La provincia de La Pampa participó de la reunión del Comité Ejecutivo del CIAI (Comité Interprovincial del Atuel Inferior) en la que reiteró su rechazo al trasvase de aguas del río Grande al Atuel y reclamó poder de decisión sobre las actividades de fracking en la cuenca.  El encuentro, que tuvo lugar en la sede del COHIFE en Buenos Aires, contó con la participación de representantes del Gobierno Nacional, La Pampa y Mendoza. Integraron la delegación pampeana, entre otros, el secretario de Recursos Hídricos, Javier Schlegel; el procurador General de Rentas, Hernán Pérez Araujo; el fiscal de Estado, José Vanini; la ministra de Desarrollo Social, Fernanda Alonso; y el representante de la Asamblea de los Ríos, Néstor Lastiri.

Pérez Araujo comentó que hubo una nueva reunión del Grupo de Trabajo donde se trataron los indicadores de monitoreo del medio ambiente en el ecosistema del noroeste de la provincia de La Pampa, “se está avanzando, tanto Nación como Mendoza y La Pampa han alcanzado un documento que va a ser analizado y se tratará de consensuar uno único de acá a la próxima reunión, fue un avance importante. También se adelantó en cuanto al escenario deseado para la cuenca, donde La Pampa manifestó que el mismo se especifica principalmente en las problemáticas ya planteadas referidas al río y cese de los escurrimientos, nosotros entendemos que como una medida prioritaria debe fortalecerse institucionalmente este organismo de cuenca (CIAI), que la Corte, en su sentencia manda a fortalecer desde lo institucional y desde lo económico y financiero. Deben analizarse obras estructurales y algunas otras medidas como la adaptación del estatuto a los nuevos tiempos y a la sentencia de la Corte”. En este último punto Mendoza propuso extender dicho tratamiento mientras que La Pampa consideró que es el momento oportuno.
“Mendoza insiste en el tratamiento del trasvase del río Grande al Atuel. Todas las discusiones terminan en lo mismo, nosotros volvemos a manifestar que el organismo de cuenca que implica la CIAI no tiene competencia para tratar la realización de una obra que forma parte de otra cuenca como es la del río Colorado. La Pampa no se va a oponer al tratamiento de ninguna obra que esté dentro de la cuenca del río Atuel y haga a la solución de la problemática. Pero el trasvase del río Grande al Atuel debe ser tratado en el ámbito del COIRCO”, manifestó Pérez Araujo.
Entre los puntos abordados en la reunión se destacan la solicitud de informes por parte de La Pampa respecto a las actividades de extracción de gas y petróleo que utilizan la técnica del fracking en Mendoza, la situación de los pueblos originarios que habitan el noroeste de pampeano y la conformación de un comité de expertos en eficiencia de riego.
En relación al fracking –método de extracción de hidrocarburos mediante el que ejerce fuerte presión sobre el suelo para fracturar la roca- la provincia de Mendoza presentó dos informes a petición de la representación pampeana, que serán analizados. “Para La Pampa esta presentación de informes de manera posterior a la realización de pruebas no corresponde dentro de un ámbito de buena fe negocial y dentro de un organismo de cuenca como es la CIAI, hemos vuelto a pedir que todas estas acciones e informaciones deben ser planteadas de manera previa en la CIAI y analizadas dentro del ámbito de la Comisión”.
En relación a la corte anual del río por 125 días que Mendoza anunciara días atrás, “también hemos manifestado que ese accionar es unilateral, inconsulto y no hace al fortalecimiento institucional de la CIAI”. 
Javier Schlegel

Por su parte, el subsecretario de Recursos Hídricos, Javier Schlegel, aseguró que La Pampa “ve con buenos ojos que Mendoza presente los informes solicitados, pero también manifestamos que esos informes deben ser previos a cualquier acción unilateral en la cuenca, para darle justamente la oportunidad a nuestra Provincia de expedirse respecto de esa acción y que haya un manejo en conjunto de la cuenca”. La delegación pampeana se comprometió a analizar dichos informes, al tiempo que solicitó estudios de impacto ambiental de la actividad.
Fernanda Alonso

En tanto, la ministra Alonso analizó la situación que atraviesan las cuatro comunidades indígenas que habitan el noroeste de La Pampa y reclamó que sean tenidos en cuenta. “Lo que hicimos fue transmitir la voz de los pueblos originarios, que el 18 de abril pasado en una asamblea me solicitaron que explique cuál es la situación de las comunidades aun existentes en la zona y reconocidas por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Son comunidades que a partir del corte sufrieron un fuerte éxodo pero aún resisten en el lugar y esto tiene que ver con el acompañamiento del Estado Provincial en la restitución de tierras, en la posibilidad de acceder a la personería jurídica, a los relevamientos territoriales, los que le van dando la posibilidad de ser visibilizados”, agregó.
Uno de los indicadores evaluados en la recomposición del ecosistema tiene que ver con lo socio-cultural, añadió la ministra, “y tener en cuenta la pre-existencia del pueblo Ranquel, así como se ha reconocido oportunamente por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y que a lo largo del tiempo siguen viviendo en el lugar, podría impactar directamente en que aquellos que se fueron puedan volver y seguir trabajando la tierra y conservar su forma de vida, que no abandonan, porque de hecho los niños que asisten a las escuelas de la zona reciben educación intercultural bilingüe”.
Comité especializado
Asimismo, durante el encuentro se acordó la creación de un comité técnico especializado en eficiencia de riego. “Se va a conformar una comisión destinada específicamente a determinar la eficiencia de riego en la provincia de Mendoza y la eventual mejora de la misma, atento a que no nos ponemos de acuerdo al grado de eficiencia. Nosotros hablamos de un 30% y Mendoza habla de un 43%”, señaló Pérez Araujo.
Se propuso, además, que dicha comisión convoque a participar de un taller a expertos de la Universidad Nacional de La Pampa, la Universidad Nacional de Cuyo, la FAO, el INTA y el Banco Mundial.

Tal como lo anunciara el gobernador, Carlos Verna, el Gobierno de La Pampa elaboró el Programa de Vivienda Social “Viviendas La Pampa”, con la ejecución de unas 600 viviendas, destinado a localidades de menos de 10.000 habitantes, según el Censo Nacional del año 2010, y a los sectores más vulnerables de la población, cuyos grupos familiares serán propuestos por los municipios.
En relación al nuevo Programa, el presidente del Instituto Provincial Autárquico de Vivienda (IPAV), Jorge Tébes, informó que las Municipalidades y Comisiones de Fomento que adhieran al Plan, tendrán a su cargo la contratación y ejecución total de la obra, como así también proveerán los terrenos en donde se asentarán las viviendas, dotados de la infraestructura básica. Los terrenos deben ser del municipio o del IPAV.
“El municipio elevará al IPAV los planos municipales de obra nueva a construir, aprobados, la constancia de titularidad de los terrenos, la planilla propuesta de postulantes, la Ordenanza del Concejo Deliberante autorizando la adhesión al presente Plan y toda otra documentación que se crea necesaria para el desarrollo del proyecto”, explicó Tébes.
“La Provincia otorga un aporte, en carácter de subsidio no reintegrable, de $350.000 por cada vivienda nueva, y los intendentes destinan otro monto en base al proyecto elaborado por el municipio, lo que determinará el valor total de la vivienda”, añadió el titular del IPAV, quien manifestó que será requisito que “las viviendas nuevas consten de la siguiente tipología mínima: dos dormitorios, un baño y cocina comedor”.
Una vez aprobado el proyecto y firmado el Convenio con el IPAV, el Instituto hará un desembolso de dinero equivalente al 30% del total del Convenio, posteriormente, contra la certificación por parte del IPAV del avance de obra, se otorgará un 40%, y finalmente, cuando la obra registre el 70% de avance, se entregará el 30% restante.
Los plazos de obra se fijarán en función de la cantidad de viviendas y las disponibilidades económicas de los municipios. “Para esta operatoria, la Provincia va a destinar un monto total de $210 millones, a fin de paliar la situación de no envío de fondos por parte del Gobierno Nacional, que venía construyendo unas 1000 viviendas por año en La Pampa y este año solo destinó $63.000.000 en su Presupuesto”.

En la Sala del Pensamiento de la Cámara de Diputados de la Provincia, se llevó a cabo una charla sobre Comunicación Federal Participativa y Democrática, en el marco del debate ante el  proyecto de Ley de Telecomunicaciones, impulsado por el Gobierno Nacional.
Dirigida a referentes provinciales en la temática, la apertura a cargo del vicegobernador, Mariano Fernández y del ministro de Desarrollo Territorial, Martín Borthiry. También estuvieron presentes los legisladores nacionales Sergio Ziliotto, Melina Delú y Ariel Rauschenberger, y el especialista en temas comunicacionales, Martín Becerra.
Mariano Fernández sintetizó la Ley de Medios sancionada en 2015 por unanimidad, “fue modificada ilegalmente por Decreto presidencial para beneficiar a los grandes grupos económicos, grupos que tienen como insignia a medios de comunicación que bastardean la función del periodismo y transmiten la voz oficial sin tener en cuenta la función crítica del periodismo sobre las acciones de los gobiernos. Este es un encuentro para promover una ley justa y representativa que favorezca una comunicación federal, que contemple el funcionamiento de los pequeños y medianos medios de comunicación, cooperativas y radios municipales. La denominada “Ley Corta” es un avance sobre la infraestructura y soberanía de las provincias, cooperativas y municipios, quienes deberán poner a disposición de las grandes empresas privadas la infraestructura realizada con los aportes de los habitantes de cada pueblo, para que la usufructúe una empresa privada internacional, ajena a nuestra idiosincrasia y necesidades”, especificó.
Por su parte, Borthiry, calificó el tratamiento de las Telecomunicaciones por parte del Gobierno nacional de “perverso, arrogante y en beneficio de las grandes empresas que todos conocemos”.
En ese camino destacó los aportes de las cooperativas, que ocupan un lugar muy importante en cada pueblo de nuestra provincia, “con mucho esfuerzo trabajan para el desarrollo de cada comunidad. Por eso nosotros creemos que tenemos que tener el coraje de enfrentar este tipo de políticas. Tenemos que trabajar para no terminar siendo meros empleados de las grandes empresas de comunicaciones, tenemos que frenar el avasallamiento del Gobierno Nacional. El sentido filosófico del Gobierno Nacional va de la mano de las grandes empresas, nosotros, como Gobierno, no tenemos nada que ver con este tipo de filosofía, creemos que tenemos que definir un acuerdo estratégico entre el Gobierno Provincial y las cooperativas”, enfatizó.
El diputado nacional, Sergio Ziliottto, consideró que se está realizando un debate trascendental, ya que se define la política de Estado de los próximos 15 o 20 años en el ámbito de las comunicaciones, “y por eo debemos buscar la mejor conjunción posible entre las políticas de Estado y la participación del mercado. Que esta conjunción nos permita a todos los argentinos tener acceso a todos los servicios de comunicaciones, de calidad, pero sobre todo con precios justos. No es cierto que con esta ley los capitales extranjeros van a venir a invertir. Si la Ley de Telecomunicaciones propuesta por el Gobierno Nacional saliera tal como está, van a venir a llevarse la plata. Luego, si el negocio siguiera siendo rentable, recién ahí van a invertir para agrandar su negocio”, manifestó.
Haciendo foco en nuestra provincia, informó que la ley propuesta por Nación pretende el uso de la fibra óptica realizada por el Gobierno Provincial, “que se concretó con esfuerzo de todos los pampeanos; quieren regular su uso y su precio según las definiciones del mercado. Sabemos lo que significa el posicionamiento de las grandes empresas frente a una pyme o una cooperativa. Estamos en desigualdad de condiciones. También quieren utilizar la fibra óptica de muchas cooperativas, que con mucho esfuerzo han logrado ir ampliando su infraestructura; éste es uno de los puntos graves de esta ley”, consideró.
Continuando con el repaso por la Ley, el legislador sostuvo que avanza contra la función social del Estado, “cuyo desempeño fue aprobado en una ley aprobada por unanimidad en 2015. Esta función social del Estado ocupa un rol de regulador, es este rol el que permite poner un freno a las ganancias de la inversión privada y le agrega costos. Esto establecía un respeto al federalismo el cual abraza nuestro sistema a partir de la Constitución Nacional”
Finalmente calificó la ley como  “perjudicial” y por ello se trabaja en su modificación “es una propuesta que se viene trabajando desde hace mucho tiempo, donde se incorpora nuevos prestadores de servicios. Nosotros planteamos -entre otras cosas- que los gobiernos provinciales, cooperativas o pymes sigan ostentando la decisión de compartir su estructura o no. De este modo se obliga a los grandes prestadores de servicios de telecomunicaciones a prestar su infraestructura. Creo también que esta es una de las mayores oportunidades que tenemos para diversificar la matriz económica de La Pampa.

Si nosotros podemos poner en marcha un empresa provincial de Telecomunicaciones estaríamos defendiendo nuestra soberanía, dándole valor agregado pampeano y creando una gran fuente de trabajo, ofreciendo un servicio a toda la provincia y a un precio justo”, manifestó. 

Tarifazo: “no vamos a abandonar el reclamo de la gente”

En relación a un nuevo aumento de tarifas, el legislador nacional, Sergio Ziliotto, sostuvo “nosotros no vamos a abandonar el tema, abrimos su tratamiento en las Comisiones. No vamos a abandonar el reclamo de la gente, sobre todo ahora que pudimos ver cómo el Gobierno Nacional ha planteado una medida que es un burla a los argentinos. El anuncio de ayer es un nuevo incremento de tarifas, primero porque traslada las tarifas, pero las indexa, esto quiere decir que son más caras; segundo porque la gente no llega a fin de mas, la gente no va a guardar la plata para pagar las tarifas de enero, febrero y marzo, estamos dilatando el problema. Nuestro desafío es unirnos en un proyecto que sea una solución para la gente, en ello vamos a asegurar el debate”, consideró.
Sobre el comportamiento de los legisladores nacionales pampeanos en el recinto, el diputado manifestó: “ellos priorizan el acuerdo político con Macri antes que solucionar las necesidades de la gente. Tendrán sus razones y las respetamos, se harán responsables; la gente mira, la gente premia o castiga el comportamiento de un diputado, en las elecciones”, finalizó.