Este grupo, actualmente en concurso de acreedores, se encuentra en medio de una “enorme crisis financiera”, con el Estado como principal acreedor.

Es una decisión “estratégica” que “favorece para lograr soberanía alimentaria que el país necesita”. De esta manera anunció el presidente Alberto Fernández el rescate del Grupo Vicentín, uno de los conglomerados alimenticios más importantes del país.

La decisión del primer mandatario fue la intervención del grupo empresario y la designación del “experto” Gabriel Delgado al frente de esta intervención.

Delgado es doctor en finanzas y en economía agropecuaria. Se desempeñó como secretario de Agricultura durante la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. La intervención desembarcará a partir de este martes.

Asimismo se enviará un proyecto de ley al Congreso disponiendo la expropiación de la compañía. En el proyecto trabajó el ministro de Desarrollo, Matías Kulfas y la senadora Anabel Sagasti.

Fernández recordó que se trata de una empresa líder en el mercado agropecuario y sostuvo que “el propósito es que continúe y trabajadores tengan continuidad”, como así también que “alrededor de 2600 productores puedan seguir contando con empresa a la que venderle lo que producen”.

El Presidente remarcó que “todos los empleados continuarán en sus puestos”. Se trata de una empresa que tiene 1.300 puestos de trabajo directos y a ello se le debe sumar otro tanto de puestos de trabajo indirecto.

El proyecto de ley de expropiación propondrá que el Estado se haga cargo de todo activo del Grupo Vicentín que se conformará en un fondo fiduciario cuya gestión será encomendada a YPF Agro, “una empresa líder de capitales mixtos”, precisó el primer mandatario.

El jefe de Estado, enfatizó que “queremos rescatar (a Vicentín) en favor de la economía argentina” y particularmente para “mercado de granos y cereales que es un activo muy importante por todo lo que se exporta”.

Pero por sobre todo, el Presidente remarcó que luego de la pandemia la producción de alimentos será de “suma importancia”.

También señaló que el rescate de una empresa de esta magnitud era un reclamo tanto de los productores como del gobierno de la provincia de Santa Fe (donde concentra sus actividades).

Uno de los roles fundamentales que le confiere el Gobierno a esta estatización es que es “muy importante tener una empresa testigo en el mercado de granos como YPF (en el caso de combustibles) que pueda dar señales, pero nada más que eso”, aseveró el jefe de Estado.

El principal acreedor de Vicentin es el Banco de la Nación con 18.300 millones de pesos, también tiene una deuda con Banco Provincia de Buenos Aires por 1.600 millones de pesos y además es deudora del Estado por cifras millonarias.

Ante las posibles críticas al proyecto en el sentido de que podía ser una señal de ir hacia el “modelo de Venezuela”, Fernández aclaró que se trata de “una empresa que iba camino a la quiebra, no es una empresa próspera que se nos ha ocurrido expropiar”. Y agregó que “los santafecinos están muy contentos y los argentinos tenemos que estar muy contentos porque un paso hacia la soberanía alimentaria”.

Por otra parte, desestimó que esta iniciativa tenga el espíritu de la iniciativa de la senadora Vallejos que manifestó que si el Estado se hace cargo de auxiliar a una empresa bien podía tener una participación accionaria.

Repercusiones

Sin embargo, en el mundo empresario esta estatización prendió señales de alerta. Si bien reconocen las severas dificultades de Vicentín, preocupa que avance la participación estatal en momentos en que la crisis amenaza con nuevas quiebras.

También señalan que nace un gran jugador estatal que podría intervenir fuerte en el comercio de granos. Cabe señalar que Vicentín participa con casi el 10% de las ventas agroindustriales y forma parte del reducido grupo de exportadores que comercializan los granos argentinos.

Un empresario petrolero comentó a Ámbito que al tomar YPF Agro el control de Vicentin también se apropia de parte de Renova, que es la principal productora de biodiesel del país y por lo tanto podría manejar el precio de gasoil.

En realidad, el Gobierno tiene todo un plan estratégico que explica la expropiación de esta empresa, según comentan en el mercado.

Por un lado, con la intervención de Vicentin se garantizaría la liquidación de divisas de una significativa parte del mercado de granos. Bajo la tutela estatal evitaría el acopio de cosechas que tienden a presionar al tipo de cambio y más en estos momentos que los dólares son escasos. Se calcula que las principales exportadoras tendrían en este momento acumulados granos en silos bolsa por el equivalente de 9 mil millones de dólares.

También permitirá contar con valores reales de facturación, un tema importante a los efectos de controlar la liquidación del impuesto a las ganancias y los derechos sobre las ventas al exterior de los principales exportadores.

Antecedentes

Vicentin solicitó en febrero pasado la apertura de su concurso preventivo de acreedores. En total, según medios judiciales, la deuda de la compañía asciende a u$s1.350 millones, de los cuales unos 1.000 millones corresponderían a préstamos de los bancos y el resto a empresas del sector agrícola.

En lo que se refiere a la cantidad de acreedores, 1.895 son por compra de granos, 586 de bienes y servicios, 37 financieros, 19 fiscales y aduaneros, 98 accionistas, y tres sociedades vinculadas.