipcva

Hace unos días, el (Ipcva) recordó que los productores ganaderos deberán registrarse antes de junio en Visec Carne. El Ipcva no es el Visec Carne, pero, como se dijo, junto con el Consorcio ABC financió la plataforma. La inscripción no tiene costo para el productor.

Aunque el reglamento europeo 1115/2023 fue postergado y comenzará a aplicarse formalmente desde el 30 de diciembre de 2026, en el sector remarcaron que los tiempos para adecuarse ya empezaron a correr.

La principal preocupación pasa por garantizar la trazabilidad completa de los animales, una condición que Europa exigirá para autorizar el ingreso de carne vacuna a ese mercado.

“Para que un frigorífico pueda exportar carne a la Unión Europea, deberá demostrar el recorrido de los animales y su origen productivo”,

señalaron desde el Ipcva. En ese contexto, desde la cadena alertaron que si los productores no están incorporados al sistema, la información necesaria para reconstruir la trazabilidad de los animales no podrá integrarse correctamente.

Uno de los puntos que hoy genera mayor urgencia es el análisis de los polígonos de los establecimientos ganaderos. Según informó el Ipcva, durante junio el instituto realizará sin costo el análisis de los campos que ya estén registrados en el sistema. Después de ese plazo, el productor que no se haya inscripto deberá afrontar ese gasto por su cuenta. “Pasado ese plazo, el análisis ya no será financiado por el Instituto”, indicaron.

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