Categoría: Tecnología

Este viernes la Fiscal Micaela Sucurro junto la jefa del Área de Trata de Personas, Belén Pérez Fassi, y el jefe de la División Análisis de las Telecomunicaciones, Temíscoles Torreani, brindaron una conferencia de prensa para dar precisiones sobre el procedimiento.  Sucurro señaló que la operación, denominada Luz de Infancia, “se desarrolló aquí en La Pampa, varias provincias de Argentina y otros países. Las investigaciones se inician entre el Departamento de Seguridad de Estados Unidos y de Brasil, lo que detectan es todo el contenido de explotación sexual infantil que circula por internet. Una vez detectado, en este caso concreto, se detectó la dirección IP de las conexiones desde donde se compartía este material donde en la provincia de La Pampa había un caso en particular”.
“Se detectó un usuario que a través de un programa llamado “eMule” compartió alrededor de 300 videos de material de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes donde se pudo identificar un domicilio en Santa Rosa por medio del IP”, continuó.
En cuanto al trabajo articulado entre Nación y la Policía de La Pampa destacó que “identificamos un domicilio donde estaban estas conexiones IP, se hicieron tareas de investigación donde se determinó que en el lugar vivía más de una persona. Por lo tanto fue distinto a otras provincias donde hubo detenidos porque había mayores elementos o indicios porque era una sola la persona que vivía en el domicilio donde se compartía este material. Acá había dos personas, una ya fue a declarar hoy, la restante va a ir a declarar el día lunes o martes a la Fiscalía y una vez que se les impute este hecho se va a solicitar al Juez la pericia de todos los elementos secuestrados lo que va a permitir determinar si las dos o una sola de ellas es la que tiene la injerencia y participación con este hecho investigado”.
Los procedimientos se realizaron este jueves en la ciudad de Santa Rosa, donde se realizaron allanamientos simultáneos en distintas provincias y países, en el marco de la investigación que estuvo iniciada por el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (United States Department of Homeland Security) y la Secretaría Nacional de Seguridad Pública de Brasil, quienes utilizando un software detectaron información de usuarios que descargan y comparten material con contenido de explotación sexual infantil (Infracción al Art. 128 del Código Penal).
Si bien la Fiscal advirtió que las personas no están detenidas, por el momento están en calidad de imputados, aclaró que “este hecho es encuadrado en el Artículo 128 del Código Penal que tiene que ver con la divulgación y facilitamiento de material de explotación sexual infantil. Eso es lo que se investiga y el delito. La pena más alta es de 3 a 6 años de prisión, si se puede acreditar que la persona divulgó, difundió o compartió todo lo que hace a este tráfico. La tenencia solamente de ese material tiene una pena menor y a su vez esta pena de 3 a 6 años puede ser agravada en el caso de que las víctimas sean menores de 13 años”.  
En tanto, el jefe de la División Análisis de las Telecomunicaciones explicó que “estos programas para poder funcionar tienen la particularidad que uno descarga y a la vez comparte. Son varios usuarios que descargan y comparten un mismo archivo para que una persona la pueda descargar. Cuando hagamos las pericias de todos los elementos electrónicos secuestrados se va a poder determinar eficientemente si la persona solamente compartió o cargó material”.