De acuerdo a las organizaciones promotoras de la legalización de esos asesinatos, en la Argentina se realizaban entre 450 mil y medio millón de abortos por año.

También morían “miles” de mujeres como consecuencia de abortar clandestinamente; otra mentira que aún hoy algunas siguen repitiendo contrariando las cifras oficiales, es decir las del sistema de estadísticas del Ministerio de Salud de la Nación: 18 (dieciocho) en todo el 2019, y el número venía siendo inferior a 30 desde hace mucho tiempo. Ni siquiera era la primera causa de muerte materna; otro enunciado que, sin cifras, estaba destinado a impresionar.

La descomunal cifra inventada de abortos fue incluso dotada de una seriedad científica de la que carecía, gracias a una “investigación” auspiciada por la Cepal en el año 2000. El objetivo era generar en la opinión pública el sentimiento de que una verdadera “emergencia” sanitaria obligaba a legalizar esa práctica de modo urgente. Pero en Argentina morían -y siguen muriendo- más mujeres por desnutrición que por abortos. Morían y siguen muriendo más mujeres por complicaciones en el parto debidas a la mala atención durante el embarazo.

Las primeras cifras de aborto brindadas por la propia campaña verde son de 32.758 en el sistema público entre el 30 de diciembre de 2020 y el 30 de noviembre de 2021, casi un año.

En una reunión plenaria sobre la legalización del aborto organizada el 13 de octubre pasado por algunas de las ONG que lo promovieron, una de las participantes, la demógrafa Georgina Binstock, se hace la pregunta de por qué están “muy por debajo” de sus estimaciones previas. La cifra que analizaban en ese momento era de 25.894 abortos en el primer semestre de 2021.

Las respuestas son muy simpáticas: “otras metodologías”; falta compilar datos, a saber: las cifras de abortos “autogestionados” (los que se hacen con misoprostol que la mujer consume en su casa y recibiendo instrucciones por WhatsApp); los abortos realizados en el sistema privado, etc. Son algunas de las excusas proporcionadas por Valeria Isla, directora nacional de Salud Sexual y Reproductiva, y por Silvina Ramos y Mariana Romero, del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES). Este Centro fue uno de los más activos en la campaña proaborto. Integra lo que podríamos llamar la patria consultora, con excelentes vasos comunicantes con el Estado, al que provee datos y asesoramiento, y con financiamiento internacional -entre otros, de la Fundación Ford que -como ellos mismos informan- les obsequió el edificio donde funcionan.

Pero ninguno de estos factores alcanza para justificar la distancia sideral entre los 32 mil abortos confirmados en el primer año de legalización -o los 25.894 del primer semestre de 2021- y el medio millón “estimado” previamente.

La “estimación” de aquel documento patrocinado por la Cepal y al que aluden las investigadoras del CEDES calculaba una cifra entre los 450.895 y los 498.358… sorprendente precisión para la “estimación” de una actividad clandestina. Debe ser acción psicológica: las cifras así expresadas contribuyen a dar visos de realidad a un número dibujado.

Es que esa mentira era el sustento de otra a futuro. Poder decir que la legalización disminuiría el número de abortos, algo que, sin sonrojarse, las promotoras de la ley aseguraban durante los debates. Una predicción totalmente contraria al sentido común: ¿por qué sería más fácil someterse a una práctica clandestina y paga que a una legal y gratuita? No tiene pies ni cabeza. Si exagero la cifra falsa, cuando aparece la realidad puedo decir que el número de abortos disminuyó.

En concreto, queda claro que la cifra de medio millón no era exagerada o fruto de una mala estimación. Era sencillamente un invento. Una mentira a sabiendas. Una instrucción dada por los expertos internacionales en campañas pro aborto.

De hecho, la misma mentira se usó en Uruguay, en España, y en todos los países donde se logró legalizar el aborto: agigantar la cifra de abortos clandestinos es parte del modus operandi de las organizaciones abortistas. Es el manual, el instructivo, que también incluye la despersonalización del feto -un “amasijo de células”, una “larva” y otras bestialidades que se han escuchado en el Congreso de la Nación-, rechazar todo contacto con la realidad: no mostrar el feto ni mucho menos la violencia que representa un aborto; minimizar los riesgos, hablar de “derecho”, usar eufemismos -como “interrupción”-, etcétera, etcétera.

En todos los países donde se legalizó el aborto éste no hizo sino aumentar, en particular en los primeros años hasta estabilizarse en una cifra y el freno o las leves disminuciones ocasionalmente registradas se debieron antes que nada a las agresivas políticas antinatalistas.

Los abortos también van a aumentar en la Argentina con la legalización. Así como la contracepción porque forman parte de una política antinatalista promovida desde el Estado.

No se lo admite, no se lo enuncia y mucho menos se lo debate. Pero se lo ejecuta, con prisa y sin pausa.

Como señaló la licenciada Mónica del Río, editora de Notivida, en un artículo titulado “La política antinatalista del Gobierno porteño”, alrededor del 70% de las mujeres entre 15 y 49 años, “residentes en la Ciudad y que sólo tienen como cobertura al sistema público de salud, están ‘protegidas’ con un método anticonceptivo y en general de larga duración (Implante, DIU/SIU o Ligadura tubaria)”. “Pero el reaseguro del antinatalismo es el aborto”, advierte.

Todo esto lleva a la mayor de las mentiras pronunciadas durante los debates de la ley. “Nadie quiere el aborto”, fue la muletilla de los promotores de su legalización, en tono de indignación moral. Nadie quiere el aborto; es que no hay más remedio, porque las mujeres abortan, porque se ponen en peligro, porque miles mueren por año, porque es la primera causa de muerte materna, bla bla.

Las características de la ley que se aprobó, el festejo de hoy con “intervención” artística en el Congreso -que no es de los abortistas sino de todos los argentinos- y la agresividad con la cual se pretende obligar a practicar abortos aun a aquellos profesionales a los que esa práctica violenta en sus convicciones demuestra que sí se quiere el aborto.

Se lo quiere, se lo promueve, se lo propagandiza, se lo pretende enseñar en las escuelas, se lo banaliza y se lo frivoliza.

Como muestra, basta este botón: la risa cínica de una legisladora frente a un comentario sobre el Misoprotol, la droga abortiva.

Si fuese cierto que nadie quiere el aborto, la ley debería haber incluido recaudos tales como un período de reflexión, un asesoramiento libre por parte de especialistas, una explicación clara de lo que es un aborto, etc. En cambio, tenemos una de las leyes de aborto más brutales: no hay período de reflexión, no se puede brindar a la persona que solicita esta práctica ninguna reflexión disuasiva, sólo explicarle los métodos posibles; y no pone límite a la edad gestacional.

Las 14 semanas son un límite ficticio porque con el argumento de una violación -aunque no esté denunciada legalmente-, o de un riesgo para la salud de la mujer –no un riesgo de vida, sino una afectación a la salud “integral”, es decir “física, psíquica o social” (¿pobreza?)- basta para que el aborto se practique más allá de las 14 semanas y sin límite alguno. Esto ya ha presentado problemas, en particular para los médicos, incluso los que están a favor del aborto son conscientes de esta barbaridad. Digámoslo con todas las letras: se practican abortos de bebés que ya son viables, es decir que, con los cuidados correspondientes, podrían sobrevivir fuera del útero materno.

La propia Mariana Romero, en el video más arriba, dice: “Nosotras estimamos que un 25 por ciento del total de abortos se están haciendo después del primer trimestre”. A tal punto son conscientes de esto que hasta han inventado una nueva terminología para nombrar estos abortos fuera del límite de 14 semanas -otra mentira- que aseguraban tendría la Ley.

Mónica del Río lo explica así: “A partir de la sanción de la Ley 27610, los registros discriminan entre IVE e ILE. Dos eufemismos que refieren en el primer caso al aborto a simple demanda hasta las 14 semanas de gestación (IVE, Interrupción Voluntaria del Embarazo) y en el segundo, al aborto que se practica sin límite de edad gestacional cuando el embarazo es producto de un abuso sexual o pone en riesgo la salud integral de la gestante (ILE, Interrupción legal del Embarazo).”

Como se escucha en el video del CEDES, esos abortos ILE se practican en el hospital y no en atención primaria -salitas- y no están seguras las señoras de haberlos contabilizado a todos. Esperan que haya más…

En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, Mónica del Río elevó un pedido de información al Ministerio de Salud porteño y el resultado es que durante el primer semestre de 2021 se registraron 4239 abortos en el sistema público de salud de la Ciudad. “De ese total, 3517 correspondieron a IVE y 722 a ILE -dice su informe-. La mayoría de los abortos se hicieron en el primer trimestre (de embarazo), pero un 8% de las embarazadas se acercaron al sistema de salud después de ese período”.

Y agrega un dato perturbador: “Al menos 89 superaban las 18 semanas de gestación [unos 4 meses y medio], lo que permite inferir que en algunos casos se eliminó a bebés que eran viables”.

“En el primer semestre de 2021 se distribuyó la misma cantidad de misoprostol que en todo el año 2020″, anuncian las integrantes del CEDES como un logro. Y ahora, para seguir garantizando el aborto que nadie quiere, se preparan para difundir y utilizar un nuevo método, advierte Del Río. La IPPF (Federación Internacional de Planificación Familiar o Planned Parenthood) acaba de donar a la Argentina “los primeros combos abortivos” que contienen una nueva droga llamada mifepristona.

“Es un pesticida humano”, dijo Del Río a Infobae. “Bloquea la progesterona y en consecuencia no le llega oxígeno al feto”, explicó.

Ambas drogas se suministran con un intervalo de 48 horas. Primero, la mifepristona, que bloquea la provisión de progesterona al útero, algo esencial para mantener el embarazo. Luego, el misoprostol provoca contracciones haciendo que el útero expulse el feto.

IPPF, que en la región se hace llamar Fòs Feminista y que se jacta de estar “levantando la Ola Verde desde Argentina para expandir el derecho al aborto en otras partes del mundo”, donó “a nuestro país 25.000 ‘combipacks’ para hacer abortos”, escribe Del Río. Estos combipack contienen 1 comprimido de mifepristona más 4 de misoprostol. La ANMAT concedió un permiso especial a estos abortivos donados.

Lo insólito, recuerda la autora, es que estos combipack están “incluidos en la ‘Lista modelo de medicamentos esenciales’ de la OMS”.

La ya citada Valeria Islas, titular de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud de la Nación, anunció también una compra por parte del Estado de esa misma droga que también están tratando de producir en el país. Además, agrega la editora de Notivida, “en el Congreso hay un proyecto de Mónica Macha, de Nuevo Encuentro, pidiendo la producción pública de esta droga”.

La mifepristona “no es un medicamento ya que no tiene fines terapéuticos sino que es un producto para provocar abortos, es decir, para matar”, agrega Del Río. La finalidad de combinar mifepristona con misoprostol es aumentar la eficacia abortiva del fármaco, que pasaría de entre 80 y 85 % a más de 95 por ciento.

LA TASA DE FECUNDIDAD SIGUE CAYENDO EN LA ARGENTINA

En 2019, dice Del Río, “sólo 5 provincias superaron el nivel de reemplazo poblacional”, es decir una tasa de fecundidad de 2,1 hijos por mujer. “La Ciudad de Buenos Aires se muere de vieja. La Patagonia es la región geográfica donde la tasa global de fecundidad cayó más en el último lustro”.

Hace ya varios años que la tasa de natalidad (número de nacimientos por cada mil habitantes) se reduce en la Argentina. En 2018 fue de 15,4 y en 2019 de 13,9.

“La Ciudad de Buenos Aires tiene la menor tasa global de fecundidad” (promedio de hijos por mujer en edad fértil), dice Mónica Del Río. ”Esa tasa está por debajo del nivel de reemplazo poblacional (2,1) al menos desde 1990″. Actualmente, según cifras oficiales es de 1,5 hijos por mujer.

La Capital Federal tiene una población envejecida, similar a la de muchos países europeos, explica, y si mantiene estable su población es gracias al aporte migratorio.

Y agrega que, con excepción de la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de La Rioja, que desde 2010 tiene una tasa por debajo del nivel de reemplazo generacional, las demás provincias se mantenían por encima del nivel de reemplazo hasta el año 2015. Pero “en el último lustro se produjo una marcada caída de la natalidad que, con diferente impacto, se reflejó en todo el país”.

En 2019, sólo 5 provincias quedaron por encima del nivel de reemplazo: Formosa (2,12), San Juan (2,12), Santiago del Estero (2,16), Chaco (2,23) y Misiones (2,25).

Pero la demografía no es una preocupación de quienes gobiernan el país de Alberdi.

Entre tanto, los promotores de la legalización del aborto no se conforman con su legalización. Ahora también lo celebran, tomando como escenario el Congreso, que representa a todos los argentinos, y donde, parecen haberlo olvidado, el aborto fue aprobado con una mayoría ajustada y forzada por las efectividades conducentes oportunamente promovidas por el Ejecutivo.