Santa Rosa, 17 de junio – Días atrás, se conformó un plenario con las comisiones de Asuntos Agrarios, Hacienda y Presupuesto y Legislación General, presididas por Andrea Valderrama, Daniel Lovera y Laura Trapaglia, respectivamente, para tratar una serie de proyectos que tienen como fin modificar la ley de normas para el fraccionamiento de predios rurales.

Fueron invitados, para continuar con el debate del proyecto, dos integrantes de la Sociedad Rural: Juan Cruz Cabral, director del Distrito 5, y Albino Cao, delegado de la entidad rural.

En primer término, Cabral cuestionó la incorporación de un plazo temporal para la aplicación de las modificaciones.

“No estamos de acuerdo con que sea por un período de dos años. Si tenemos que acomodar esto, y asumiendo que este es un tema que va a seguir estando en el tiempo y se va a ir incrementando cada vez más, creemos que ponerle temporalidad no tiene sentido en este artículo de la ley que se quiere cambiar”, sostuvo.

Por otra parte, señaló que la entidad coincide con la necesidad de actualizar los parámetros de las unidades económicas rurales.

“Sí estamos de acuerdo en que tiene que haber una readecuación de las unidades económicas en tamaño. Quizás las 200 hectáreas que están proponiendo para el norte, las 240 para Catriló, 320, 400 y sucesivamente, con un fundamento técnico, pueden ser posibles de acá a futuro”, afirmó.

No obstante, aclaró que cualquier modificación debería establecer superficies mínimas.

“Creemos que tiene que estar legislado con mínimos, como toman otras provincias, como Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires. Estamos de acuerdo en que se le ponga una cantidad mínima de hectáreas”, expresó.

Asimismo, Cabral manifestó su conformidad con que las excepciones previstas alcancen únicamente a las partidas preexistentes y a aquellas que se encuentren alcanzadas por sucesiones indivisas.

“Estamos de acuerdo en que sea para las partidas ya preexistentes y, a su vez, para las que entren en sucesiones indivisas”, indicó.

Respecto de la infraestructura vial rural, sostuvo que la entidad acompaña la prohibición de generar nuevos caminos vecinales a partir de futuros fraccionamientos.

“También estamos de acuerdo en que no se permita, para las nuevas unidades económicas, la apertura de calles o más caminos vecinales. Tiene que haber un camino preexistente y la partida tendría que tener una salida o una servidumbre de paso dentro de la unidad productiva”, explicó.

Durante su exposición, el representante rural también cuestionó algunos de los fundamentos vinculados al aumento de la productividad agropecuaria utilizados para respaldar las modificaciones legislativas.

“Es verdad que se aumentó la productividad, pero para nosotros eso no implica que el resultado de la explotación económica sea mayor del que era antes. Quizás antes se producían 2.500 kilos de maíz y era más rentable que los 5.000 kilos que producimos ahora”, ejemplificó.

En ese sentido, consideró que existen variables que requieren un análisis más profundo.

“Se dice que hoy se siembran 700.000 hectáreas de maíz. Bueno, habría que ver por qué, cómo se está produciendo y si las partidas que tienen menor cantidad de hectáreas, o que ya no son unidades económicas, están en manos de otros arrendatarios. Ahí hay bastante para indagar”, señaló.

Por su parte, Albino Cao coincidió en la necesidad de que cualquier modificación legislativa tenga una mirada de largo plazo y advirtió que las dificultades vinculadas a los condominios rurales continuarán existiendo más allá de la reforma propuesta.

“El problema actual de los condóminos va a seguir existiendo porque existe el Código Civil y Comercial. El problema va a estar. Hay que legislar no para una situación puntual que estamos viviendo hoy, sino para los próximos 20 años”, sostuvo.

En ese sentido, manifestó su desacuerdo con la incorporación de plazos temporales dentro de la norma.

“El tema de la temporalidad no funcionaría”, afirmó.

Cao también expresó reparos respecto de aquellos mecanismos que deleguen la autorización de excepciones en una comisión u organismo de evaluación, al considerar que podrían generar “decisiones discrecionales”.

“Creemos que, dejando al libre albedrío de una comisión la posibilidad de habilitar una partida en función de determinadas características, se generan subjetividades”, señaló.

Para ejemplificar su planteo, describió situaciones en las que distintos propietarios podrían presentar proyectos diferentes sobre una misma superficie. “Puede venir una persona y decir que quiere una partida porque va a instalar un feedlot en un campo de 50 hectáreas. Y puede venir otra y decir que no quiere instalarlo, pero sí quiere tener la posibilidad de venderlo para ese fin. Ahí va a existir una subjetividad de quien evalúe el proyecto”, explicó.

Según indicó, ese tipo de mecanismos podría afectar el principio de igualdad ante la ley.

“No necesariamente estaríamos en igualdad de condiciones si la decisión depende de la evaluación de una persona y no de criterios objetivos establecidos por la norma”, sostuvo.

Por ello, propuso que la legislación defina de “manera clara” superficies mínimas para las unidades económicas rurales.

“Lo que tenemos que tratar de hacer es limitar la arbitrariedad y establecer números de hectáreas mínimas. Si en el futuro aumenta la productividad o cambian las condiciones, será la propia Cámara la que podrá modificar esos parámetros”, afirmó.

En tanto, Federico Ortiz defendió la iniciativa impulsada junto a la diputada Carolina Giussi y explicó que la propuesta busca brindar “una solución concreta” a quienes actualmente se encuentran en situación de condominio rural, sin alterar el régimen general vigente.

“En realidad sigue la misma normativa, pero le damos la posibilidad, en nuestro caso por cinco o diez años, a aquellos que hoy se encuentran en una situación de condominio rural de que, si así lo desean, puedan partirse en especie esos condominios que hoy no se pueden dividir porque son inferiores a lo que establece la unidad económica agraria en cada región”, explicó.

Para el legislador, esta situación demuestra que “la ley no refleja la realidad que hoy tenemos” y que, además, ha derivado en una gran cantidad de condominios rurales que generan dificultades para la actividad productiva.

Durante su exposición, Ortiz repasó experiencias internacionales y destacó que, si bien la mayoría de los países procura preservar las unidades económicas agrarias, existen diferencias sustanciales respecto del tratamiento de los condominios.

“La diferencia es que en esos lugares no se generan los condominios tal como los conocemos en Argentina. Son figuras más parecidas a sociedades y no producen los inconvenientes que generan los condominios rurales en nuestro país”, explicó.

En ese marco, afirmó que el régimen actual puede generar situaciones injustas para los productores.

“Siempre ponemos el ejemplo de aquel productor que está trabajando un campo y uno de los condóminos pide la división. Si no puede comprar la parte restante, tiene que salir del campo y pierde todo lo que venía desarrollando. Eso ha pasado muchas veces”, sostuvo.

Asimismo, advirtió que la figura también desalienta las inversiones de largo plazo.

“Es muy difícil que alguien invierta sobre porciones ideales cuando no sabe cuál va a ser la propia. Por eso generalmente se hacen solamente las inversiones mínimas indispensables para funcionar”, indicó.

Ortiz cuestionó además el concepto tradicional de unidad económica agraria utilizado por la legislación vigente, al considerar que responde a una realidad productiva y social que ha cambiado significativamente.

“Ese concepto analizaba el régimen de lluvias, las características del suelo y las actividades típicas de una zona para determinar una explotación sustentable para una familia. Pero ni el campo es lo que era antes ni la familia es lo que era antes. Creemos que esos parámetros han quedado muy rezagados en el tiempo”, afirmó.

Respecto de los planteos vinculados a una eventual proliferación de minifundios, señaló que los antecedentes observados en otras provincias no muestran ese comportamiento.

“Vemos experiencias en Córdoba, San Luis y Buenos Aires y eso no ha ocurrido”, indicó.

No obstante, aclaró que la iniciativa contempla la posibilidad de establecer una superficie mínima por debajo de la cual no pueda realizarse el fraccionamiento, o bien que requiera estudios agroeconómicos específicos para casos excepcionales.

Finalmente, destacó la propuesta de crear un observatorio que acompañe la implementación de la ley y permita avanzar hacia una revisión integral del concepto de unidad económica agraria.

“Mientras la ley esté vigente, el observatorio no solo va a monitorear cómo se ejecuta y resolver situaciones que puedan surgir, sino que también permitirá estudiar y redefinir, con criterios mucho más actuales y tomando experiencias de otros países, una nueva unidad económica agraria para La Pampa”, finalizó.

Hipólito Altolaguirre defendió la necesidad de avanzar con una solución legislativa para los conflictos derivados de los condominios rurales, aunque remarcó que el objetivo de fondo debe ser una reforma integral de la Ley 468.

“El desafío es modificar la Ley 468 de forma integral, donde tienen que estar todas las condiciones de la ley, porque tiene que estar la unidad económica o tendremos que cambiar el modelo de provincia en ese sentido”, sostuvo.

No obstante, consideró que la herramienta actualmente en debate puede representar una respuesta concreta para numerosos casos existentes. En ese sentido, defendió la incorporación de un régimen excepcional y transitorio.

“No hay duda de algo: este régimen excepcional va a tener un plazo. Ese plazo va a ser una condición para nosotros, los legisladores, para dictar una nueva ley o modificar la actual”, afirmó.

El legislador señaló que los proyectos contemplan mecanismos claros para garantizar el acceso a las parcelas que eventualmente puedan surgir de los procesos de división.

“Está claro cómo se va a acceder a estos lugares: a través de rutas nacionales, provinciales, la red terciaria o, en su defecto, mediante servidumbres de paso entre privados, como ocurre en muchísimos casos”, explicó.

Asimismo, remarcó que cualquier modificación deberá respetar el resto del marco normativo vigente.

“Tenemos en claro que hay que respetar las otras leyes. La Ley de Bosques, por ejemplo. Uno puede estar o no de acuerdo, pero está vigente y hay que respetarla. Lo mismo ocurre con la autonomía de los municipios establecida por las distintas legislaciones”, indicó.

Altolaguirre destacó además los puntos de coincidencia surgidos durante el debate legislativo y valoró los aportes realizados por las entidades vinculadas al sector.

“Comparto lo que decía Juan Cruz: más allá de algunas diferencias de redacción, los distintos proyectos terminan reflejando muchas de las cuestiones que hemos ido plasmando entre todos”, señaló.

Para el diputado, la prioridad debe ser brindar respuestas a una problemática que afecta a una gran cantidad de propietarios rurales en toda la provincia.

“Creo que es fundamental solucionar el problema a miles de pampeanos, porque son miles de pampeanos los que están atravesando esta situación”, sostuvo.

En esa línea, explicó que inicialmente consideraba que la problemática estaba concentrada en las zonas agrícolas, pero que el análisis posterior mostró una realidad mucho más amplia.

“Con el correr del tiempo empezamos a ver que en toda la provincia hay conflictos vinculados a esta cuestión”, afirmó.

Respecto de las observaciones planteadas durante la reunión, Altolaguirre sostuvo que la iniciativa no busca resolver todos los problemas vinculados al régimen de propiedad rural, sino ofrecer una herramienta para situaciones concretas.

“No estamos modificando la ley de fondo. Sí es responsabilidad nuestra hacerlo más adelante, pero hoy tenemos la oportunidad de avanzar en una solución para muchos casos”, expresó.

Finalmente, consideró que el proceso podría incluso favorecer futuras unificaciones productivas.

“A veces un hermano no puede comprarle la parte al otro, pero sí puede hacerlo un vecino. Y ese vecino probablemente quiera unificar las partidas para hacer más eficiente la explotación”, explicó.

“Creo que esto es el inicio de una solución a un problema de más de 40 años. Entiendo perfectamente cuál es el eje de la solución que va a salir de esta Legislatura y seguiremos escuchando todas las opiniones para construirla de la mejor manera posible”, concluyó.