Con la presencia del gobernador Carlos Verna, la provincia de La Pampa participó el 14/06/2017 en la Corte Suprema de Justicia de la Nación de una Audiencia Pública de Conciliación con Mendoza, en la causa que el Gobierno pampeano inició en 2014 ante el Máximo Tribunal, en el marco del conflicto por las aguas del río Atuel.
Estuvieron presentes, además del gobernador Carlos Verna, los ex mandatarios provinciales Rubén Marín y Oscar Mario Jorge; el secretario de Recursos Hídricos, Javier Schlegel; el ex secretario Néstor Lastiri, la senadora Norma Durango, ministros y funcionarios del Poder Ejecutivo Provincial, diputados provinciales, el secretario de Deportes de la Nación, Carlos Mac Allister; y el escritor Edgar Morisoli, entre otros.
La defensa de La Pampa estuvo a cargo del abogado constitucionalista Gregorio Badeni; el fiscal del Estado, José Vanini; y el propio Verna. En tanto, por Mendoza expusieron el gobernador Alfredo Cornejo, el fiscal de Estado, Fernando Simón; y el abogado Alberto Bianchi.
El reclamo de La Pampa
En la demanda entablada contra Mendoza en la Corte Suprema de Justicia La Pampa reclama “que se declare el daño ambiental” ocasionado por la vecina provincia a partir del uso unilateral y exclusivo del río Atuel.
El fiscal del Estado, José Vanini, sostuvo que La Pampa demanda un “caudal fluvio-ecológico que permita restaurar el medio ambiente en el oeste pampeano”. Dicho caudal mínimo –aseguró- “debería ser de 5 metros cúbicos por segundo”.
Durante la audiencia ambas provincias presentaron sendos videos en los que manifestaron su posición y describieron la actualidad hídrica de cada región .Por parte de La Pampa se mostró el video “Cronica de un robado” y por parte de Mendoza “Mendoza es desierto”
En tanto, la posición de Mendoza remarcó en todo momento la “voluntad de diálogo” pero negó que exista “daño ambiental alguno”.
Conflicto de larga data
La demanda iniciada por La Pampa en 2014 es el segundo reclamo que la provincia lleva al Máximo Tribunal de Justicia. Ya en 1987 la Corte Suprema dispuso la interjurisdiccionalidad del Atuel y exhortó a ambas partes a negociar y celebrar convenios para regular los usos futuros de sus aguas.
El conflicto por las aguas del Atuel se remonta a 1947, cuando se inauguró la represa Los Nihuiles, en San Rafael, con el fin de destinar las aguas del río a la generación de electricidad y el riego.
