La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) expresó su preocupación por la censura de la película «Será venganza» en la Feria del Libro.
«La libertad de expresión no sólo implica poder escuchar aquello que compartimos, sino justamente aquello que nos molesta o, incluso, que está en las antípodas de lo que pensamos», sostuvo en un comunicado.
Y agregó: «La censura, una de las pocas conductas expresamente prohibidas por nuestra Constitución Nacional y por los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, es por definición la antítesis misma de la libertad de expresión y sólo está reservado a casos excepcionales, como la protección de los menores».
«Será venganza», la película dirigida por Andrés Paternostro, cuya exhibición en la Feria del Libro fue cancelada y prohibida por las autoridades del evento, es un documental de apenas 45 minutos.
Entre los objetivos del film producido por el Centro de Estudios en Historia, Política y Derechos Humanos de Salta, está el de denunciar las condiciones en las cuales se habrían desarrollado los juicios por crímenes de lesa humanidad.
«La suspensión del acto de presentación de la película Será Venganza en la Feria del Libro, decidida por las autoridades del evento, es un hecho que preocupa a la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa), máxime por haber tenido lugar en un espacio de enorme trayectoria, que tradicionalmente ha sido un emblema de debate plural en el plano de la cultura y la intelectualidad de nuestro país», afirmó el comunicado de Adepa.
Para concluir: «Sin abrir juicio sobre el contenido de la obra, lo que no corresponde a nuestra entidad, Adepa repudia cualquier hecho que impida la libre circulación de ideas y opiniones, reiterando, como ha dicho siempre y lo ratifica la jurisprudencia argentina, que el derecho a la libre expresión –comprendiendo incluso eventuales abusos- sólo puede dar lugar a responsabilidades ulteriores, nunca a restricciones previas.
«Será venganza», la película dirigida por Andrés Paternostro, cuya exhibición en la Feria del Libro fue cancelada y prohibida por las autoridades del evento, es un documental de apenas 45 minutos.
Entre los objetivos del film producido por el Centro de Estudios en Historia, Política y Derechos Humanos de Salta, está el de denunciar las condiciones en las cuales se habrían desarrollado los juicios por crímenes de lesa humanidad.
En muchos casos, se dice allí, no se cumplirían algunas obligaciones establecidas por la ley: hay detenidos provisionalmente por términos que exceden largamente los dos años establecidos antes de llegar al juicio, habría condiciones sanitarias que no contemplan los más elementales derechos humanos, se les negaría a los detenidos algunos derechos básicos, como atención médica adecuada, educación o la prisión domiciliaria en caso de cumplirse con sus requerimientos.
Antes de llegar a los casos que ejemplifican estos reclamos, «Será venganza» dedica su primera media hora a esbozar una interpretación político militar de los años 70 y de la represión a los movimientos armados.
Según los testimonios requeridos y la voz en off que lleva adelante las ideas de la película, la batalla contra la subversión se dio en el marco de la guerra fría con su posible enfrentamiento nuclear entre las grandes potencias.
A las acciones de los movimientos revolucionarios se le opuso durante la dictadura que rigió la Argentina entre 1966 y 1972 la creación de una Cámara Federal que se encargaría de los delitos violentos (fue conocida históricamente como el «Camarón»).
La película afirma que los fallos de la Cámara no fueron nunca impugnados y su disolución, de la mano de la amnistía a los presos políticos del 25 de mayo de 1973, no solo dejó a los combatientes en libertad sino que privó al Estado de un instrumento para enfrentarlos jurídicamente.
«Será venganza» hace una sugestiva elipsis en los años de la Dictadura que arrancó el 24 de marzo de 1976 cuando uno de los testimoniantes define su idea central acerca de lo sucedido: «El enemigo le impuso al ejército la modalidad de combate: el terrorismo».
Luego, el grueso de la argumentación del film corre a cuenta de Adolfo Vázquez, ex juez de la Corte Suprema, y del constitucionalista Gregorio Badeni, cuestionando el cambio de los supremos durante el comienzo de la administración de Néstor Kirchner y su intención de encontrar un camino para reabrir los juicios cerrados por las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.
El tramo más potente de la película se encuentra en su último tercio. Allí, familiares de detenidos y procesados por delitos de lesa humanidad cuentan sus experiencias personales, que involucran irregularidades varias, especialmente en el campo de la atención médica a los detenidos (se desarrollan los casos del Coronel Hugo Jorge Delmé, fallecido en Campo de Mayo a los 80 años y del Suboficial Mayor Oscar Ferreyra) y la denuncia de la «impunidad gerontológica», refiriendo con eso a una supuesta orden dada por la jefa de los fiscales, Alejandra Gils Carbó en el sentido de no otorgar a los represores enfermos de más de 70 años y/o con problemas de salud los beneficios de la prisión domiciliaria.
