Personal policial del Grupo de Redes Urbanas, dependiente del Área de Coordinación Operativa de Lucha contra el Narcotráfico (ACOLN), llevó adelante un allanamiento en un domicilio de la localidad de Eduardo Castex, en el marco de una investigación por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737.
El operativo se desarrolló con autorización judicial del juez federal de Garantía, Juan José Baric. En el lugar se encontraban las dos personas investigadas, dos hermanos mayores de edad, junto a otros integrantes del grupo familiar y personas que visitaban el inmueble. Como resultado del procedimiento se secuestraron 29 gramos de cocaína distribuidos en 10 envoltorios, 2,6 gramos de marihuana, $93.000 en efectivo, teléfonos celulares, elementos de corte y fraccionamiento, y balanzas de precisión digitales. Asimismo, personal de la Comisaría local procedió al secuestro de elementos vinculados a delitos contra la propiedad registrados en la localidad, entre ellos un motor y dos ruedas pertenecientes a una motocicleta 110 cc. Ambos fueron detenidos, mientras que sus parejas quedaron debidamente notificadas de la causa judicial en trámite. La investigación continúa en curso bajo la órbita de la Unidad Fiscal Federal de Santa Rosa, a cargo de Iara Silvestre.
Categoría: Inseguridad
Defensa del Consumidor difundió recomendaciones para evitar estafas en el próximo Hot Sale
La Dirección General de Defensa del Consumidor difundió una serie de recomendaciones para prevenir estafas, engaños y problemas en compras online de cara a una nueva edición del Hot Sale, que comenzará el lunes 11 de mayo.
Desde el organismo del Ministerio de Gobierno y Asuntos Municipales aconsejaron ingresar únicamente al sitio oficial del evento www.hotsale.com.ar para verificar que los comercios participantes estén adheridos y evitar páginas fraudulentas.
Además, recomendaron buscar con anticipación los productos de interés y realizar capturas de pantalla de los precios actuales. Según explicaron, esto permite comprobar si los descuentos publicados durante el evento son reales y contar con pruebas ante posibles reclamos.
Otro de los puntos señalados es la necesidad de verificar que las páginas informen razón social, CUIT y domicilio legal del comercio antes de concretar una compra.
También insistieron en leer atentamente las condiciones de envío, devolución y plazos de entrega, además de evitar el acceso mediante enlaces sospechosos recibidos por redes sociales o mensajes.
Desde Defensa del Consumidor recordaron que las compras deben realizarse únicamente en sitios seguros, identificados con el prefijo “https://” y el candado de seguridad en la barra del navegador.
El organismo recordó además que los consumidores cuentan con un plazo de diez días corridos desde la recepción del producto para ejercer el derecho de arrepentimiento de compra.
Las consultas, reclamos o denuncias pueden realizarse telefónicamente al 02954-455072, por correo electrónico a defensaconsumidor@lapampa.gob.ar, a través de redes sociales oficiales o de manera presencial en avenida San Martín 391, local 3, esquina Moreno, en Santa Rosa, además de las oficinas municipales habilitadas.
Desarticulan red de estafas telefónicas tras operativos en tres provincias
La Policía de La Pampa, a través de la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional I, desarrolló un amplio trabajo investigativo que permitió esclarecer una serie de estafas bajo la modalidad “cuento del tío”, con víctimas en la ciudad de Santa Rosa, y derivó en operativos simultáneos en Mendoza y Neuquén, donde se concretaron detenciones y secuestros de elementos clave.
La causa, con intervención de la Fiscalía Temática de Delitos Económicos, se originó a partir de distintos hechos denunciados, en los que personas mayores fueron contactadas telefónicamente por individuos que se hacían pasar por supuestos funcionarios de organismos públicos. Bajo engaño, les indicaban la necesidad urgente de cambiar sus ahorros en moneda extranjera, logrando que entregaran importantes sumas de dinero en dólares y otras divisas a personas que se presentaban en sus domicilios. A partir de las tareas investigativas, que incluyeron análisis de comunicaciones, relevamiento de cámaras de seguridad y seguimiento de los movimientos de los sospechosos, se logró establecer un patrón común de actuación y vincular distintos hechos ocurridos en la ciudad bajo la misma modalidad delictiva. En ese marco, se llevaron adelante allanamientos en la provincia de Mendoza, en coordinación con personal de la policía de investigaciones (PDI), donde se logró la detención de uno de los implicados y el secuestro de teléfonos celulares, prendas de vestir y un vehículo que habría sido utilizado para concretar al menos uno de los hechos investigados. Se estableció además que este imputado registraba un pedido de captura vigente por un hecho de estafa bajo la misma modalidad en la provincia de Córdoba, lo que refuerza la hipótesis de su participación en una estructura delictiva con alcance interprovincial. De manera simultánea, en la localidad de Centenario, provincia de Neuquén, y en coordinación con personal del Departamento de Delitos Económicos de esa jurisdicción, se concretó otro procedimiento que permitió la detención de un segundo involucrado, sobre quien además pesaba un pedido de captura vigente en otra causa por estafa. Durante este procedimiento, se secuestraron dispositivos móviles, indumentaria y un vehículo sobre el cual recaía un pedido de secuestro vigente en el marco de otra investigación, elementos que serán sometidos a peritajes para profundizar la causa. Los hechos investigados presentan un patrón común: llamados telefónicos desde números ocultos o desconocidos, en los que los autores brindaban información personal de las víctimas para generar confianza, simulando ser empleados de entidades oficiales. Luego, coordinaban el retiro del dinero mediante terceros que se presentaban en los domicilios, sin ejercer violencia, pero aprovechándose del engaño. En varios de los casos, las víctimas entregaron sumas importantes de dinero en moneda extranjera, superando en algunos hechos los 20.000 dólares, lo que permite dimensionar el impacto económico de este tipo de delitos. Desde la Policía provincial se reiteró a la comunidad la importancia de extremar precauciones ante este tipo de maniobras, no brindar información personal ni entregar dinero ante llamados telefónicos sospechosos, y comunicarse de inmediato con la Policía a través del 101.
Adorni dijo que Nación no transferirá las rutas nacionales a La Pampa para que las arregle, pero tampoco Nación lo hace
El jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, afirmó este miércoles en su informe ante el Congreso Nacional que Vialidad Nacional no tiene en trámite la transferencia de rutas nacionales a la provincia de La Pampa. “No se encuentra en trámite de transferir a la Provincia de La Pampa el mantenimiento y/o ejecución de obras sobre rutas nacionales”, dijo.
De esta manera respondió a la pregunta 1.672, en la que se le consultó sobre la posible cesión de trazas como la ruta nacional 5 y otras, junto con la correspondiente asignación de recursos. En ese planteo, además, se recordó que el pedido había sido realizado formalmente por el gobernador Sergio Ziliotto en enero y julio de 2025.
El intendente de General Acha, Abel Sabarots, había pedido la semana pasada a Vialidad Nacional el arreglo de la ruta 152 hasta El Carancho, pero le respondieron que no tienen fondos.
Hace una semana, en tanto, Ziliotto recibió a integrantes de la Agrupación Autovía Ruta 5. Durante el encuentro analizaron el estado de las rutas nacionales que atraviesan la Provincia y la necesidad de avanzar con obras de infraestructura vial que permanecen postergadas por el Gobierno nacional.
Desde el Ejecutivo provincial detallaron las gestiones y reclamos realizados ante Nación para intervenir en más de 600 kilómetros de rutas nacionales en territorio pampeano. Recordaron que el primer planteo formal se presentó el 22 de enero de 2025 y que, hasta el momento, no hubo respuestas concretas.
En Victorica también hubo amenazas de violencia en los colegios
En Victorica, se investiga una inscripción en un baño escolar con la frase “tiroteo están avisados” , lo que derivó en actuaciones judiciales, recolección de pruebas y la identificación de menores involucrados.
El hecho fue denunciado por la directora de un Colegio Secundario, quien advirtió la presencia de una inscripción en uno de los baños utilizados por estudiantes con la frase: “tiroteo están avisados”, escrita con un marcador de color violáceo. Ante la gravedad del mensaje, se activaron de inmediato los protocolos vigentes y se dio intervención a la Justicia.
Personal de la Comisaría Departamental Victorica a cargo de Edgardo Díaz Correa se presentó en el lugar fuera del horario escolar para realizar tareas periciales, que incluyeron la toma de fotografías, el relevamiento del tipo de tinta utilizada y la búsqueda de otras posibles inscripciones dentro del edificio.
Durante el procedimiento, los efectivos detectaron garabatos con características similares en un banco de un aula de primer año, lo que orientó la investigación hacia un grupo reducido de estudiantes de entre 12 y 13 años. A partir de allí, se iniciaron averiguaciones para identificar a los posibles autores, incluyendo la localización de sus entornos familiares.
Según se desprende de las actuaciones, en horas de la tarde del martes se realizó un allanamiento en un domicilio vinculado a los progenitores de los menores, con el objetivo de secuestrar elementos de escritura que coincidan con los utilizados en la amenaza, así como dispositivos electrónicos que puedan aportar información relevante para la causa.
El caso se enmarca en una serie de episodios similares registrados en distintos puntos de la provincia, muchos de ellos asociados a desafíos virales en redes sociales. No obstante, desde las autoridades remarcan que este tipo de conductas no son una broma y conllevan consecuencias judiciales y sociales. Interviene el fiscal Nicolás Rojo del Ministerio Público Fiscal de la IV Circunscripción.
El Gobierno provincial se presenta como querellante ante amenazas de violencia en escuelas
El Gobierno de La Pampa, a través de la Fiscalía de Estado, solicitó formalmente constituirse como parte querellante en las investigaciones penales iniciadas por amenazas de tiroteos y otros mensajes intimidatorios detectados en establecimientos educativos de distintas localidades de la Provincia. 
La presentación fue realizada por el fiscal de Estado subrogante, Araldo Eleno, por instrucción del gobernador Sergio Ziliotto, con el objetivo de colaborar en el esclarecimiento de los hechos, reforzar las acciones preventivas y garantizar que este tipo de conductas no transcurran sin una consecuencia institucional y judicial.
Desde el Estado provincial se fundamentó la intervención en la necesidad de preservar la seguridad pública, el orden institucional y la normal prestación del servicio educativo, además de garantizar el interés superior de niños y adolescentes, conforme a la normativa vigente.
En ese marco, se dispusieron medidas inmediatas de prevención y contención en cada caso detectado, entre ellas la suspensión de actividades escolares cuando la situación lo requirió, la intervención de organismos de protección de derechos y el acompañamiento de equipos técnicos especializados.
Hechos investigados
Uno de los hechos investigados ocurrió en el Colegio República del Salvador de General Pico, donde se detectaron pintadas amenazantes y un estudiante de 13 años manipulando una munición.
Ante esta situación, además de la suspensión preventiva de clases, se dio intervención a la Unidad Local de Niñez y Adolescencia. También se solicitaron medidas de resguardo para el menor involucrado, orientadas a la protección integral y al abordaje interdisciplinario.
A partir de la evaluación conjunta realizada por las áreas de Educación, Seguridad y Desarrollo Social y Derechos Humanos, se consideró un escenario de alto riesgo, por lo que se avanzó con medidas urgentes de contención y seguimiento.
Entre ellas se incluyó la asistencia terapéutica urgente, supervisión familiar reforzada, control de acceso a elementos peligrosos y la definición de una nueva modalidad de escolarización, a cargo del Ministerio de Educación, con acompañamiento específico.
También se investigan amenazas registradas en otras instituciones educativas de la Provincia: en 25 de Mayo, en General Acha y en Santa Rosa, donde aparecieron mensajes intimidatorios en baños escolares y otros espacios comunes.
Las denuncias fueron radicadas de manera inmediata, activándose la intervención del Poder Judicial, la Fiscalía Penal Juvenil y las áreas competentes del Ejecutivo provincial, con el propósito de que estos hechos sean investigados y tengan las consecuencias correspondientes.
Trabajo articulado y llamado a las familias
El Gobierno provincial recordó que muchos de estos episodios se vinculan a desafíos virales que circulan en redes sociales y reiteró la importancia del acompañamiento de madres, padres y personas adultas responsables.
En ese sentido, se solicitó fortalecer el diálogo con adolescentes sobre la gravedad de estas conductas y sus consecuencias personales, familiares y judiciales.
Asimismo, el Ministerio de Educación, en coordinación con el Ministerio de Seguridad y Justicia, la Policía provincial, equipos territoriales y autoridades escolares, continúa profundizando acciones preventivas y de concientización en todo el territorio pampeano, reafirmando que ningún hecho de esta naturaleza quedará sin intervención estatal.
Desbarataron red que abastecía cocaína a Santa Rosa operando desde la U-4
Un operativo coordinado por la Oficina de Inteligencia Criminal y Análisis de las Comunicaciones, perteneciente al Área de Coordinación Operativa y Lucha contra el Narcotráfico de la Policía de La Pampa, permitió desarticular una estructura criminal dedicada al transporte de estupefacientes desde el Gran Buenos Aires hacia La Pampa, mediante una investigación iniciada en el mes de junio del año 2025 con intervención de la Justicia Federal de la Provincia. 
La investigación permitió establecer que la organización operaba con conexiones externas y que su coordinación se realizaba desde una celda del Servicio Penitenciario Federal U4 con asiento en esta ciudad, por una persona de nacionalidad extranjera condenada por delitos previstos por la Ley 23.737, quien mantenía vínculos con el exterior para asegurar el abastecimiento de droga a distribuidores de Santa Rosa.
Desde el interior del penal, se coordinaba cada operación de transporte de droga, mientras su hermano acataba las órdenes y ejecutaba los traslados a esta ciudad para ser distribuidos inmediatamente a “reveendedores” locales.
Fue así como la Oficina de Inteligencia Criminal, dispuso controles en puntos estratégicos de la Provincia, logrando detectar, por uno de los ingresos a territorio pampeano, la circulación de dos vehículos que se desplazaban de manera coordinada hacía nuestra capital en una modalidad compatible y muy propia, a un transporte de estupefacientes, lo que activó un operativo policial en el acceso a esta ciudad.
La maniobra terminó en el acceso a Santa Rosa, donde fue interceptado el Peugeot 207 en el que se trasladaban dos santarroseños. En el rodado se secuestró un “ladrillo” de 964 gramos de clorhidrato de cocaína, además de envoltorios con 19 gramos de cocaína y 8 gramos de marihuana, listos para su comercialización al menudeo, junto con dinero en efectivo y teléfonos celulares.
Cabe destacar que uno de los ocupantes había recuperado la libertad recientemente y registra antecedentes por hechos de la misma naturaleza.
El segundo vehículo, una Chevrolet Montana, era conducido por el hermano del detenido alojado en el Servicio Penitenciario Federal, quien según la investigación operaba con distribuidores locales de esta ciudad y realizaba viajes con frecuencia a esta ciudad para abastecer la demanda de estupefacientes. En el rodado se detectó un compartimiento oculto detrás de las butacas, lo que indica que el vehículo había sido acondicionado con fines delictivos para la logística de transporte. Como consecuencia directa de la incautación, se avanzó con diligencias judiciales y se realizó un procedimiento clave: el allanamiento de la celda de la Unidad Nº 4 del Servicio Penitenciario Federal ocupada por quien era el principal coordinador de esta organización dedicada al tráfico de estupefacientes. Allí se secuestraron anotaciones manuscritas y cuadernillos, elementos de alto valor probatorio que permiten profundizar la investigación, reconstruir comunicaciones y establecer conexiones criminales.
Todo terminó con la detención de cuatro personas involucradas, dos de ellas de nacionalidad paraguaya y dos de nacionalidad argentina y el secuestro de los dos vehículos utilizados para la maniobra, así como la droga y dinero incautado, quedando la totalidad de los elementos a disposición de la Justicia Federal interviniente.
Este resultado refleja la lucha sostenida de la Policía de La Pampa contra organizaciones de narcotráfico que intentan abastecer y distribuir estupefacientes en la Provincia, atacando la cadena completa del delito: origen, transporte y destino final.
Si la memoria no es completa, no es memoria.
Cada 24 de marzo, Argentina se sumerge en una jornada de reflexión profunda. En los últimos años, esa conmemoración ha incorporado un contrapunto impulsado desde sectores libertarios y, más recientemente, desde el propio gobierno nacional, que promueven una lectura alternativa de los años 70 bajo la idea de cuestionar lo que denominan el “relato oficial”.
El eje central de esta mirada es la consigna de la “Memoria Completa”, que plantea que el Estado debe reconocer a todas las víctimas de la violencia política, no solo a aquellas afectadas por el terrorismo de Estado. Desde esta perspectiva, se sostiene que la narrativa predominante ha invisibilizado el accionar de organizaciones guerrilleras y paramilitares. En ese marco, el principio libertario de no agresión se utiliza para condenar tanto los crímenes estatales como los atentados de grupos insurgentes. El cuestionamiento a la cifra de los 30.000 desaparecidos aparece como una demanda de “verdad histórica”, más que —según sus defensores— una negación del sufrimiento.
En paralelo, esta corriente busca desmontar la idea de un supuesto “liberalismo” durante la última dictadura. Argumenta que el modelo económico de ese período, asociado a José Alfredo Martínez de Hoz, fue en realidad estatista y corporativista, señalando la persistencia de un alto gasto público, empresas estatales y restricciones a las libertades individuales. Desde esta óptica, no puede hablarse de liberalismo en un contexto de autoritarismo político.
A nivel más teórico, el libertarismo considera al golpe de Estado como la máxima expresión de coerción estatal, al entender que implica la imposición del poder por la fuerza y la anulación de la soberanía individual.
Este enfoque no solo se expresa en el plano discursivo, sino también en una estrategia comunicacional. El gobierno ha impulsado una contra-narrativa a través de producciones audiovisuales, utilizando el cine y el formato documental como herramientas centrales.
En este marco, el cineasta Santiago Oría aparece como uno de los principales arquitectos de la estética y narrativa oficial, desarrollando contenidos que buscan mostrar “la otra cara” del período, incluyendo testimonios de víctimas de la violencia guerrillera y reforzando la revisión de cifras y relatos históricos. A su vez, figuras como Agustín Laje, quien condujo el minidocumental difundido en 2025, aportan el marco interpretativo desde lo ideológico.
Ese material sostiene que la violencia política precedió al golpe de 1976, propone una equiparación entre las acciones de organizaciones como Montoneros o el ERP y el accionar estatal, y reinterpreta el período como una “guerra interna” en lugar de un plan sistemático de represión.
También se suman otras voces del ámbito audiovisual y digital, como el cineasta e influencer Diego Recalde, quien ha reforzado estas lecturas críticas, incluyendo cuestionamientos al rol de los organismos de derechos humanos y a lo que el sector denomina un uso político del tema.
En conjunto, esta corriente propone que el 24 de marzo no sea únicamente una jornada de duelo centrada en una sola narrativa, sino una instancia para revisar integralmente la historia reciente, condenar toda forma de violencia política y replantear el sentido de la memoria colectiva bajo la idea de que la libertad es indivisible.
La Pampa participó del Consejo de Seguridad Interior realizado en Córdoba
El ministro de Seguridad y Justicia de La Pampa, Horacio di Nápoli, participó del Consejo de Seguridad Interior desarrollado en la ciudad de Córdoba, un espacio de articulación federal que reunió a autoridades nacionales, provinciales y de las fuerzas de seguridad de todo el país. En el mismo expuso la preocupación por el uso de mensajerías instantáneas en investigaciones y la falta de control sobre el espacio aéreo. 
El encuentro, encabezado por la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, permitió abordar los principales desafíos en materia de seguridad pública, con eje en el combate al narcotráfico, el crimen organizado y la coordinación entre jurisdicciones. En ese marco, el titular de la cartera pampeana planteó la necesidad de avanzar en herramientas concretas que fortalezcan las capacidades de investigación frente a las nuevas modalidades del delito. Durante su intervención, di Nápoli advirtió sobre las dificultades que enfrentan las investigaciones judiciales en torno al uso de aplicaciones de mensajería por parte de organizaciones delictivas. En esa línea, planteó la necesidad de avanzar en mecanismos que permitan regular o limitar el uso de estas plataformas en contextos delictivos: “Si hablamos de lucha contra el narcotráfico o el crimen organizado, debemos buscar herramientas a nivel informático que permitan bloquear o intervenir estos medios de comunicación”. El ministro remarcó que estas aplicaciones son utilizadas de manera sistemática por redes criminales, lo que dificulta el acceso a información clave para las investigaciones y limita la capacidad de respuesta del Estado. Otro de los ejes planteados por el funcionario provincial fue la necesidad de avanzar en una regulación más clara y efectiva del uso del espacio aéreo, particularmente en relación a los drones. “Hoy hay un descontrol en el uso de drones en el espacio aéreo. No contamos con herramientas suficientes para su regulación y control, y es un tema que debemos abordar con urgencia”, expresó. En ese sentido, advirtió que el uso de estas tecnologías sin supervisión puede representar riesgos tanto para la seguridad como para las tareas de prevención e investigación. Además, di Nápoli destacó la importancia de fortalecer el rol de las fuerzas de seguridad y reconocer el trabajo cotidiano de sus integrantes, al señalar que “son las y los profesionales que están en la calle todos los días, sosteniendo el sistema de seguridad con compromiso y vocación de servicio”. El Consejo de Seguridad Interior constituye un ámbito clave para la construcción de políticas públicas coordinadas, el intercambio de información y la definición de estrategias comunes frente a delitos complejos que requieren respuestas integrales y federales.
La comisión directiva de los bomberos voluntarios de Victorica convoca a Asamblea de socios
Convocan a asamblea general ordinaria de los Bomberos Voluntarios del Oeste Pampeano.La Comisión Directiva de la asociación Bomberos Voluntarios del Oeste Pampeano anunció la convocatoria a una Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo el próximo 10 de abril de 2026 a las 20:00 horas, en la sede de la institución ubicada en calle 8 N° 920.
Según el comunicado oficial, la reunión está dirigida a todos los socios de la entidad y tiene como objetivo tratar diversos puntos clave para el funcionamiento institucional y administrativo.
Entre los temas incluidos en el orden del día se destacan la lectura del acta anterior, la designación de dos socios para la firma del acta, y el análisis de la memoria anual, el balance general, el cuadro de gastos y recursos, junto con el informe de los revisores de cuentas correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2025.
Además, se pondrá a consideración la modificación de la cuota social, uno de los puntos relevantes para la sostenibilidad económica de la asociación.
Desde la Comisión Directiva informaron que, en caso de no contar con el quórum necesario a la hora estipulada, la asamblea dará inicio media hora después con los socios presentes, conforme a lo establecido en la normativa vigente.
El comunicado lleva la firma del presidente Fabián Mirenda, la secretaria María Isabel Serraino y el tesorero Raúl Koffler, quienes invitaron a los asociados a participar activamente de este espacio de decisión institucional.