El subsecretario de Asuntos Agrarios, Alexis Benini, opinó hoy luego de las declaraciones del director regional de SENASA, Luis Carné, que “nunca podemos descartar la caída de la barrera sanitaria – y enfatizó- porque nosotros sabemos que esto no debería seguir de esta manera”.
Señaló que La Pampa va a seguir sosteniendo que esta decisión de mantener la barrera sanitaria al Sur del Colorado “es una cuestión política, y a partir de ahí tenemos que actuar en consecuencia en nuestro trabajo institucional de terminar con ella”.
Aclaró que “es una barrera comercial, pero que además tiene una implicancia política muy importante, ya que no está impuesta por cuestiones técnicas vinculadas con el grado de peligrosidad que la enfermedad representa”.
De todas maneras, “esperemos que a la brevedad -y como lo dice el director regional de SENASA-, en algún momento esto termine”.
Respecto de en qué manos está la decisión, Benini dijo: “entiendo que debería abordarse a través del Ministerio de Agroindustria, que es donde funciona SENASA, pero por supuesto es una decisión del Ejecutivo Nacional”.
El subsecretario sostuvo que La Pampa seguirá en su posición respecto de que “no puede haber barreras comerciales ni políticas en un territorio que, además, es común; y sobre todo porque no le hace bien a nuestra imagen comercial externa, -y precisó- no podemos tener un doble status como tenemos -en cuanto a lo que representa esa barrera-; además, si se normalizara, esto significaría la generación de mucho trabajo”.
También opinó en relación a los dichos publicados que, “pensamos que el decreto del presidente tenía vinculación con esto, pero evidentemente no, creo que no se está dando a conocer bien lo que se está planteando con esta norma; así, terminamos ilusionándonos con una interpretación que bien podría haberse validado”.
Luis Carné, director regional del Servicio Nacional de Sanidad Animal
Luis Carné, director regional del Servicio Nacional de Sanidad Animal (Senasa), dijo hoy a Diario Textual que, con el megadecreto de Mauricio Macri, «no se derogó» la lucha contra la fiebre aftosa «ni se levantó la barrera sanitaria» del río Colorado. «Ha habido una mala interpretación», consideró.
«En realidad, se han dejado de lado leyes cuyas normas no se aplicaban a la actualidad», sostuvo. «Pero la lucha contra la fiebre aftosa no se ha abandonado», sostuvo.«Hay normas que estaban perimidas, porque las enfermedades no existen más», sostuvo. «Por eso durante dos años estuvimos estudiando las normas que podíamos eliminar. Eso no quiere decir que se haya eliminado la lucha contra la aftosa. No es así. Lo que se ha sacado son leyes que no se aplicaban y que entorpecían el trabajo. Lo que se hizo fue simplificar», manifestó. «Los trascendidos hicieron que se sacaran conclusiones erróneas», agregó.
También dijo que la barrera fitosanitaria al sur del Colorado no se ha levantado. «Esa barrera existe desde hace muchos años, no solo para la aftosa, sino también por una cuestión de sanidad vegetal», dijo.
Por medio del mega decreto de Macri se estaría dejando sin efecto la vacunación antiaftosa en Argentina.En la pampa, el director de ganaderia Ricardo Baraldi dijo que esperan la confirmación de un momento a otro…
La obra en Ingeniero Luiggi está abandonada. Tampoco hay actividad en el proyecto pensado para la localidad de Winifreda.
Los jardines de infantes que se iban a construir en La Pampa, de acuerdo a las promesas del presidente Mauricio Macri, hoy son obras sin terminar que forman parte del paisaje de las localidades de Ingeniero Luiggi, Winifreda y General Pico.
El “Plan Nacional 3.000 Jardines”, prometido por el presidente Mauricio Macri para que tengan salas los niños de 3, 4 y 5 años de edad de todo el país, asignó cuatro obras para La Pampa: Santa Rosa, General Pico, Winifreda e Ingeniero Luiggi. Todos los edificios están empezados pero ninguno terminado. En Winifreda, Luiggi y Pico actualmente lo único que avanza son los yuyos en los predios.
En Winifreda e Ingeniero Luiggi, las empresas que realizaban las obras las abandonaron desde fines de 2017. Hoy solo quedan las estructuras metálicas, sobre plateas de hormigón, y parte de la perfilería exterior revestida con placas rígidas de fibrocemento. Ni rastros de un obrador o empleados en el lugar. Las obras están a cargo de la empresa Cepec Construcciones de Trenque Lauquen, una subcontratista de la UTE conformada por las empresas bahienses Viviendas SRL y Carabajal Ingeniería, a las que se les adjudicó la construcción.
El 11 de mayo de 2016, en Ingeniero Luiggi, el presidente Macri hizo el anuncio del plan nacional para construir 3.000 jardines. En el mismo sitio donde el presidente comunicó la obra al país, se erige hoy un edificio inconcluso como muestra del incumplimiento de la promesa. Ese día, en relación al lanzamiento del Plan de Jardines de Infantes, el presidente expresó: “Qué lindo reunirnos alrededor de algo tan bueno como es anunciar cosas que tienen que ver con el futuro para nuestros chicos”. En nuestro país más de 600.000 niños no tienen acceso a una sala de 3 años, de 4 o 5 años. “Tenemos que trabajar juntos para lograr que todos los chicos en Argentina, hayan nacido en el lugar que hayan nacido, tengan las mismas herramientas para salir adelante, ese es un Estado presente, que le da igualdad de oportunidades a todos, eso es justicia social como diría el gobernador Verna”, manifestó Macri en su discurso.
El compromiso era construir 3000 Jardines en los 4 años de gobierno, de los cuales se iban a hacer 150 en 2016, entre ellos los 4 de la provincia de La Pampa. Pero de eso no se hizo nada y el programa fue reconvertido.
El año pasado el ministro de Educación de Nación, Alejandro Finocchiaro, dijo que “estamos reconvirtiendo ese objetivo (construir 3000 jardines) a un programa de aulas, por dos motivos: en primer lugar porque el plan original contemplaba determinados requisitos en relación a los terrenos sumamente difíciles de alcanzar para las jurisdicciones provinciales. En segundo lugar, el plan implicaba un gasto corriente muy grande para las jurisdicciones, es decir salarios”.
Lilia Lopez dijo que habrá paro si lo solicita Ctera porque el gobierno Nacional decidió no discutir paritarias para equilibrar los sueldos docentes de las provincias que no tienen suficiente financiamiento de la educación pública.
Además hace días a través de un comunicado UTELPa hace un recorrido histórico de como se llega a la ley que el Gobierno Nacional decidió no cumplir…
«CRÓNICA DE UNA MUERTE ANUNCIADA»
Una vez más, el gobierno Nacional anunció que prorroga la vigencia del Incentivo Docente. Por segundo año consecutivo, sin incremento alguno. Además, confirmó que en 2018, tampoco convocará la Paritaria Nacional Docente, incumpliendo la Ley con el único objetivo de seguir ajustando el salario docente, y empeorando las condiciones laborales.
➡Recuperar la historia de las luchas colectivas para comprender los procesos actuales:
El 2 de abril de 1997 la CTERA instaló la Carpa Blanca frente al congreso para reclamar una ley que financiara mejoras salariales. Gobernaban Carlos Menem y su ministra era Susana Decibe.
La Ley 25053, sancionada el 10/1/98 creó el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) a partir del 1ro de enero de 1999, con una vigencia de 5 años, hasta el 31 diciembre
del 2003. El Congreso Nacional creó un impuesto que gravaría con el 1% anual a los
automotores, aviones y embarcaciones. La Carpa no se levantó.
La CTERA fue el primer gremio en 10 años de menemismo que logró un reajuste salarial a nivel nacional,sin la modificación de los estatutos docentes, contra las presiones empresariales y del FMI.
El gobierno menemista fracasó porque no logró recaudar los 660 millones necesarios.
La permanencia de la Carpa empujó la renuncia de Decibe (Clarín 14/3/03). En agosto de 1999 se comenzó a pagar con la primera recaudación del FONID (con el impuesto al automotor del 1er semestre de 1999).
Se logró que los ministros de educación cedan el 7% para compensar a las 8 provincias
donde los sueldos estaban más atrasados. Cobrando de este modo en estas provincias
(Misiones, Corrientes, Chaco, Jujuy, Salta, Formosa, Entre Ríos y Chubut) un piso equivalente al de la Capital Federal.
En setiembre de 1999 no existían garantías de la continuidad del recurso: las empresas
de transporte y varios particulares se negaban a pagar (amparados por la inoperancia de la AFIP.
Con el cambio de gobierno no querían reconocer la deuda de 6 meses atrasados del impuesto al automotor. Exigimos el reconocimiento de la deuda y su cumplimiento.
El FMI siempre planteó que el Estado Nacional no debía ocuparsede los salarios docentes:
la lucha por el incentivo es una lucha contra el fondo.
La Ley 25.239 sancionada en diciembre del 1999, eliminó el impuesto al automotor
pasando a financiar el FONID durante los años 2000-2001 exclusivamente de rentas generales, y del cobro retrasado del impuesto automotor que tuvo vigencia un solo año y que se continua cobrando en todas las transacciones sobre vehículos. Esta nueva ley, ratificó plenamente la vigencia de la anterior, 25.053.
La Carpa se sostuvo por 1003 días, sumando en la resistencia a 1380 docentes ayunantes, quienes recibieron la adhesión de 2.800.000 personas. Fue escenario de 475 hechos culturales y reunió 1.500.000 firmas en defensa de la educación pública (Clarín,
22/3/2002).
El Congreso de CTERA con un solo voto en contra resolvió el levantamiento de la medida de fuerza para el 30 de diciembre de 1999.
El 18 de febrero del 2000 el Ministerio de Educación envió a la CTERA una propuesta de liquidación trimestral del incentivo, pero no respetó el calendario de pagos.
En setiembre del 2001 ante la falta de pago la CTERA promovió una acción judicial
contra el Estado Nacional, solicitando a la Justicia Nacional del Trabajo por el reconocimiento del derecho a cobro por parte de los trabajadores de la educación. La demanda terminó con unacuerdo conciliatorio en el Juzgado del Trabajo Nro 3, cuando el Estado canceló las cuotas en litigio.
Cuando renunció De la Rúa el 2001 había quedado sin pagar.
En marzo de 2002 el presidente provisorio Duhalde vetó el incentivo docente del
Presupuesto 2002. Empujado por la lucha docente permitió la inclusión de la segunda mitad del 2001 en el presupuesto 2003. Por otra parte Duhalde daba por terminado el pago del incentivo con el 2do semestre del 2001 (tal como lo planteaba el FMI el año anterior).
El congreso de la CTERA en Paraná decidió reinstalar la Carpa Blanca, un paro para el 27 de marzo del 2003 y una Marcha Federal Educativa de 15 días en todo el país. Se pasa a cuarto intermedio y el 24 de marzo en ciudad de Bs As se reúne para ratificar las medidas y facultar al Plenario de Secretarios Generales y la Junta Ejecutiva de CTERA para determinar la fecha del paro y su instrumentación.
El paro se suspendió cuando el gobierno prometió pagar (no fue levantado en tanto el
gobierno cumpla)y que luego de movilizaciones al Congreso y al Ministerio de Trabajo se logró que el gobierno saliente aprobara el 1ro de abril la Ley 23.773, estableciendo un monto de 726 millones para la deuda del 2002 (con el excedente del impuesto al cheque) y con el impuesto al cheque de 750 millones para el 2003.
Duhalde se fue sin dejar claro cómo pagar con dicho excedente: la liquidación de este impuesto es anual se determina en diciembre de cada año.
El gobierno se comprometió a pagar las cuotas resultantes del vacío legal.
La CTERA se opuso firmemente a una propuesta del ministro Filmus de pagar el 2do semestre del 2001 distribuido durante todo el año 2003, logrando un decreto que permitía el adelanto del cuotas a cuenta del presupuesto 2004. Comenzamos así a cobrar, luego de marchas y contramarchas, desde setiembre hasta diciembre del 2003 las primeras 3 cuotas de la deuda del 2002, según lo logrado como adelante del presupuesto del 2004.
Hoy 2018 el Gobierno Nacional prórroga este incentivo por un año sin aumento alguno, degradando nuestro ya devaluado salario. Y lo más grave aún es que sigue desconociendo la PARITARIA NACIONAL como el espacio legal para discutir politica educativa.
Nuevamente retrocedemos hacía un Estado ausente, mínimo pero fuerte.
Cambiemos pretende sumarle una más: la del Estado. El presidente Mauricio Macri y su equipo anunciarían esta semana un reordenamiento integral del Gobierno, en busca de reducir la burocracia y modernizar el funcionamiento estatal.
Los cambios incluyen cambio de funciones para determinadas carteras, enroques de secretarías de un ministerio al otro y recorte de estructuras ociosas. Las modificaciones se impondrían por un decreto de necesidad y urgencia (DNU), pero desde el oficialismo ya adelantaron al Congreso que no se trata de una reforma en sí misma, por lo cual no será necesaria la aprobación parlamentaria, según publicó el diario Ámbito Financiero.
El principal objetivo de estos cambios es atraer las tan ansiadas inversiones, por ello Macri sigue los lineamientos propuestos por la la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), un ente internacional compuesto por 35 países con estructuras macroeconómicas serias y transparentes.
La norma, que llevará la firma de todos los ministros, se espera que se oficialice antes del fin de semana. El decreto incluirá: nuevas regulaciones en el Fondo de Garantía de sustentabilidad de la Anses, cambios en el régimen de contrataciones de la Administración de Bienes del Estado, la publicidad en las licitaciones de la obra pública y definiciones del sistema métrico legal.
El DNU prevé también la ampliación de los alcances de la firma digital, la habilitación de puertos, la creación de un Fondo Fiduciario para el desarrollo del capital emprendedor y regulaciones en la circulación de obras de arte.
Además, la administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) se convertiría en una Sociedad del Estado con el nombre de Empresa Argentina de Navegación Aérea S.E. y El Fondo de Garantías de la Pequeña y Mediana Empresa será reemplazado por el Fondo de Garantía Argentina. También se incluirán reformas en la Unidad de Información Financiera (UIF) que depende del Ministerio de Finanzas, dirigido por Luis Caputo.
Verna: “La parcialidad e inequidad con la que el Gobierno Nacional se ha comportado en su relación con las Provincias integrantes del CO.I.R.CO., por un lado, y entre La Pampa y Mendoza en particular, por otro, resulta evidente y va en desmedro de los intereses de todos y cada uno de los pampeanos”.
El gobernador de la Provincia de La Pampa, Carlos Verna, envió una nota al presidente de la Nación, Mauricio Marcri, manifestando su más enérgico repudio por las declaraciones realizadas en la provincia de Mendoza en relación a la obra Portezuelo del Viento y solicitó se de pronto despacho al planteo de recusación oportunamente deducido con fecha 19 de marzo de 2016.
El mandatario pampeano, con el patrocinio letrado de los Dres. José Alejandro Vanini, fiscal de Estado de la Provincia de La Pampa, y Hernán Pérez Araujo, procurador General de Rentas, en el carácter invocado y por la representación asignada por el pueblo de la Provincia de La Pampa es que se dirigió al presidente.
Verna solicita el pronto despacho de la solicitud de recusación planteada por la Provincia de La Pampa con fecha 19 de marzo de 2016, “vale recordar que la Provincia de La Pampa ha instado un procedimiento de resolución de diferendo referido a la aprobación o no de la obra de “Portezuelo del Viento” en el marco del CO.I.R.CO. que se encuentra a la espera de una resolución Presidencial, pues considera que con su construcción se avasallan los derechos de todos los pampeanos sobre el río Colorado”.
“A la fecha, habiendo transcurrido los plazos legales en extenso, no ha sido resuelta, y no se ha notificado a esta Provincia formalmente de ninguna decisión, por lo que las declaraciones Presidenciales sin las formalidades correspondientes y fuera del marco legal en el que tramita el diferendo resultan ilegítimas y configuran una gravedad institucional inaudita e insostenible, además de dar un nuevo sustento al planteo de recusación esgrimido”, continúa la nota.
En ese sentido, “El Gobierno de La Pampa entiende que sus declaraciones han sido basadas en la incompetencia y parcialidad, además de ser fruto de la improvisación y de la falta de sustento técnico, lo que ratifica todos y cada uno de los argumentos de hecho y jurídicos planteados en la oportunidad de recusarlo”. “Señor presidente, resulta palmario e indubitable que usted debe inhibirse de decidir en el conflicto referido a la aprobación de la Obra «Portezuelo del Viento», por cuanto el Estado Nacional y la Provincia de Mendoza, como ya se le ha hecho notar, han formalizado un “Convenio Marco de Colaboración” -con fecha 23/12/16-, para la ejecución de la obra «Aprovechamiento Hídrico Multipropósito Portezuelo del Viento», situación que lo convierte, Sr. Presidente, en parte interesada, parcial y carente de independencia y objetividad para dirimir la cuestión.Esta parcialidad se viene advirtiendo en la actuación de todos y cada uno de los funcionarios Nacionales en referencia a la obra de Portezuelo del Viento, sea en cuanto a la aprobación de la obra propiamente dicha, como en cuanto a la actividad llevada a cabo en el seno del Comité Ejecutivo del CO.I.R.CO., quienes han evidenciado una postura claramente direccionada a favor de las posiciones mantenidas por la vecina provincia de Mendoza y en desmedro de los intereses de la cuenca”, continúa.
Además, le recordó al presidente que la provincia de La Pampa lo ha recusado, con causa, “y usted, con las altisonantes declaraciones realizadas, ha incumplido su compromiso, asumido en el seno del CO.I.R.CO. por sus representantes, referido a que de manera previa a cualquier decisión referida a la aprobación de la Obra de “Portezuelo del Viento”, se debe realizar un Estudio de Impacto Ambiental Regional de toda la cuenca, a efectos de salvaguardar los intereses de las Provincias ubicadas aguas abajo”.
Ante las palabras de Macri en San Rafael, de las cuales se tomó conocimiento por los medios periodísticos, “de manera previa a resolver la recusación y, en su caso, la aprobación de la obra, configura evidentemente una nueva causal que motiva su apartamiento de las actuaciones y su remisión a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. “La arbitrariedad que implican para la Provincia de La Pampa sus palabras, que textualmente anunciaron que “no vamos a parar hasta poner en marcha Portezuelo del Viento”, es manifiesta y escandalosa. La parcialidad e inequidad con la que el Gobierno Nacional se ha comportado en su relación con las Provincias integrantes del CO.I.R.CO., por un lado, y entre La Pampa y Mendoza en particular, por otro, resulta evidente y va en desmedro de los intereses de todos y cada uno de los pampeanos, quienes hemos decidido tomar la defensa de nuestros ríos como una cuestión de Estado, en protección de nuestros derechos y el de las generaciones venideras”. Petitorio
Por todo lo expresado, el Gobernador de la Provincia solicitó un pronto despacho en la resolución de la recusación con causa oportunamente planteada, en los términos del art, 10 de la Ley N° 19549.
Además solicita que oportunamente se remitan las actuaciones al presidente de la Corte Suprema de Justicia de La Nación.
