En el marco de una controversial sesión de la Sala Acusadora de Juicio Político de la Cámara de Diputados de La Pampa, la fuerza política Comunidad Organizada criticó con dureza la decisión del resto de los bloques parlamentarios de rechazar sin trámite in límine una denuncia presentada contra integrantes del Superior Tribunal de Justicia (STJ). Desde el espacio opositor tildaron lo sucedido de «experimento político para analizar e investigar conductas de interés» y advirtieron que la resolución viola la Constitución provincial.
La polémica se desencadenó a partir de la denuncia promovida por una ciudadana —involucrada en un proceso judicial que lleva 24 años en el fuero provincial— contra los ministros del STJ Fabricio Luis Losi y María Verónica Campo, con mención también al magistrado José Roberto Sappa. En la presentación se señala la presunta utilización de documentación apócrifa y la incorporación de hechos falsos dentro de dos expedientes judiciales.
La postura de la oposición y el freno parlamentario
Durante el encuentro, el diputado Maximiliano Aliaga, representante de Comunidad Organizada en la comisión, presentó una moción por escrito para requerir que la Sala tomara conocimiento directo del contenido de las causas antes de resolver. La propuesta contemplaba además convocar a la denunciante para ampliar su testimonio y formularle preguntas, previo a decidir la aceptación o desestimación del planteo, tal como indica la normativa formal.
Sin embargo, la iniciativa fue desestimada por el voto unánime del resto de los integrantes de la comisión: los cinco diputados pertenecientes a las demás bancadas políticas votaron por el rechazo directo de la denuncia, cerrando el debate sin abrir la etapa investigativa.
Advertencia por inconstitucionalidad
Tras el dictamen, desde Comunidad Organizada remarcaron que el mecanismo del rechazo in límine no está contemplado en el procedimiento de Juicio Político fijado por la Constitución de La Pampa. Argumentaron que la Carta Magna establece un plazo de 40 días hábiles para que la Sala Acusadora recolecte elementos y pruebas antes de expedirse de fondo sobre la validez de los cargos.
«El procedimiento de rechazo in límine es inconstitucional e impide evaluar posibles violaciones a los deberes de los integrantes del Superior Tribunal de Justicia», sostuvieron desde Comunidad Organizada, anticipando que iniciarán reclamos formales por la presunta violación de obligaciones y deberes constitucionales en el ámbito legislativo.