El acompañamiento de otras provincias impulsó el fallo del Presidente a favor de La Pampa por Portezuelo.

Así consideró el secretario general de la Gobernación, José Vanini, la decisión presidencial de fallar a favor de La Pampa en el tema Portezuelo. El funcionario junto a varios actores principales de la larga lucha pampeana por el reconocimiento de derechos del recurso hídrico, coincidieron en señalar lo acertado de la definición que consolidó las pretensiones de la Provincia en cuanto a renovar un reclamo que lleva varios años de permanencia en diversas instancias.  La Pampa tiene un largo recorrido en la batalla contra la injustificada posición mendocina de no acatar los fallos judiciales respecto a la entrega del mínimo caudal establecido. En ese frente de batalla se compone de diferentes vertientes, todas cobijadas por la bandera que guía el reclamo genuino y que, en el transcurso de los años, fue variando de protagonistas sin perder el norte del tema que ya es cuestión de Estado para pampeanas y pampeanos, esté quien esté al frente del Gobierno.
La tercera visita del presidente Alberto Fernández a La Pampa trajo consigo un condimento que sorprendió a más de uno: el anuncio de apoyo a las pretensiones pampeanas de frenar la megaobra de Portezuelo del Viento hasta tanto se cuente con el impacto ambientan en las provincias condóminas.  En ese contexto el actual secretario general de la Gobernación y ex fiscal de Estado, José Vanini, no dudó en señalar que lo informado por el primer mandatario nacional “marcó un hecho histórico en la defensa de nuestros ríos”.
El funcionario, por años parte de ese frente de batalla, recordó que “desde el año 2016 venimos trabajando en forma conjunta con la Fuchad, la Asamblea de los Ríos, la Universidad de La Pampa y todas las áreas de Gobierno, para frenar los avances de la provincia de Mendoza en la construcción de una obra que generará daños irreversibles para nuestra Provincia”.
Y agregó que se trata de “una obra diseñada hace más de 40 años, que no respeta los usos del río que sostiene Coirco y mucho menos los principios ambientales con rango constitucional.
Fue una lucha que La Pampa comenzó en soledad, pero con el paso del tiempo pudimos exponer y hacer escuchar nuestros fundamentos por el resto de las provincias. Desde lo personal participé en esta defensa desde mi cargo de Fiscal de Estado, abordando con los demás profesionales del organismo los fundamentos y estrategias jurídicas tanto administrativas como judiciales”.

Militancia
Vanini no soslayó que a la par de la estrategia judicial, “hubo un silencioso trabajo de persuasión orientado a fundamentar, más allá de lo legal, la postura que impulsaba La Pampa y acompañaron Rio Negro, Neuquén y Buenos Aires.
Al soporte jurídico sólido que nuestra provincia elaboró, se lo acompañó políticamente con argumentos que, aunque expuestos en los expedientes, requerían de un tratamiento personal que rompiera la fría barrera que imponen los escritos judiciales” señaló.
“La posición de la provincia de La Pampa a lo largo de todos estos años se mantuvo firme y coherente, lo que se reclama no es un capricho sino el cumplimiento de la Constitución y Leyes que nos obligan a prevenir los daños ambientales, siendo el estudio de impacto ambiental sobre toda la cuenca la única forma de poder concretarlo” sostuvo. En otro tramo de la entrevista con la Agencia Provincial de Noticias, el funcionario apuntó que para apuntalar la posición pampeana “siempre tuvimos como punto de partida hacerlo en forma interdisciplinaria con todas las áreas y escuchar a todos los sectores de la sociedad, así fueron parte las asociaciones, las entidades intermedias, la Universidad, los pobladores locales, los pueblos originarios”.
Todo esto fue posible, justificó, “porque esta causa encontró a todos los pampeanos y las pampeanas unidos y militando la defensa de nuestros ríos. La sociedad la hizo suya y defendió estas banderas de manera inclaudicable en todos los ámbitos en que hubo oportunidad.
Mendoza ya nos robó un río, el río Atuel, haber podido frenar este nuevo avance en el despojo de nuestros recursos, esta vez del rio Colorado, me genera como pampeano una gran satisfacción, es una lucha y una victoria que nos pertenece a todos los pampeanos y todas las pampeanas”.
Finalmente destacó que Mendoza mantiene su férrea conducta de apropiación del recurso agua, “notificada del anuncio presidencial refiere que el mismo es un nuevo estudio y que éste responde a una postura caprichosa y demagoga de La Pampa.
Los dirigentes políticos de la vecina provincia, en una postura retrógrada de apropiación y destrucción del ambiente, tachan de hostil la posición de La Pampa respecto a Portezuelo del Viento, ignorando años de despojo, queriendo mantener y perpetrar el manejo unilateral y autoritario sobre el agua”.Es dable resaltar que el laudo presidencial no fue a favor exclusivamente de La Pampa, sino que reivindica el respeto institucional, en tanto lo que la provincia de Mendoza pretendía avasallar las decisiones tomadas dentro del organismo de cuenca creado a tal efecto COIRCO” señaló la actual Fiscal de Estado, Romina Schmidt.
“Todo ello, además, en el entendimiento y reconocimiento que el río Colorado integra una cuenca hídrica indivisible que se extiende más allá de los limites físico políticos que demarcan las provincias. Así, dado nuestro carácter de representantes es nuestra responsabilidad velar por su correcto funcionamiento y para que el cumplimiento de sus fines sea a través de su estatuto y reglamento” agregó.
Por otro lado, dijo Schmidt, “esta resolución implica una muestra de acompañamiento a la lucha que La Pampa mantiene hace décadas para recuperar el derecho al agua que fue apropiado de manera indebida, por la provincia de Mendoza”.
A decir de la funcionaria, se trata de “un reclamo que muchas veces ha sido tildado de absurdo e injustificado, generalmente por desconocimiento del derecho ambiental. Ello además unificándolo al río Atuel, conflicto que generó en la sociedad pampeana desilusión y desesperanza. El agua implica vida, salud, desarrollo económico, social y cultural. Y este interés social superior fue lo que posibilitó que se aunaran los esfuerzos de toda la Provincia. El estudio de impacto ambiental que cita el presidente de la nación no es más que el estudio que requiere tanto la Ley de Ambiente de la Nación como la Ley de Obras Hidráulicas. El presidente, con su anuncio, no hizo más que respetar la Ley y la interprovincialidad de la cuenca, asignando el carácter de Interjurisdiccional y común del recurso humano agua, centrándolo específicamente en la cuenca del Colorado. Dicho ésto no cabe más que confirmar la falacia discursiva de todos los interlocutores de Mendoza, cuando quieren con una presentación extemporánea, reabrir instancias precluídas”.

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