La Policía de La Pampa, a través de la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional I, desarrolló un amplio trabajo investigativo que permitió esclarecer una serie de estafas bajo la modalidad “cuento del tío”, con víctimas en la ciudad de Santa Rosa, y derivó en operativos simultáneos en Mendoza y Neuquén, donde se concretaron detenciones y secuestros de elementos clave.
La causa, con intervención de la Fiscalía Temática de Delitos Económicos, se originó a partir de distintos hechos denunciados, en los que personas mayores fueron contactadas telefónicamente por individuos que se hacían pasar por supuestos funcionarios de organismos públicos. Bajo engaño, les indicaban la necesidad urgente de cambiar sus ahorros en moneda extranjera, logrando que entregaran importantes sumas de dinero en dólares y otras divisas a personas que se presentaban en sus domicilios. A partir de las tareas investigativas, que incluyeron análisis de comunicaciones, relevamiento de cámaras de seguridad y seguimiento de los movimientos de los sospechosos, se logró establecer un patrón común de actuación y vincular distintos hechos ocurridos en la ciudad bajo la misma modalidad delictiva. En ese marco, se llevaron adelante allanamientos en la provincia de Mendoza, en coordinación con personal de la policía de investigaciones (PDI), donde se logró la detención de uno de los implicados y el secuestro de teléfonos celulares, prendas de vestir y un vehículo que habría sido utilizado para concretar al menos uno de los hechos investigados. Se estableció además que este imputado registraba un pedido de captura vigente por un hecho de estafa bajo la misma modalidad en la provincia de Córdoba, lo que refuerza la hipótesis de su participación en una estructura delictiva con alcance interprovincial. De manera simultánea, en la localidad de Centenario, provincia de Neuquén, y en coordinación con personal del Departamento de Delitos Económicos de esa jurisdicción, se concretó otro procedimiento que permitió la detención de un segundo involucrado, sobre quien además pesaba un pedido de captura vigente en otra causa por estafa. Durante este procedimiento, se secuestraron dispositivos móviles, indumentaria y un vehículo sobre el cual recaía un pedido de secuestro vigente en el marco de otra investigación, elementos que serán sometidos a peritajes para profundizar la causa. Los hechos investigados presentan un patrón común: llamados telefónicos desde números ocultos o desconocidos, en los que los autores brindaban información personal de las víctimas para generar confianza, simulando ser empleados de entidades oficiales. Luego, coordinaban el retiro del dinero mediante terceros que se presentaban en los domicilios, sin ejercer violencia, pero aprovechándose del engaño. En varios de los casos, las víctimas entregaron sumas importantes de dinero en moneda extranjera, superando en algunos hechos los 20.000 dólares, lo que permite dimensionar el impacto económico de este tipo de delitos. Desde la Policía provincial se reiteró a la comunidad la importancia de extremar precauciones ante este tipo de maniobras, no brindar información personal ni entregar dinero ante llamados telefónicos sospechosos, y comunicarse de inmediato con la Policía a través del 101.
Categoría: Nacional
Adorni dijo que Nación no transferirá las rutas nacionales a La Pampa para que las arregle, pero tampoco Nación lo hace

El jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, afirmó este miércoles en su informe ante el Congreso Nacional que Vialidad Nacional no tiene en trámite la transferencia de rutas nacionales a la provincia de La Pampa. “No se encuentra en trámite de transferir a la Provincia de La Pampa el mantenimiento y/o ejecución de obras sobre rutas nacionales”, dijo.
De esta manera respondió a la pregunta 1.672, en la que se le consultó sobre la posible cesión de trazas como la ruta nacional 5 y otras, junto con la correspondiente asignación de recursos. En ese planteo, además, se recordó que el pedido había sido realizado formalmente por el gobernador Sergio Ziliotto en enero y julio de 2025.
El intendente de General Acha, Abel Sabarots, había pedido la semana pasada a Vialidad Nacional el arreglo de la ruta 152 hasta El Carancho, pero le respondieron que no tienen fondos.
Hace una semana, en tanto, Ziliotto recibió a integrantes de la Agrupación Autovía Ruta 5. Durante el encuentro analizaron el estado de las rutas nacionales que atraviesan la Provincia y la necesidad de avanzar con obras de infraestructura vial que permanecen postergadas por el Gobierno nacional.
Desde el Ejecutivo provincial detallaron las gestiones y reclamos realizados ante Nación para intervenir en más de 600 kilómetros de rutas nacionales en territorio pampeano. Recordaron que el primer planteo formal se presentó el 22 de enero de 2025 y que, hasta el momento, no hubo respuestas concretas.
Argentina, entre el optimismo internacional y la promesa de estabilidad: las definiciones del viceministro José Luis Daza

Tras su participación en las reuniones del Fondo Monetario Internacional, el viceministro de Economía destacó el cambio de percepción global sobre el país, defendió el rumbo fiscal y aseguró que la inflación “va a colapsar” si se sostiene la actual política económica.
El viceministro de Economía de la Argentina, José Luis Daza, aseguró que el país atraviesa un punto de inflexión en su posicionamiento internacional, luego de su participación en las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional y encuentros con inversores globales.
Según explicó, el escenario global estuvo marcado por la incertidumbre: el impacto de conflictos internacionales sobre el precio del petróleo y el creciente endeudamiento de las principales economías. En ese contexto, afirmó que Argentina logró destacarse por un giro en su política económica.
“Hace tres años estábamos entre los países con déficit fiscal e importadores de energía. Hoy estamos entre los pocos con superávit fiscal y exportadores de energía”, señaló, destacando que ese cambio fue reconocido públicamente por la directora del organismo, Kristalina Georgieva.
De “paria” a protagonista
Daza sostuvo que la transformación no solo fue técnica, sino también simbólica. “Pasamos de ser el peor alumno a ser el mejor en términos de disciplina fiscal y monetaria”, afirmó. En ese sentido, describió un clima de reconocimiento generalizado hacia la delegación argentina durante los encuentros internacionales.
El funcionario también remarcó que el interés inversor creció de manera significativa. Relató que, en reuniones con grandes empresas tecnológicas y financieras, firmas como Apple y Google manifestaron su intención de expandirse en el país.
Además, señaló que la demanda por activos argentinos obligó a reubicar presentaciones en conferencias internacionales debido a la alta convocatoria de inversores.
Acuerdo con organismos y financiamiento
Uno de los puntos centrales fue el avance en el programa con el FMI, donde Argentina completó la segunda revisión y cumplió la mayoría de las metas establecidas.
Daza también destacó un acuerdo con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo para obtener garantías que permitirán acceder a financiamiento a tasas más bajas.
“En lugar de financiarnos al 9% o más, podremos hacerlo cerca del 6%”, explicó, y aclaró que este endeudamiento no implica un aumento de la deuda total, sino un refinanciamiento de vencimientos existentes.
Inflación: “va a colapsar”
Uno de los conceptos más contundentes del viceministro fue su pronóstico sobre la inflación. “No tengo ninguna duda de que va a colapsar si mantenemos la política fiscal y monetaria actual”, aseguró.
No obstante, reconoció que factores externos —como el aumento del precio internacional de la carne por mayor demanda de países como China e India, o las tensiones energéticas— pueden generar subas temporales.
Aun así, destacó que las expectativas del mercado proyectan una inflación cercana al 23% en los próximos 12 meses, consolidando una tendencia descendente.
Un cambio de enfoque económico
Daza insistió en la necesidad de analizar la economía “mirando hacia adelante” y no solo los datos actuales. Para ilustrarlo, citó al exjugador de hockey Wayne Gretzky: “Hay que patinar hacia donde va el disco, no hacia donde está”.
En ese sentido, sostuvo que Argentina podría atravesar “18 meses muy positivos”, impulsados por la baja de tasas de interés, la recuperación del crédito y el ingreso de inversiones.
Debate sobre el modelo
El funcionario también rechazó las críticas que hablan de estanflación y defendió la consistencia del programa económico. Argumentó que, tras años de estancamiento, el país muestra señales de crecimiento junto con una desaceleración inflacionaria.
Asimismo, remarcó que el nuevo esquema se basa en el equilibrio fiscal, el respeto por los contratos y la estabilidad macroeconómica, condiciones que —según afirmó— son claves para sostener la recuperación.
Perspectivas
Finalmente, Daza planteó que el principal desafío hacia adelante será gestionar una posible “abundancia de dólares” producto de inversiones y exportaciones, especialmente en sectores como energía y minería.
“Todo indica que estamos en medio de una transformación extraordinaria, con implicancias muy positivas para el futuro”, concluyó.
El nuevo ciclo del agro: crédito, inversión y cambio de lógica productiva
Salvador Di Stefano analiza el presente del campo argentino, el impacto de la baja de la inflación y el giro hacia modelos más eficientes y con valor agregado
El campo argentino atraviesa un momento de transformación que, según el analista económico Salvador Di Stefano, no tiene antecedentes recientes. Lejos de una mirada coyuntural, el especialista describe un cambio de lógica que atraviesa toda la estructura productiva: desde el financiamiento hasta la forma de producir, pasando por la relación con el Estado.
“Hoy el campo le cree al Gobierno”, afirma sin rodeos. Y fundamenta esa percepción en hechos concretos: una baja de retenciones aplicada sin grandes anuncios y una política económica que, según sostiene, empieza a dar previsibilidad en un sector históricamente golpeado por la volatilidad.
Un campo que responde a señales concretas Para Di Stefano, uno de los rasgos distintivos del momento actual es la ruptura con la lógica política tradicional. “Antes se esperaba una exposición como Expoagro para anunciar medidas. Hoy eso no pasa. Se toman decisiones y listo”, explica.
Ese cambio de comportamiento, asegura, es valorado por el productor. “Hay una regla clara: si hay superávit fiscal, bajan las retenciones. Si no lo hay, no. Y el campo entiende eso”, señala.
En ese marco, sostiene que existe una expectativa permanente de reducción de la carga impositiva, aunque atada a la disciplina fiscal. “No es una promesa vacía, es una regla de funcionamiento”, insiste.
Cosecha récord y límites estructurales
El contexto productivo también acompaña. La campaña agrícola muestra niveles históricos, con volúmenes que rondan entre 155 y 160 millones de toneladas.
Sin embargo, ese crecimiento deja al descubierto una de las principales debilidades estructurales: la infraestructura. “Es prácticamente imposible transportar semejante volumen. No hay capacidad logística para sacar toda la producción”, advierte.
El problema no es menor. Rutas deterioradas, cuellos de botella en el transporte y falta de inversión en obras generan un límite concreto al crecimiento. “Se está generando riqueza a una velocidad que la infraestructura no soporta”, resume.
El giro hacia el valor agregado
Uno de los cambios más significativos se da en la lógica productiva. Durante años, el modelo dominante consistía en producir granos y exportarlos. Hoy, esa lógica empieza a modificarse.
“El maíz, por ejemplo, tiene un costo muy alto de transporte al puerto. Entonces el productor empieza a pensar: ¿por qué no transformarlo en carne dentro del campo?”, plantea.
A partir de esa idea, se expande un modelo de integración: el grano deja de venderse como commodity y pasa a ser insumo para producir proteína animal.
“Le das el maíz al cerdo, y de alguna manera estás transportando ese maíz dentro del animal. Ahorrás costos y generás más valor”, explica.
El impacto económico es significativo. “Si tenés mil hectáreas, la diferencia puede ser de cientos de miles de dólares. Por eso están apareciendo galpones porcinos por todos lados”, agrega.
El fin de las distorsiones
Para entender este cambio, Di Stefano remite al pasado reciente. Durante años, la economía argentina estuvo atravesada por distorsiones que condicionaban las decisiones productivas.
“Había tasas de interés negativas, inflación alta y subsidios que alteraban todos los precios relativos”, explica.
En ese contexto, muchas decisiones se tomaban con lógica financiera y no productiva. “Sembrabas cualquier cosa que fuera dólar, no importaba la eficiencia. Era un negocio financiero”, recuerda.
Hoy, con tasas positivas y menor inflación, ese esquema cambia. “Ahora tenés que pensar qué sembrar, cómo rotar, qué insumo usar. Tenés que trabajar en serio”, afirma.
El resultado es una mayor profesionalización del sector. “El productor vuelve a necesitar al ingeniero agrónomo, al veterinario, al especialista. Se ordena todo el sistema”, señala.
Crédito: el motor silencioso
Otro factor clave es el acceso al financiamiento. Según Di Stefano, las condiciones actuales no tienen precedentes en Argentina.
“Créditos a cinco años, tasas muy bajas o incluso cero en dólares, financiamiento para maquinaria nueva y usada. Eso nunca se vio”, sostiene.
Además, destaca el impacto de la amortización acelerada, que permite recuperar fiscalmente la inversión en plazos muy cortos. “Es un incentivo enorme para invertir”, explica.
Este combo genera un círculo virtuoso: más inversión, más tecnología y mayor productividad.
La ganadería, entre la oportunidad y la crisis
El panorama ganadero, en cambio, presenta matices. Si bien mejora la rentabilidad, el sector arrastra problemas estructurales.
“El stock de ganado viene cayendo hace años. Hoy hay menos animales que antes”, advierte.
La causa principal es una tasa de faena elevada y la liquidación de vientres, lo que reduce la capacidad de reproducción. “Estamos matando más de lo que deberíamos, y eso a largo plazo genera escasez”, explica.
El resultado es claro: “La carne va a ser un bien cada vez más caro”.
A esto se suma otro factor: el tiempo que requiere la inversión ganadera. “Desde que comprás una vaca hasta que vendés el primer ternero pueden pasar tres años. No es un negocio para el corto plazo”, señala.
Un cambio cultural en marcha
Más allá de los números, Di Stefano destaca un cambio cultural profundo. El campo vuelve a pensarse como un negocio productivo y no financiero.
“El que estudia, el que entiende el sistema, es el que gana”, afirma.
En ese sentido, insiste en que el nuevo contexto premia la eficiencia y el conocimiento. “No alcanza con tener plata. Hay que saber qué hacer”, sostiene.
Construcción, consumo y nueva economía
El análisis se extiende también a otros sectores. En la construcción, por ejemplo, señala un cambio de paradigma: ya no alcanza con financiar proyectos con anticipos de compradores.
“Hoy hay competencia. El que invierte compara con bonos, con otras alternativas. Entonces el desarrollador tiene que terminar el producto y después venderlo”, explica.
A su vez, observa cambios en el consumo: crecimiento del turismo, auge de espectáculos y nuevas formas de compra. “La gente gasta distinto. Busca experiencias”, describe.
Un escenario de oportunidades y desafíos
En síntesis, el diagnóstico de Di Stefano combina optimismo con advertencias. Por un lado, destaca un contexto favorable basado en estabilidad macroeconómica, crédito y cambio de reglas.
Por otro, advierte sobre límites estructurales como la infraestructura y la caída del stock ganadero.
“El potencial es enorme, pero hay que sostener las condiciones. Si eso pasa, el campo puede ser uno de los grandes motores del crecimiento argentino”, concluye.
Sec-Rec-Hídricos de LP: «Mendoza cortó el río Atuel y todavía hoy no se cumple el fallo de la Corte»
“Lo que plantea el diputado Ravier es, en los hechos, que cada provincia cordillerana decida unilateralmente qué glaciar protege y cuál no. Eso es extremadamente grave. Significa habilitar que quienes están aguas arriba definan sobre un recurso que no les pertenece sólo a ellos, sino a todas las provincias que dependemos de esos ríos. La Pampa ya sufrió esa lógica: Mendoza cortó unilateralmente el río Atuel y todavía hoy no se cumple plenamente el fallo de la Corte Suprema de 2020 que ordenó garantizar un caudal mínimo. Con ese antecedente, darles a las provincias aguas arriba más poder para decidir sobre el agua implica aumentar el riesgo de que situaciones similares se repitan. No es una hipótesis teórica: es una experiencia concreta que ya padecimos”, afirmó. Gobbi sostuvo que la reforma “rompe el enfoque federal del manejo del agua” y debilita la protección del recurso. “Los glaciares no son un recurso local, son reservas estratégicas de agua. Delegar esa decisión en cada provincia es abrir la puerta a que se prioricen actividades extractivas por sobre la seguridad hídrica de millones de argentinos”, remarcó. El funcionario también cuestionó el intento de minimizar la importancia hídrica de los glaciares. “Reducir el debate a si el río Colorado es nival o glaciar es una simplificación incorrecta. Los glaciares y el ambiente periglacial cumplen una función hidrológica clave: almacenan agua, recargan cuencas y regulan los caudales, especialmente en períodos de sequía. Desconocer eso es ignorar el funcionamiento básico de los sistemas hídricos andinos”, señaló. Además, advirtió que la modificación de la ley se da en un contexto de impulso a proyectos mineros de gran escala con alto consumo de agua. “Se está cambiando el paradigma: se pasa de proteger reservas estratégicas a habilitar actividades intensivas en agua en zonas de alta fragilidad. Para una provincia semiárida como La Pampa, eso implica aumentar la vulnerabilidad hídrica”, expresó. Gobbi fue más allá y sostuvo que la reforma invierte el principio precautorio ambiental. “Antes, ante la duda, se protegía. Ahora primero se habilita y después se evalúa. Ese cambio es regresivo y pone en riesgo el abastecimiento futuro. El agua no se negocia ni se experimenta”, afirmó. Finalmente, el secretario de Recursos Hídricos fue contundente: “La postura del diputado Ravier desconoce la realidad de las provincias aguas abajo. La Pampa depende del río Colorado para el abastecimiento de su población y su desarrollo productivo. Cualquier debilitamiento de la protección de glaciares aumenta el riesgo sobre ese recurso. No estamos discutiendo ideología, estamos defendiendo el agua y el futuro de los pampeanos”.
El diputado nacional Adrián Ravier escribió un articulo explicando su voto para modificar la ley de glaciares
Los Diputados Nacionales no somos expertos en todas las áreas sobre las cuales legislamos, pero al menos en el bloque de LLA recibimos expertos que nos ilustran sobre las cuestiones asociadas a cada proyecto sobre el cual pretendemos legislar. A esto se suman las audiencias públicas y los estudios que cada uno desarrolla en forma particular para hacer un trabajo responsable. Como Diputado Nacional me corresponde legislar sobre cuestiones nacionales que son relevantes para todos los argentinos, aunque nunca dejo de pensar en los pampeanos que confiaron en mi su voto para representar sus intereses.
Así fue que asumimos el 10 de diciembre de 2025 y desde entonces aprobamos un Presupuesto Nacional con equilibrio fiscal a partir del cual puede continuar generándose la baja en la inflación, mientras pagamos los intereses de la deuda heredada y avanzamos en un proceso de des-endeudamiento; aprobamos la Ley de Inocencia Fiscal para que los dólares salgan de abajo del colchón y vuelvan a los bancos; ratificamos un acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea para abrir mercados para las empresas pampeanas; aprobamos una reforma laboral para generar empleo formal, además de eliminar 8 impuestos nacionales; entre muchas otras leyes. En el caso de esta reforma a la Ley de Preservación de los Glaciares quiero expresarle a los pampeanos que mi voto positivo se funda en el equilibrio que la modificación presenta para aumentar la producción minera, de relevancia particular para provincias como Santa Cruz, San Juan, Jujuy, Salta y Catamarca, pero sin poner en riesgo el agua que nos provee a los pampeanos el río Colorado.
El gobernador Sergio Ziliotto, junto con las autoridades de la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam), la Fundación Chadileuvú y la Asociación por los Ríos Pampeanos, anunció la presentación de un amparo judicial para intentar frenar la modificación de la Ley de Preservación de Glaciares aprobada por la Cámara de Diputados el miércoles pasado. En ese marco, realizó una conferencia de prensa en la que expuso argumentos políticos infundados que no se ajustan a los resultados de las investigaciones científicas en la materia.
Nieve y hielo
Ziliotto declaró que el río Colorado es de origen glaciar, lo que es falso. Su origen es principalmente nival, es decir, su caudal proviene del derretimiento de la nieve acumulada en invierno. Esta es la razón por la cual año a año se mide la nieve acumulada para definir el caudal de agua con la cual se contará en cada período. El río nace de la confluencia de los ríos Grande y Barrancas. Si bien puede variar de año en año, el río Grande aporta aproximadamente el 80% del caudal y su alimentación es exclusivamente nival, mientras que el Barrancas corresponde a una cuenca de transición entre regímenes nivales y pluvio-nivales. La columna del geólogo Daniel Jerez en Infobae el pasado 2 de abril puede arrojar luz sobre la necesidad de hacer estudios científicos particulares para cada caso para cuantificar el agua que pueden aportar un Glaciar de Escombros a un río particular. Su análisis arroja datos que pueden permitir dimensionar toda esta problemática.
El Colorado nace de la confluencia de los ríos Grande y Barrancas. Si bien puede variar de año en año, el río Grande aporta cerca de 80% del caudal y su alimentación es exclusivamente nival
El gobernador también se refirió al conflicto con Mendoza por el río Atuel como antecedente que justificaría el amparo. Esta comparación es incorrecta. La Ley de Glaciares establece que solo pueden desarrollarse actividades en aquellas zonas donde se demuestre científicamente que no cumplen una función hídrica relevante. Dicho de otra manera, no se pueden realizar actividades que alteren de modo relevante la función de la zona como proveedora de agua. Lo que ocurrió en el pasado con el río Atuel, nada tiene que ver con los aspectos que trata la reforma a la Ley de Glaciares.
La ley modificada sigue protegiendo ambientes glaciares y periglaciares incluidos en el “Inventario Nacional de Glaciares”. Cualquier provincia puede añadir nuevos glaciares al inventario. El criterio rector es claro: todos los ambientes que cumplan una función hídrica deben ser protegidos.
El problema, y la razón por la cual se hizo una modificación, es que el IANIGLA (Inventario Nacional de Glaciares) ha sido ineficiente a la hora de avanzar con la clasificación de los glaciares. No se realizó la tarea de determinar si los glaciares listados cumplen o no una función hídrica, tarea para la cual tuvieron 15 años. Esa ineficiencia llevó a la paralización de proyectos productivos, afectando el ejercicio legítimo de las provincias sobre sus recursos naturales y limitando su desarrollo económico.
Se propuso entonces un cambio de paradigma: ahora son las autoridades provinciales, con los equipos técnicos que designen, las llamadas a generar y aportar la información técnica de primera mano que permita completar, actualizar y dar utilidad práctica al Inventario.
La ineficiencia para avanzar con la clasificación de los glaciares llevó a la paralización de proyectos productivos y afectó el ejercicio legítimo de las provincias sobre sus recursos naturales, limitando su desarrollo económico
Además, en la ley rige el Principio Precautorio y Protección Inicial: Todos los glaciares y geoformas que ya están incluidos en el Inventario Nacional se consideran protegidos hasta que la autoridad competente de la jurisdicción demuestre, mediante estudios técnico-científicos, que no cumplen las funciones de reserva hídrica o recarga de cuencas.
Lo que sucede, entonces, es que el gobernador utiliza la preocupación legítima de los pampeanos por el cuidado del río Colorado y el conflicto del Atuel para construir un discurso político -no científico- basado en el temor, orientado a oponerse a políticas de desarrollo. Al mismo tiempo, busca desviar la atención de la falta de avances en materia de gestión hídrica provincial. Defender el agua no es presentar amparos, sino invertir en infraestructura eficiente dentro de la propia provincia.
Este gobierno de Javier Milei está avanzando en desarmar la máquina de impedir en que se ha constituido el Estado argentino y que nos llevó a medio siglo de estancamiento.
La máquina de impedir
A diciembre de 2023 la economía agropecuaria estaba limitada por precios intervenidos, retenciones, burocracia y límites de exportación. A partir de soltar los precios, bajar retenciones, desregular y liberar las exportaciones, el campo y las economías regionales disfrutan de un despertar que conduce a producción y exportaciones récord.
En materia energética ocurre algo similar. Con precios libres, la aprobación del RIGI, la desregulación y la liberación de exportaciones, Argentina no sólo se autoabastece de energía, sino que expande su producción y sus exportaciones.
La minería permaneció dormida, y es a partir del gobierno de Milei con iniciativas como el RIGI y de la aprobación de esta reforma a la Ley de preservación de Glaciares que provincias como Santa Cruz, San Juan, Jujuy, Salta o Catamarca, entre otras, podrán incrementar la generación de riquezas para dar soluciones a sus dificultades locales, siempre priorizando el cuidado de las reservas hídricas.
El espíritu de la reforma a la Ley de Glaciares es evitar prohibiciones absolutas, abstractas y genéricas. El objetivo es permitir el aprovechamiento racional de los recursos naturales siempre que se garantice que no se comprometa la reserva estratégica de agua para el consumo humano, la agricultura o la biodiversidad. Para que la Argentina pueda crecer hay que dejar atrás la lógica de “ambiente vs. economía” porque es perfectamente posible proteger el medio ambiente y, al mismo tiempo, promover el desarrollo sustentable de las economías regionales, respetando el dominio de las provincias sobre sus recursos naturales consagrado en el artículo 124 de la Constitución.
El autor es Doctor en Economía, Profesor titular de Introducción y Fundamentos de Economía en la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la UNLPam, Diputado Nacional y Presidente de LLA en La Pampa
Vinos de La Pampa presentes en la 11° Fiesta de la Vendimia de Saldungaray
Se realizó recientemente en la localidad de Saldungaray (partido de Tornquist) la 11ma. edición de la fiesta de la vendimia. La Pampa estuvo representada por su Cámara Vitivinícola (CAVILPA) y las Bodegas Lejanía (Gobernador Duval) y Vasco Goñi (General Pico); quienes a través de la exposición, degustación y comercialización de sus vinos, acercaron al público la identidad de los vinos pampeanos.
Es importante destacar que la Provincia fue especialmente invitada por el ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, vislumbrándose la importancia en la región del sector vitivinícola provincial. En ese sentido, la ministra de la producción Fernanda González manifestó a la Agencia Provincial de Noticias que en el marco de la estrategia de promoción de la integración comercial en la Provincia y en la región, del Plan de Desarrollo Económico y Productivo 2026-2030, «el acompañamiento a las instituciones y productores locales en este tipo de actividades resulta de suma importancia”. A su vez, remarcó la alta aceptación de los vinos en el evento, considerando que en la primera jornada, los productores pampeanos ya habían vendido casi la totalidad de la mercadería.
Por La Pampa participaron representando al Ministerio de la Producción, el subsecretario de Asuntos Agrarios, Ricardo Baraldi, y el director de Planificación y Competitividad, Nicoló Cavallaro, quienes estuvieron acompañando al Ministro, Javier Rodríguez, a la subsecretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca, Carla Seain y a la intendenta de Tornquist, Estefanía Bordoni, junto a autoridades y referentes del sector productivo bonaerense.
Ambas jornadas convocaron a un gran marco de público, un variado patio gastronómico y espectáculos musicales de renombre, oportunidad en la que vecinos y visitantes pudieron recorrer los stands, dialogar con los productores y conocer de primera mano los procesos y características de cada etiqueta, consolidando a la Fiesta como una vidriera clave para el sector y destacando el crecimiento de la actividad vitivinícola no solo en el distrito, sino en toda la región.
Vasco Goñi
Gabriel Goñi, a cargo de la Bodega Vasco Goñi, que lleva adelante junto con su hermana en General Pico, expresó un agradecimiento al Ministerio de la Producción por el cual fue invitado, “compartimos una jornada con la Cámara Vitivinícola, con la Bodega de Gobernador Duval y con otros productores vitivinícolas bonaerenses, contando experiencias y haciendo conocer la producción de nuestros vinos pampeanos”. Destacó que “estuvo muy buena la iniciativa, la participación y la convocatoria, para poder hacer conocer un poco los vinos pampeanos y en particular para nuestra bodega fue una gran oportunidad, ya vendimos prácticamente todo lo que trajimos, asique muy contentos”.
Sigue la pelea judicial de Cooperativas y municipios para seguir facturando tasas en boletas de corriente electrica.
El Juzgado Federal de Santa Rosa rechazó la acción de amparo presentada por la Federación Pampeana de Cooperativas Eléctricas y de Servicios Públicos (Fepamco) contra la Resolución 267/2024 del Ministerio de Economía de la Nación, que prohíbe, por ejemplo, incluir cargos de tasas municipales en las facturas de electricidad. El juez federal Juan José Baric, al resolver la cuestión de fondo, estableció que la norma no es inconstitucional, según el fallo al que accedió Diario Textual. De todas maneras, dispuso un plazo de 90 días para que cooperativas y municipios de La Pampa adecuen la modalidad de cobro de las tasas municipales.
La resolución tiene impacto en el grueso de las 32 cooperativas y la mayoría de las intendencias y comisiones de fomento de La Pampa que cargan tasas en las facturas de luz. De esa manera, desde hace años, se aseguraban el cobro de tasas.
Por este conflicto, hay dos demandas: una iniciada por la Fepamco y otra por la municipalidad de General Pico. En este último caso, Baric ya falló a principios de año y estableció que la resolución no es inconstitucional. En ese marco, la intendencia de Fernanda Alonso apeló y ahora debe resolver la Cámara Federal de Bahía Blanca.
En el caso de Fepamco, la sentencia de Baric fue firmada en las últimas horas. Repite, en lo sustancial, los argumentos que dio en la demanda de la intendencia de Pico. Ahora la federación de cooperativas recurrirá, también, a la cámara bahiense. “Lo vamos a recurrir”, avisó a Diario Textual el presidente de Fepamco, Jorge Páez. “Según consideramos en la federación, no contempla los intereses del sector cooperativo y sus asociados”, agregó el dirigente oriundo de Doblas.
La demanda fue impulsada en 2024 por Fepamco, que cuestionó la constitucionalidad de la norma al considerar que afectaba la autonomía municipal, ya que impedía continuar con la práctica de facturación conjunta entre el servicio eléctrico y tributos locales, vigente a través de convenios.
Desde octubre de 2024, la resolución de la Secretaría de Industria y Comercio establece que las facturas solo pueden incluir la descripción y el precio del servicio contratado, sin incorporar otros conceptos como impuestos o tasas. La medida alcanza a empresas de servicios públicos y a comercializadores de bienes en todo el país.
Derechos de consumidores y autonomía municipal
El fallo reconoció la legitimidad de las tasas municipales y la autonomía de los municipios, pero también ponderó los derechos de los consumidores a recibir información clara, detallada y transparente sobre los servicios que pagan.
En ese sentido, el juez advirtió que la facturación conjunta, sin posibilidad de abonar por separado el servicio eléctrico y las tasas, podía generar confusión y hasta derivar en la suspensión de un servicio esencial por falta de pago de tributos no vinculados directamente con la prestación.
Validez de la resolución y plazo de adecuación
El magistrado sostuvo que la Resolución 267/2024 fue dictada por una autoridad competente, con fundamentos suficientes y sin arbitrariedad manifiesta. Además, indicó que no se acreditó una lesión concreta o inminente a los derechos de la parte actora.
Sin embargo, el juez Baric advirtió que la aplicación inmediata de la norma podría provocar una alteración intempestiva en los sistemas de recaudación municipal, afectando el cumplimiento de obligaciones locales.
Por ese motivo, dispuso un plazo de 90 días desde la notificación del fallo para que municipios y cooperativas restructuren los mecanismos de cobro, en busca de un equilibrio entre la autonomía local y la protección de los usuarios.
Qué dijo el juez
“Aquí sólo cabe concluir que el acto administrativo que se pretende invalidar fue emitido por una autoridad competente, en el marco de sus atribuciones, con suficiente fundamento en hechos que no han sido debidamente rebatidos y que justifican en forma razonable el temperamento allí adoptado, extremos que avientan la posibilidad de tildarlo sin más de arbitrario”, dijo el juez en el fallo al que accedió Diario Textual. “Por otro lado, no ha sido demostrada la lesión actual o inminente en los derechos del municipio actor, ya que no existe sustancial desconocimiento de su potestad tributaria y nada obsta que -con las previsiones temporales del caso- acuda a los habituales mecanismos de recaudación directa de las tasas municipales, o establezca aquellos que considere adecuados y convenientes, siempre resguardando los derechos de los administrados y/o consumidores”.
“Lo expuesto no implica emitir pronunciamiento sobre la validez jurídica o legalidad de los convenios celebrados entre los municipios involucrados y las prestatarias de los servicios públicos, ni en abstracto como figura jurídica, ni en forma concreta en los términos en que fueron oportunamente convenidos”, resaltó.
“En conclusión, no se advierte manifiesta arbitrariedad en las resoluciones atacadas, ni lesión grave y cierta -actual o en ciernes- para la accionante y -frente a una controversia que versa eminentemente sobre cuestiones de orden instrumental en relación al cobro de servicios y tasas municipales-, corresponde seguir la directriz establecida en la ley 24.240, en cuanto a que -en materia de servicios públicos domiciliarios con legislación específica- en caso de duda sobre la normativa aplicable, resultará la más favorable para el consumidor (art. 25); por lo que habré de rechazar -en lo sustancial- la acción de amparo incoada”, dijo el juez en el fallo.
El magistrado dio un plazo de tres meses para adecuar la facturación. “El sentido de esta decisión -en lo sustancial- no impide advertir que la aplicación inmediata de la Resolución SIyC 267/2024 implicaría una intempestiva alteración de las condiciones en que las Municipalidades de General Pico y de Santa Rosa -únicos Municipios presentados como terceros interesados realizan la recaudación de las tasas en cuestión, pudiendo interferir con el puntual pago de sus obligaciones con la empresa prestadora del servicio público e indirectamente con el cumplimiento de las funciones que le son propias”, expresó.
“Entiendo prudente que el Municipio y las Cooperativas con la cual es establecieron el convenio de recaudación, reestructuren la modalidad de cobro que permaneció inalterable por alrededor de 20 años y, que fue tolerada por el ente regulador (APE), responsable de su control y sin cuya aprobación no podría haberse implementado”, dijo. “En este sentido, en tanto, por las razones expuestas, se habrá de diferir el momento de aplicación efectiva de la norma reglamentaria, corresponde establecer el plazo que habrá de aplicarse. Para ello, y toda vez que no existe modalidad alternativa de cobro, estimo prudente y, en aras del respeto a los derechos individuales de los usuarios, en consideración a la situación fáctica existente al momento de emitirse este pronunciamiento y las notas de orden patrimonial de diversa entidad que se ven involucradas en autos, teniendo presente el tiempo ya transcurrido desde el dictado de las normas puestas en crisis y vencimiento del plazo allí establecido, fijar el término en noventa (90) días desde la notificación de la presente para que los municipios ajusten sus conductas a la normativa vigente”.
Alcance del fallo
El juez aclaró que la decisión no implica un pronunciamiento sobre la validez jurídica de los convenios entre municipios y cooperativas, sino que se limita a analizar la aplicación de la normativa nacional en materia de facturación y derechos del consumidor.
Asimismo, remarcó que, ante dudas normativas en servicios públicos domiciliarios, debe prevalecer el criterio más favorable al consumidor, en línea con la Ley 24.240.
Desbarataron red que abastecía cocaína a Santa Rosa operando desde la U-4
Un operativo coordinado por la Oficina de Inteligencia Criminal y Análisis de las Comunicaciones, perteneciente al Área de Coordinación Operativa y Lucha contra el Narcotráfico de la Policía de La Pampa, permitió desarticular una estructura criminal dedicada al transporte de estupefacientes desde el Gran Buenos Aires hacia La Pampa, mediante una investigación iniciada en el mes de junio del año 2025 con intervención de la Justicia Federal de la Provincia.
La investigación permitió establecer que la organización operaba con conexiones externas y que su coordinación se realizaba desde una celda del Servicio Penitenciario Federal U4 con asiento en esta ciudad, por una persona de nacionalidad extranjera condenada por delitos previstos por la Ley 23.737, quien mantenía vínculos con el exterior para asegurar el abastecimiento de droga a distribuidores de Santa Rosa.
Desde el interior del penal, se coordinaba cada operación de transporte de droga, mientras su hermano acataba las órdenes y ejecutaba los traslados a esta ciudad para ser distribuidos inmediatamente a “reveendedores” locales.
Fue así como la Oficina de Inteligencia Criminal, dispuso controles en puntos estratégicos de la Provincia, logrando detectar, por uno de los ingresos a territorio pampeano, la circulación de dos vehículos que se desplazaban de manera coordinada hacía nuestra capital en una modalidad compatible y muy propia, a un transporte de estupefacientes, lo que activó un operativo policial en el acceso a esta ciudad.
La maniobra terminó en el acceso a Santa Rosa, donde fue interceptado el Peugeot 207 en el que se trasladaban dos santarroseños. En el rodado se secuestró un “ladrillo” de 964 gramos de clorhidrato de cocaína, además de envoltorios con 19 gramos de cocaína y 8 gramos de marihuana, listos para su comercialización al menudeo, junto con dinero en efectivo y teléfonos celulares.
Cabe destacar que uno de los ocupantes había recuperado la libertad recientemente y registra antecedentes por hechos de la misma naturaleza.
El segundo vehículo, una Chevrolet Montana, era conducido por el hermano del detenido alojado en el Servicio Penitenciario Federal, quien según la investigación operaba con distribuidores locales de esta ciudad y realizaba viajes con frecuencia a esta ciudad para abastecer la demanda de estupefacientes. En el rodado se detectó un compartimiento oculto detrás de las butacas, lo que indica que el vehículo había sido acondicionado con fines delictivos para la logística de transporte. Como consecuencia directa de la incautación, se avanzó con diligencias judiciales y se realizó un procedimiento clave: el allanamiento de la celda de la Unidad Nº 4 del Servicio Penitenciario Federal ocupada por quien era el principal coordinador de esta organización dedicada al tráfico de estupefacientes. Allí se secuestraron anotaciones manuscritas y cuadernillos, elementos de alto valor probatorio que permiten profundizar la investigación, reconstruir comunicaciones y establecer conexiones criminales.
Todo terminó con la detención de cuatro personas involucradas, dos de ellas de nacionalidad paraguaya y dos de nacionalidad argentina y el secuestro de los dos vehículos utilizados para la maniobra, así como la droga y dinero incautado, quedando la totalidad de los elementos a disposición de la Justicia Federal interviniente.
Este resultado refleja la lucha sostenida de la Policía de La Pampa contra organizaciones de narcotráfico que intentan abastecer y distribuir estupefacientes en la Provincia, atacando la cadena completa del delito: origen, transporte y destino final.
Argentina sigue recordando el día del niño por nacer cada 25 de marzo desde 1998
El Día del Niño por Nacer, celebrado cada 25 de marzo en Argentina, genera posiciones encontradas que atraviesan dimensiones éticas, religiosas, científicas y políticas. La fecha, instituida en 1998 durante la presidencia de Carlos Menem, busca poner en agenda la protección de la vida desde la concepción. Sin embargo, en el contexto actual —marcado por la legalización del aborto mediante la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en 2020—, su significado se vuelve objeto de fuertes discusiones.
Argumentos a favor
Quienes defienden el Día del Niño por Nacer sostienen que la vida humana comienza desde el momento de la concepción. Desde esta perspectiva, el embrión ya es un sujeto con derechos que debe ser protegido por el Estado y la sociedad. Para estos sectores, la fecha cumple un rol simbólico importante: visibiliza una etapa de la vida muchas veces ignorada y promueve una cultura de respeto hacia la vida en gestación.
En muchos casos, esta postura se apoya en convicciones religiosas —particularmente vinculadas a la Iglesia Católica— pero también en argumentos bioéticos que destacan la continuidad del desarrollo humano desde sus primeras etapas. Además, quienes la apoyan consideran que la conmemoración puede fomentar políticas públicas orientadas al acompañamiento de mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad, promoviendo alternativas al aborto.
Argumentos en contra
Por otro lado, sectores que cuestionan esta fecha consideran que su instauración responde a una mirada ideológica que no contempla la complejidad de las decisiones reproductivas. Señalan que al centrarse exclusivamente en el “niño por nacer”, se invisibiliza a la mujer gestante, sus derechos, su salud y su autonomía.
Desde esta óptica, el Día del Niño por Nacer puede ser interpretado como una forma de presión simbólica contra derechos conquistados, como el acceso a la matanza del feto en gestación con financiación estatal, o sea, pago con impuestos. Organizaciones feministas y de derechos humanos advierten que esta conmemoración puede reforzar estigmas y obstaculizar el acceso a servicios matanza del feto en gestación con financiación estatal
Asimismo, se cuestiona el uso del término “niño” para referirse a un embrión o feto, ya que implica una definición que no es compartida por toda la comunidad científica ni por la legislación vigente en todos los países. Para estos sectores, el lenguaje no es neutral y puede influir en la percepción social del aborto.
Un debate abierto
El Día del Niño por Nacer se inserta en un debate más amplio sobre cuándo comienza la vida, qué derechos deben priorizarse y cuál es el rol del Estado en estas decisiones. Lejos de resolverse, la discusión continúa siendo parte de la agenda pública y refleja tensiones profundas dentro de la sociedad argentina.
El derecho a la vida es ninguneado en Argentina, desde 2020, no solo por los arrestos inconstitucionales con excusa de pandemia de esos años, también por la sanción de una ley, que contradice legislación vigente y quita el derecho a vivir a fetos en gestación…