La Pampa pidió paralizar la obra de la represa “El Tambolar” en la provincia de San Juan.

El Tambolar es una obra que atravesó distintas circunstancias. El primer diseño se hizo hace 44 años, pero el armado del proyecto tuvo vaivenes en los venideros 14 años. Bastante tiempo más tarde, en 1985, las gestiones de Raúl Alfonsín, en la Nación y Leopoldo Bravo, en San Juan, le dieron el respaldo para que ese mismo año empezara la obra, algo que a la postre no ocurrió. Como si esto fuera poco, en abril de 1989, el consorcio ítalo-argentino Impregilo Spa entregó al entonces gobernador, Carlos Gómez Centurión, la propuesta de ejecución de la central hidroeléctrica. Pero una vez más, la fragilidad política y económica amedrentó a los empresarios italianos. Recién el gobierno de Cristina Fernández desempolvó el proyecto de hacer otro dique aguas arriba.

Tambolar es el cuarto dique que se planificó sobre las aguas del río San Juan y a lo largo de su historia ha sufrido varios vaivenes. Es el que tendrá la mayor capacidad de embalse de todos y es clave para funcionar como reservorio de agua y en la generación de energía. Pero además será vital para ocupar la mano de obra que quedó libre de la construcción de Punta Negra

El gobernador Sergio Ziliotto planteó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a través de la Fiscalía de Estado provincial, un nuevo recurso jurídico donde se solicita en forma urgente resolver la medida cautelar pendiente donde se pidió expresamente la detención de las obras de la represa sobre el río San Juan, hasta tanto se determine el impacto ambiental del proyecto.La nueva presentación de la Fiscalía a cargo de Romina Belén Schmidt se activó a partir del conocimiento de que la provincia cuyana, continúa avanzando con la construcción de la obra “Multipropósito El Tambolar”. La novedad fue publicada en el sitio oficial del gobierno de San Juan (https://sisanjuan.gob.ar/) , el 18 de abril pasado, dando cuenta del inicio de la primera etapa de construcción del Complejo Hidroeléctrico El Tambolar con el desvío de las aguas del río San Juan, acto que fue presidido por el gobernador Sergio Uñac.

El nuevo hecho, señala La Pampa en su escrito, “produce una clara violación a la Ley de Obras Hidráulicas y a la necesidad de contar con una Evaluación de Impacto Ambiental Regional en toda la cuenca hídrica”.
Tal acontecimiento motivó a que en el día de la fecha, el gobernador Sergio Ziliotto denunciara ante la Corte Suprema los hechos nuevos acontecidos en la obra El Tambolar –avance de la obra- y solicitara se resuelva con carácter urgente la medida cautelar solicitada en el escrito de demanda.
En ese sentido se hizo saber a la Corte que este nuevo hecho, se produce en clara violación a la Constitución, Tratados Internacionales, Ley General de Ambiente, Ley Régimen de Gestión Integral de Aguas, Ley Nacional de Obras Hidráulicas y a la necesidad de contar con una Evaluación de Impacto Ambiental Regional en toda la cuenca hídrica.
Conforme ello se reiteró la necesidad del dictado de la medida cautelar solicitada, en tanto la protección ambiental debe ser preventiva y protectoria, máxime cuando los hechos acreditan que se ignora y atropella derechos protegidos por el plexo constitucional, disponiéndose de manera inconsulta y unilateral de un recurso compartido, cercenando el derecho humano al agua de las provincias aguas abajo.
Por ello, La Pampa solicitó a la Corte paralice la obra “El Tambolar” hasta tanto la misma sea revisada bajo parámetros actuales que evalúen y certifiquen que no generará daños ambientales irreparables. Para ello concretamente se solicitó a la Corte que ordene no iniciar y/o suspender los procedimientos y/o trabajos que se estén llevando adelante con el fin de la concreción y puesta en funcionamiento de la obra denominada “Multipropósito El Tambolar” hasta tanto se realice una Evaluación de Impacto Ambiental sobre toda la Cuenca del sistema Hídrico Desaguadero – Salado – Chadileuvú – Curacó – Colorado, que respete el derecho de información pública y participación ciudadana y sea aprobado o desaprobado, con carácter vinculante, por todas las provincias integrantes de la Cuenca.

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