El Congreso nacional analiza un proyecto de Ley de Modernización Laboral que propone una reforma integral de la Ley de Contrato de Trabajo con el objetivo de actualizar el régimen laboral, reducir la litigiosidad y adaptar las relaciones de empleo a nuevas modalidades productivas, sin modificar formalmente el esquema indemnizatorio vigente. La iniciativa introduce cambios en definiciones clave del vínculo laboral, como el contrato de trabajo, la relación de dependencia y la presunción laboral, estableciendo límites más precisos para diferenciar el empleo registrado de las contrataciones independientes, profesionales y de plataformas tecnológicas. En ese marco, se refuerza el principio de irrenunciabilidad de derechos, pero se acotan las interpretaciones extensivas de convenios colectivos .Uno de los ejes centrales del proyecto es la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un sistema financiado por aportes mensuales del empleador equivalente al 3 % de la remuneración, destinado a coadyuvar al pago de indemnizaciones y obligaciones por extinción del vínculo laboral, sin reemplazar el régimen indemnizatorio actual. El fondo será administrado por entidades habilitadas y no genera responsabilidad alguna para el Estado Nacional .El texto también habilita mayor flexibilidad en la organización de la jornada laboral, incorporando herramientas como el banco de horas, los francos compensatorios y acuerdos de compensación de horas extras, siempre bajo el principio de voluntariedad y respetando los descansos mínimos legales. Además, actualiza el régimen de trabajo a tiempo parcial, contratos eventuales y contratos por equipo. En materia salarial, redefine los beneficios sociales no remunerativos, amplía las posibilidades de componentes retributivos variables y establece el pago obligatorio de salarios a través del sistema bancario o plataformas habilitadas, junto con la digitalización de recibos y registros laborales , la iniciativa introduce modificaciones en el régimen de despidos, preavisos, renuncias y actualizaciones de créditos laborales, fijando criterios de actualización vinculados al Índice de Precios al Consumidor y tasas de interés acotadas, con el propósito de dar previsibilidad económica a empleadores y trabajadores y ordenar los procesos judiciales laborales en trámite