Facundo Cubas se llama .El gobierno macrista lo designó hace un año. En ese período, procesó y metió preso a un militante opositor por tirar huevos, prohibió que la prensa trabajara en las elecciones e intervino sugestivamente en una denuncia penal-mediática-electoral, lo que le costó un reto de sus superiores.

El juez federal subrogante de Santa Rosa, Facundo Cubas, renunció al cargo. Lo hizo después de severos cuestionamientos que recibió a partir de dos causas de altísima impacto público: la detención del profesor Aníbal Prina porque supuestamente tiró huevos en una protesta y la intervención en el caso de las urnas de La Maruja, que le costó un duro reproche de organismos superiores.

Cubas estaba jubilado y había sido designado en el cargo a partir de que el macrismo tomó el poder político de las designaciones: antes ubicó a otros magistrados (Luis Salas fue su antecesor) que también duraron poco tiempo en el ejercicio de la tarea.

El propio magistrado confirmó su dimisión en declaraciones públicas y argumentó razones personales para alejarse del cargo.

El abogado aclaró que no recibió presiones de la Casa Rosada y ratificó que formalizó su renuncia ante la Presidencia del Consejo de la Magistratura de la Nación.

Otra de las medidas que permitirán que su breve paso por el Juzgado sea recordado fue la decisión de prohibir que el periodismo esté presente durante el escrutinio provisorio en los establecimientos escolares: el juez dispuso, de manera repentina e inconsulta, ese impedimento, que le costó críticas de las organizaciones que agrupan a trabajadores de Prensa.

El Juzgado Federal de Santa Rosa es un organismo que, en la práctica, viene acéfalo desde hace largos años: se hacen cargo jueces de manera temporaria. Cubas no era la excepción en ese caso.

Respecto de la situación de Prina, insistió que pese a las declaraciones públicas que hicieron funcionarios macristas orientando la “investigación”, nadie le indicó cómo tenía que proceder: “tengo la tranquilidad de haber actuado correctamente. Nunca recibí ninguna presión, nadie me llamó ni tuve la necesidad de recurrir a nadie. Todo pasó con normalidad”.

“Me voy contento por este tiempo que me tocó compartir con la gente del Tibunal -dijo Cubas al diario La Arena- que es muy eficiente, buena, trabajamos muy cómodos realmente, siempre con el mejor trato”.

“Uno no puede estar eligiendo en qué causas actuar, no me afectaron de ninguna forma porque siempre trabajo pensando en que hago lo que corresponde. No estoy acá para dejar contento a nadie, sino para brindar el servicio de justicia”, agregó el juez.

Cubas había quedado las últimas semanas bajo la lupa, a partir de su sugestiva intervención en el episodio electoral de La Maruja: en ese caso, dirigentes de Cambiemos denunciaron, aunque fuera de los plazos previstos, supuestas irregularidades en cuatro urnas de la localidad.

Desde el punto de vista electoral el caso quedó en la nada, pero Cambiemos impulsó también una denuncia penal-mediática que hasta le permitió llegar a la Corte Suprema de Justicia. En ese proceso, y ante el reclamo de la apertura de urnas, Cubas rechazó como parte de la Junta Electoral un planteo de la fuerza macrista. Pero como al mismo tiempo, en lugar de excusarse, intervino en el mismo caso pero desde el fuero penal recibió un reto de la Cámara Nacional Electoral (CNE).

El organismo superior sugirió incluso que se estudiara si le podía corresponder alguna sanción.

Un viejo caso que lo dejó mal parado

Antes de todo eso, Cubas tenía sobre sus espaldas un caso que es una verdadera mochila en su trayectoria: su actuación en una causa por el homicidio de dos niños lo deja mal parado. La intervención del magistrado permitió que los cuerpos se enterraran como NN y que los policías que intervinieron encontraran impunidad.

Cuando por orden de una cámara fue apartado de la causa, el juez Ramos Padilla criticó las numerosas negligencias de parte del Juzgado de Cubas a la hora de investigar y valorar las distintas pruebas. Calificó la sentencia como un “fracaso” de parte del Poder Judicial. Después, Cubas se jubiló.

La historia data del 8 de julio del 2009, el día en que los dos chicos fueron vistos por última vez con vida. Aparecieron más de dos meses después muertos. Kiki, enterrado en Chacarita como NN, y Ezequiel en la morgue judicial.

Vivían en la villa 20, de Lugano, y en ese entonces Kiki tenía 17 años, y Ezequiel tenía 25. Como muchos pibes, sufrían constante hostigamiento y amedrentamientos por parte de la policía; en este caso, los efectivos de las comisarías 12 y 52. La policía fue clara: “Cuídelo a Kiki. Le puede pasar algo malo. Si no somos nosotros, son los narcos”, le dijo el oficial Chávez a su madre Angélica Urquiza, en febrero del 2009. Dos semanas después lo levantaron en la calle y lo desfiguraron, contó la historia en en Laizquierdadiario Mariano Alvarellos Diez, estudiante de Derecho de la UBA.

Los chicos aparecieron muertos y con una causa judicial en la que supuestamente ellos habrían intentado robarle la camioneta al oficial Daniel Santiago Veyga. Pero otra historia ha sido silenciada: Ezequiel Blanco apareció con dos tiros en el entrecejo, estaba en el asiento de atrás de la camioneta. Kiki agonizó más de una hora con un disparo en la garganta. Mientras agonizaba, un grupo de policías lo filmaba y se burlaba de él. “A ver putito, hacé arrancar la camioneta, la concha de tu madre”, le decían.

Causa armada

Facundo Cubas, a cargo del Juzgado de Instrucción N° 49, dio la orden de inhumar los cadáveres, no dio importancia a que las armas que habían plantado a los jóvenes no habían sido disparadas, mientras el arma reglamentaria de Veyga había disparado tres veces, señala el artículo.

Además, con la distancia en la que fueron hechos los disparos del agente, es improbable la hipótesis de un enfrentamiento. El oficial ni siquiera fue citado a indagatoria, declaró su versión por escrito, y el juez hizo lugar al argumento de legítima defensa. El mismo juez sobreseyó a Mauricio Macri cuando estaba investigado por los maltratos que practicaba la UCEP en sus desalojos.

Jonathan “Kiki” Lezcano y Ezequiel Blanco son dos de los casi cuatro mil asesinados por gatillo fácil a manos de fuerzas represivas desde el retorno de la democracia en 1983.

Tras varias movilizaciones, las familias Lezcano y Blanco lograron que la Cámara de Casación Penal reabriera la causa, revocando el sobreseimiento de Veyga y separando a Cubas de la causa.

Negligencias

La causa se abrió a juicio y pasó a cargo de Ramos Padilla. Este juez dictó un fallo condenatorio para la Justicia. Criticó las numerosas negligencias de parte del Juzgado de Cubas a la hora de investigar y valorar las distintas pruebas, llegando al punto de calificar la sentencia como un “fracaso” de parte del Poder Judicial.

Sin embargo, sostuvo que tampoco existía prueba suficiente para condenar al policía, y fue nuevamente sobreseído.

Luego la Sala IV de la Cámara de Casación Penal anuló el sobreseimiento. Los tres jueces que la componen denunciaron como “prematuro” el sobreseimiento de Ramos Padilla y en la nueva sentencia indicaron que “no existe certeza ­propia de la etapa- para afirmar que efectivamente corriera peligro la vida de Veyga y que éste no tenía a su alcance medios menos lesivos para repeler la agresión, como ser, por ejemplo, disparar sin apuntar a órganos vitales”.