En 2014, cuando el Gobierno de Cristina Kirchner afianzaba los lazos con el Gigante Asiático, el por entonces candidato opositor le envió una carta al embajador de China en Argentina Yan Wanming en el cual advertía que los acuerdos eran “inconstitucionales”.

En aquella oportunidad, el kirchnerismo acordó un swap de monedas por el equivalente de 11 mil millones de dólares y acuerdos de inversión, como los de las represas Kirchner y Cepernic, en Santa Cruz. El mismo consistía en un trato preferencial para las inversiones chinas en materia energética, industrial y agropecuaria a cambio de financiamiento.

“Consideramos que las actuales conductas del gobierno argentino podrían ser violatorias de la Constitución Nacional y contrarias al más elemental principio de transparencia en el manejo de la cosa pública“, le escribió Macri al embajador en aquel momento.