Cada 24 de marzo, Argentina se sumerge en una jornada de reflexión profunda. En los últimos años, esa conmemoración ha incorporado un contrapunto impulsado desde sectores libertarios y, más recientemente, desde el propio gobierno nacional, que promueven una lectura alternativa de los años 70 bajo la idea de cuestionar lo que denominan el “relato oficial”.
El eje central de esta mirada es la consigna de la “Memoria Completa”, que plantea que el Estado debe reconocer a todas las víctimas de la violencia política, no solo a aquellas afectadas por el terrorismo de Estado. Desde esta perspectiva, se sostiene que la narrativa predominante ha invisibilizado el accionar de organizaciones guerrilleras y paramilitares. En ese marco, el principio libertario de no agresión se utiliza para condenar tanto los crímenes estatales como los atentados de grupos insurgentes. El cuestionamiento a la cifra de los 30.000 desaparecidos aparece como una demanda de “verdad histórica”, más que —según sus defensores— una negación del sufrimiento.
En paralelo, esta corriente busca desmontar la idea de un supuesto “liberalismo” durante la última dictadura. Argumenta que el modelo económico de ese período, asociado a José Alfredo Martínez de Hoz, fue en realidad estatista y corporativista, señalando la persistencia de un alto gasto público, empresas estatales y restricciones a las libertades individuales. Desde esta óptica, no puede hablarse de liberalismo en un contexto de autoritarismo político.
A nivel más teórico, el libertarismo considera al golpe de Estado como la máxima expresión de coerción estatal, al entender que implica la imposición del poder por la fuerza y la anulación de la soberanía individual.
Este enfoque no solo se expresa en el plano discursivo, sino también en una estrategia comunicacional. El gobierno ha impulsado una contra-narrativa a través de producciones audiovisuales, utilizando el cine y el formato documental como herramientas centrales.
En este marco, el cineasta Santiago Oría aparece como uno de los principales arquitectos de la estética y narrativa oficial, desarrollando contenidos que buscan mostrar “la otra cara” del período, incluyendo testimonios de víctimas de la violencia guerrillera y reforzando la revisión de cifras y relatos históricos. A su vez, figuras como Agustín Laje, quien condujo el minidocumental difundido en 2025, aportan el marco interpretativo desde lo ideológico.
Ese material sostiene que la violencia política precedió al golpe de 1976, propone una equiparación entre las acciones de organizaciones como Montoneros o el ERP y el accionar estatal, y reinterpreta el período como una “guerra interna” en lugar de un plan sistemático de represión.
También se suman otras voces del ámbito audiovisual y digital, como el cineasta e influencer Diego Recalde, quien ha reforzado estas lecturas críticas, incluyendo cuestionamientos al rol de los organismos de derechos humanos y a lo que el sector denomina un uso político del tema.
En conjunto, esta corriente propone que el 24 de marzo no sea únicamente una jornada de duelo centrada en una sola narrativa, sino una instancia para revisar integralmente la historia reciente, condenar toda forma de violencia política y replantear el sentido de la memoria colectiva bajo la idea de que la libertad es indivisible.
El acto central se desarrollará el martes 24 de marzo a las 10:00, en el Parque Provincial de la Memoria y se trasladará posteriormente al monumento de la Laguna Don Tomás.
El encuentro, encabezado por la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, permitió abordar los principales desafíos en materia de seguridad pública, con eje en el combate al narcotráfico, el crimen organizado y la coordinación entre jurisdicciones. En ese marco, el titular de la cartera pampeana planteó la necesidad de avanzar en herramientas concretas que fortalezcan las capacidades de investigación frente a las nuevas modalidades del delito. Durante su intervención, di Nápoli advirtió sobre las dificultades que enfrentan las investigaciones judiciales en torno al uso de aplicaciones de mensajería por parte de organizaciones delictivas. En esa línea, planteó la necesidad de avanzar en mecanismos que permitan regular o limitar el uso de estas plataformas en contextos delictivos: “Si hablamos de lucha contra el narcotráfico o el crimen organizado, debemos buscar herramientas a nivel informático que permitan bloquear o intervenir estos medios de comunicación”. El ministro remarcó que estas aplicaciones son utilizadas de manera sistemática por redes criminales, lo que dificulta el acceso a información clave para las investigaciones y limita la capacidad de respuesta del Estado. Otro de los ejes planteados por el funcionario provincial fue la necesidad de avanzar en una regulación más clara y efectiva del uso del espacio aéreo, particularmente en relación a los drones. “Hoy hay un descontrol en el uso de drones en el espacio aéreo. No contamos con herramientas suficientes para su regulación y control, y es un tema que debemos abordar con urgencia”, expresó. En ese sentido, advirtió que el uso de estas tecnologías sin supervisión puede representar riesgos tanto para la seguridad como para las tareas de prevención e investigación. Además, di Nápoli destacó la importancia de fortalecer el rol de las fuerzas de seguridad y reconocer el trabajo cotidiano de sus integrantes, al señalar que “son las y los profesionales que están en la calle todos los días, sosteniendo el sistema de seguridad con compromiso y vocación de servicio”. El Consejo de Seguridad Interior constituye un ámbito clave para la construcción de políticas públicas coordinadas, el intercambio de información y la definición de estrategias comunes frente a delitos complejos que requieren respuestas integrales y federales.
Según el comunicado oficial, la reunión está dirigida a todos los socios de la entidad y tiene como objetivo tratar diversos puntos clave para el funcionamiento institucional y administrativo.
1. La Postura Histórico-Colonial: El mapa trazado con regla
El procedimiento se realizó el pasado miércoles 25 de febrero en horas de la tarde, en un domicilio ubicado sobre calle Santa Cruz al 1700, con intervención de la Fiscalía Federal y bajo directivas del Juzgado Federal de Garantías de Santa Rosa. Durante el operativo, que contó con la colaboración del Grupo Especial, se incautaron diez plantas de cannabis, sustancia vegetal en proceso de secado con un peso total de 1 kilo 231 gramos (1,2 kilogramos), una pequeña cantidad de cocaína, elementos utilizados para el fraccionamiento de droga, dinero en efectivo y teléfonos celulares. Como resultado del procedimiento, un hombre mayor de edad fue detenido y puesto a disposición de la Justicia Federal. Según se informó, el involucrado ya había sido objeto de intervenciones previas en el marco de causas por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737. El operativo se enmarca en una investigación desarrollada por personal del Área de Coordinación Operativa de Lucha contra el Narcotráfico, que incluyó tareas de análisis y seguimiento para reunir los elementos probatorios que permitieron avanzar con la medida judicial.
Durante el encuentro, uno de los ejes fue el déficit previsional, sobre el cual se acordó avanzar en auditorías técnicas para percibir los adelantos correspondientes al déficit 2026.
Durante la entrevista también se refirió a las causas judiciales vinculadas al tema, a las críticas que recibió por sus investigaciones y a su postura sobre la necesidad de abrir un debate público sobre los posibles efectos adversos de las vacunas. Durante la entrevista, Lorena Di Blasi explicó que el CONICET le inició un sumario a raíz de estudios que realizó junto a otros investigadores sobre vacunas aplicadas durante la pandemia de COVID-19. Según indicó, los análisis se realizaron de manera independiente y con recursos aportados por la comunidad, mediante servicios técnicos contratados en laboratorios especializados.