El Gobierno de La Pampa, a través de la Fiscalía de Estado, solicitó formalmente constituirse como parte querellante en las investigaciones penales iniciadas por amenazas de tiroteos y otros mensajes intimidatorios detectados en establecimientos educativos de distintas localidades de la Provincia. 
La presentación fue realizada por el fiscal de Estado subrogante, Araldo Eleno, por instrucción del gobernador Sergio Ziliotto, con el objetivo de colaborar en el esclarecimiento de los hechos, reforzar las acciones preventivas y garantizar que este tipo de conductas no transcurran sin una consecuencia institucional y judicial.
Desde el Estado provincial se fundamentó la intervención en la necesidad de preservar la seguridad pública, el orden institucional y la normal prestación del servicio educativo, además de garantizar el interés superior de niños y adolescentes, conforme a la normativa vigente.
En ese marco, se dispusieron medidas inmediatas de prevención y contención en cada caso detectado, entre ellas la suspensión de actividades escolares cuando la situación lo requirió, la intervención de organismos de protección de derechos y el acompañamiento de equipos técnicos especializados.
Hechos investigados
Uno de los hechos investigados ocurrió en el Colegio República del Salvador de General Pico, donde se detectaron pintadas amenazantes y un estudiante de 13 años manipulando una munición.
Ante esta situación, además de la suspensión preventiva de clases, se dio intervención a la Unidad Local de Niñez y Adolescencia. También se solicitaron medidas de resguardo para el menor involucrado, orientadas a la protección integral y al abordaje interdisciplinario.
A partir de la evaluación conjunta realizada por las áreas de Educación, Seguridad y Desarrollo Social y Derechos Humanos, se consideró un escenario de alto riesgo, por lo que se avanzó con medidas urgentes de contención y seguimiento.
Entre ellas se incluyó la asistencia terapéutica urgente, supervisión familiar reforzada, control de acceso a elementos peligrosos y la definición de una nueva modalidad de escolarización, a cargo del Ministerio de Educación, con acompañamiento específico.
También se investigan amenazas registradas en otras instituciones educativas de la Provincia: en 25 de Mayo, en General Acha y en Santa Rosa, donde aparecieron mensajes intimidatorios en baños escolares y otros espacios comunes.
Las denuncias fueron radicadas de manera inmediata, activándose la intervención del Poder Judicial, la Fiscalía Penal Juvenil y las áreas competentes del Ejecutivo provincial, con el propósito de que estos hechos sean investigados y tengan las consecuencias correspondientes.
Trabajo articulado y llamado a las familias
El Gobierno provincial recordó que muchos de estos episodios se vinculan a desafíos virales que circulan en redes sociales y reiteró la importancia del acompañamiento de madres, padres y personas adultas responsables.
En ese sentido, se solicitó fortalecer el diálogo con adolescentes sobre la gravedad de estas conductas y sus consecuencias personales, familiares y judiciales.
Asimismo, el Ministerio de Educación, en coordinación con el Ministerio de Seguridad y Justicia, la Policía provincial, equipos territoriales y autoridades escolares, continúa profundizando acciones preventivas y de concientización en todo el territorio pampeano, reafirmando que ningún hecho de esta naturaleza quedará sin intervención estatal.
Según el comunicado oficial, la entidad había solicitado previamente que el sindicato detallara de manera “concreta y específica” los hechos que motivaron la medida de fuerza, particularmente aquellos que fueron calificados como “violentos, discriminatorios, persecutorios y/o abusivos”.
La intervención del organismo laboral derivó este 15 de abril en la apertura de un período conciliatorio por diez días. En ese marco, se dispuso el cese inmediato de las medidas de acción directa y el retorno de los trabajadores a sus puestos, con el objetivo de garantizar la normal prestación de los servicios públicos en la localidad.
De acuerdo con lo informado, tras la resolución oficial y en un lapso cercano a los 40 minutos, la medida de fuerza fue levantada y las actividades comenzaron a normalizarse.
Asimismo, desde la Cooperativa se indicó que no existen empleados en litigio ni procesos judiciales o administrativos iniciados por los trabajadores que participaron de la protesta. En ese sentido, la institución sostuvo que, mientras no se precisen adecuadamente las denuncias, no corresponde atribuirle irregularidades en su accionar.
El comunicado también incluyó un llamado a ambas partes a evitar la difusión de publicaciones que puedan agravar el conflicto, al tiempo que se reiteró el compromiso con el diálogo institucional, el respeto a la legalidad y la continuidad de los servicios esenciales para la comunidad.
La falta de energía eléctrica impacta directamente en la vida cotidiana. En numer
No obstante, la necesidad de contar con una fuente de energía confiable comienza a inclinar la balanza. Para muchos usuarios, la prioridad no es el consumo intensivo —como el uso de aire acondicionado— sino garantizar servicios básicos: luz, ventilación y conectividad.
Memoria, verdad y justicia como ejes
Como cierre del acto, se realizó la plantación de especies en el espacio público, en un gesto simbólico que buscó representar el compromiso con la memoria y el futuro.
El eje central de esta mirada es la consigna de la “Memoria Completa”, que plantea que el Estado debe reconocer a todas las víctimas de la violencia política, no solo a aquellas afectadas por el terrorismo de Estado. Desde esta perspectiva, se sostiene que la narrativa predominante ha invisibilizado el accionar de organizaciones guerrilleras y paramilitares. En ese marco, el principio libertario de no agresión se utiliza para condenar tanto los crímenes estatales como los atentados de grupos insurgentes. El cuestionamiento a la cifra de los 30.000 desaparecidos aparece como una demanda de “verdad histórica”, más que —según sus defensores— una negación del sufrimiento.
El acto central se desarrollará el martes 24 de marzo a las 10:00, en el Parque Provincial de la Memoria y se trasladará posteriormente al monumento de la Laguna Don Tomás.
El procedimiento se realizó el pasado miércoles 25 de febrero en horas de la tarde, en un domicilio ubicado sobre calle Santa Cruz al 1700, con intervención de la Fiscalía Federal y bajo directivas del Juzgado Federal de Garantías de Santa Rosa. Durante el operativo, que contó con la colaboración del Grupo Especial, se incautaron diez plantas de cannabis, sustancia vegetal en proceso de secado con un peso total de 1 kilo 231 gramos (1,2 kilogramos), una pequeña cantidad de cocaína, elementos utilizados para el fraccionamiento de droga, dinero en efectivo y teléfonos celulares. Como resultado del procedimiento, un hombre mayor de edad fue detenido y puesto a disposición de la Justicia Federal. Según se informó, el involucrado ya había sido objeto de intervenciones previas en el marco de causas por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737. El operativo se enmarca en una investigación desarrollada por personal del Área de Coordinación Operativa de Lucha contra el Narcotráfico, que incluyó tareas de análisis y seguimiento para reunir los elementos probatorios que permitieron avanzar con la medida judicial.
Durante la entrevista también se refirió a las causas judiciales vinculadas al tema, a las críticas que recibió por sus investigaciones y a su postura sobre la necesidad de abrir un debate público sobre los posibles efectos adversos de las vacunas. Durante la entrevista, Lorena Di Blasi explicó que el CONICET le inició un sumario a raíz de estudios que realizó junto a otros investigadores sobre vacunas aplicadas durante la pandemia de COVID-19. Según indicó, los análisis se realizaron de manera independiente y con recursos aportados por la comunidad, mediante servicios técnicos contratados en laboratorios especializados.